El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, enfrenta cargos por graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción que se cometieron durante su Gobierno. (Archivo)
Prófugo de la Justicia durante siete años, el ex presidente de Perú se sentará en el banquillo ante tres magistrados de la Corte Suprema.
El futuro del ex presidente Alberto Fujimori y de la estabilidad política en Perú está en manos de los tres jueces del Tribunal que juzgará a quien gobernó el país andino toda la década de los noventa. Prófugo de la Justicia durante siete años, Fujimori se sentará en el banquillo ante tres magistrados de la Corte Suprema, para rendir cuentas de graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción que se cometieron durante su Gobierno.
Es una oportunidad histórica para que el Poder Judicial demuestre su madurez, ha dicho Francisco Távara, presidente del más alto Tribunal peruano. De momento, todas las miradas y no pocos recelos se concentran en los tres integrantes de Sala Penal Permanente de la Suprema Corte.
César San Martín, de 52 años, preside el Tribunal que juzgará a Fujimori. Es un reconocido penalista con un buen bagaje académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lima. Cuando era juez de primera instancia y cercano a las organizaciones de derechos humanos fue expulsado de la carrera judicial por el Gobierno fujimorista. Pero la vida da muchas vueltas y San Martín trabajó posteriormente como asesor de dos ministros de Justicia de Fujimori. Estampó su firma en documentos que negaban la práctica de la tortura por parte de las Fuerzas de seguridad durante el conflicto armado contra las organizaciones rebeldes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Un informe del Comité Contra la Tortura de la ONU concluyó que dicha práctica era sistemática en Perú en los años de violencia. Fue recusado por los abogados del ex presidente en el juicio del autogolpe de 1991. Es vocal de la Corte Suprema desde 2004.
“Por supuesto que preferiríamos un magistrado que no hubiera tenido nada que ver con la etapa de Fujimori, pero no existe”, admite Ernesto de la Jara, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), una respetada organización que vela por la transparencia en el poder judicial.
Víctor Prado, 52 años, presidió la quinta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima que ve casos de corrupción. Ha trabajado como consultor y experto de la ONU, la OEA y la Comunidad Andina de Naciones en asuntos de “lavado” de dinero, narcotráfico y crimen organizado. “Es un juez que dictó buenas sentencias contra la corrupción y a favor de los derechos humanos, aunque tiene un par de casos polémicos, como un fallo sobre la falsificación de firmas en la época fujimorista, que no calificó de delito”, según el IDL.
A Hugo Príncipe, 57 años, tercer vocal de la Sala Penal Permanente, no se le conoce ninguna sentencia controvertida. En 1985, investigó el caso de Villa Coca, tras la explosión de un laboratorio de cocaína en la casa de Reynaldo Rodríguez, el Padrino, el narcotraficante más poderoso de la época. En el caso estuvieron implicados políticos y altos mandos policiales. En 2003, acogió una denuncia contra una decena de ex funcionarios fujimoristas implicados en un escándalo de uso irregular de ropa donada. “Confiemos en esta Sala, pero tengamos claro que no es una Sala inmaculada, y por lo tanto es clave que los medios de comunicación, las ONG, vigilen atentamente la actuación de los jueces”, reclama el director de IDL.
FISCAL DEL CASO
José Antonio Peláez Bardales es el fiscal del caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta (25 muertos), perpetradas por el grupo paramilitar Colina, creado en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). El papel del fiscal es determinante en el juicio por homicidio calificado y lesiones, destacan las fuentes consultadas, mientras que la parte civil (abogados de organizaciones humanitarias) acompaña y refuerza. Peláez Bardales genera temores en círculos judiciales porque acaba de incorporarse a un caso con un expediente complejo y muy voluminoso.
“Si el Ministerio Público es débil, los acompañantes se convierten en actores centrales, y los abogados de las organizaciones de derechos humanos no están muy preparados”, advierte el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, especialista en la materia.
Sobre el fiscal Peláez Bardales, de familia aprista, planean algunos interrogantes, que se despejan cuando se habla de su adjunto, Avelino Guillén, experto en litigios contra Fujimori. Si, como es previsible, los juicios llegan a la fase de apelación, el fiscal en esta segunda fase será Pablo Sánchez, artífice de la acusación contra Fujimori respecto de sus vínculos con el grupo Colina. Sánchez aportó testimonios y evidencias de que el ex presidente conocía perfectamente a los cabecillas de ese “escuadrón de la muerte”, porque antes de los asesinatos los había condecorado y ascendido de grado. “Nosotros sabemos dónde está cada uno. Sabemos qué jueces absolverían a Fujimori y quiénes lo condenarían. Los primeros se amparan en una supuesta postura ‘garantista’, que cuestiona todas las pruebas presentadas -cintas de video, grabaciones, declaraciones- para lograr la absolución del acusado”, opina el ex procurador anti corrupción Ronald Gamarra. “Puede haber errores en algunas pruebas, pero, felizmente, quienes integrarán la Sala de primera instancia, al menos dos de tres, son buenos profesionales y merecen un voto de confianza”.
El periodista Gustavo Gorriti, actor en uno de los casos contra Fujimori, escribía recientemente que el sistema anticorrupción, que se creó en 2000 tras la caída del régimen autoritario, camina hacia la agonía, porque “los casos de impunidad son cada vez más frecuentes y mayores”. Y citaba un elocuente informe de Justicia Viva sobre seis años del sistema anticorrupción: “Hay alrededor de mil 750 procesados en cerca de 250 procesos. Sin embargo, sólo hay 87 condenados y 40 sentencias firmes”.
