El Instituto Federal Electoral (IFE) invirtió dos millones 875 mil pesos en la contratación de un despacho jurídico para promover la controversia constitucional contra el recorte a su presupuesto de 2007 que decidió la Cámara de Diputados.
En la sección de transparencia de la página de Internet del IFE, existe un apartado en el que se dan a conocer los montos y condiciones de las contrataciones que efectuó el organismo electoral.
En ese renglón aparece con el número de contrato número 022 la asignación directa a favor de Arturo Fernando Saldívar Lelo de Larrea, con el fin de contar con “servicios profesionales, especialista en derecho”.
De acuerdo con esa página, la adjudicación directa se dio por la autorización del Consejo General del IFE, en su sesión del 8 de febrero de 2007. Aparece como inicio de contrato el 9 de febrero de ese año y se aclara que la vigencia permanecerá abierta.
En dicha sesión se precisó que se pretendía anular un artículo del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, en el que las fracciones del Congreso de la Unión expusieron que el IFE no podría reducir las prerrogativas a los partidos con motivo del recorte presupuestal que sufrió el instituto.
El secretario general ejecutivo del IFE, Manuel López Bernal, señaló que en el instituto no se cuenta con abogados especializados que se hagan cargo de una controversia constitucional y por ello se determinó hacer la contratación.
La víspera, la Corte resolvió que el IFE no tiene facultades para impugnar decisiones de autoridades mediante una controversia constitucional, aunque varios ministros destacaron la importancia de que los órganos autónomos cuenten con medios de defensa por actos que atenten contra su autonomía.
