Saltillo, Coah.- El alcalde José Ángel Pérez Hernández, caería en complicidad si no sustenta sus señalamientos contra el ex gobernador Enrique Martínez y el ex secretario de Obras Públicas, Jorge Viesca, sobre su presunta responsabilidad penal en el caso del Distribuidor Vial Revolución (DVR), advirtió el gobernador Humberto Moreira.
“Yo le recomendaría al alcalde que se siente a platicar, que podamos revisar con el procurador para ver si tiene elementos y si los oculta tendría complicidad”, dijo.
Moreira comentó que se le hizo extraño que el alcalde de Torreón se haya referido a la investigación del DVR a más de un año y medio de que inició la presente Administración estatal.
“Nunca hubo una preocupación por parte del Ayuntamiento para asegurar que no hubiera más pérdidas humanas en ese distribuidor vial; nunca hubo una preocupación por parte del Ayuntamiento para saber si se cerraba o seguía abierto y ahora, después de esta ausencia de voluntad, de cuidar la vida de sus gobernados en el municipio, porque yo sí la cuidé como gobernador, me extraña que ahora quiera politizar este asunto”.
Moreira consideró que al cuestionar la investigación que la Procuraduría General de Justicia en el Estado hizo sobre la construcción defectuosa del DVR el alcalde pretende “politizar el asunto” y llamar la atención pública.
“Es un plan de vendetas políticas, de ganar espacios en los medios, pero mejor lo hubiera hecho en septiembre porque ahorita estamos de vacaciones y se lee menos el periódico”.
También Eduardo Olmos, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna, calificó de “irresponsable” la postura del alcalde al oponerse a la demolición del DVR hasta que según él, “se tengan a los verdaderos responsables”.
“El presidente municipal litiga en los medios con fines protagónicos cuando lo que debería hacer es hablar directamente con el procurador o con el secretario de la Función Pública para informarse”, afirmó Olmos.
Consideró lamentable que “hasta un año después, al alcalde le interesa conocer los dictámenes técnicos que fueron determinantes en la decisión del Gobierno del Estado para demoler el DVR”.
Por su parte, el alcalde José Ángel Pérez, dijo que pese a la ofensa hacia su persona que profirió el procurador de Justicia en el estado, Jesús Torres Charles, al llamarlo “ignorante” en el caso del DVR, continuará en su postura de exigir justicia porque los ciudadanos están agraviados por el resultado de la investigación que realizó la Procuraduría a la que calificó de “decepcionante”.
José Ángel Pérez dijo que su postura de reclamo no es con fines protagónicos, tampoco es su intención tener una fricción con el gobernador, ni con otros funcionarios estatales, pero la realidad es que “los ciudadanos necesitamos una respuesta más creíble a tantas dudas que hay, porque es evidente que no se hizo justicia y hasta ahora no hay culpables de esa obra mal hecha”, dijo el alcalde.
