En 2002 la industria del cine tenía secuestrado su mercado en 30 por ciento por la “piratería” y terminó el sexenio con 80 por ciento, es decir, una pérdida de 50 por ciento, que se comercializa a través del ambulantaje. (El Universal)
Especialistas advierten que mientras el Gobierno centra su lucha en el narco otras modalidades de
la delincuencia organizada crecen considerablemente sin una política de Estado que las contenga.
El Gobierno Federal ha centrado la lucha contra el crimen organizado en el combate al narcotráfico, pero las otras modalidades de la delincuencia organizada han crecido considerablemente en los últimos años sin una política de Estado que las contenga, de acuerdo con especialistas, organizaciones civiles y el sector empresarial.
El sexenio pasado, México perdió la batalla contra las bandas de “piratería” y contrabando de ropa, música, películas y libros, que arrebataron a la industria entre 30 por ciento y 40 por ciento de su mercado, afirmó Fidel López, coordinador jurídico de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV).
En materia de secuestro, el balance es de claroscuros, pues si bien entre 1998 y 2002 se desarticularon las 30 bandas más peligrosas de secuestradores, sus integrantes desarrollaron desde prisión una nueva modalidad de sus actividades: la extorsión telefónica, de la que entre 2001 y 2006 la Agencia Federal de Investigación (AFI) atendió cinco mil 714 casos. Tres mil 752 de ellos ocurrieron en 2005.
Además, de acuerdo con organizaciones como México Unido contra la Delincuencia (MUCD), el secuestro está repuntando en 2007, como resultado de la concentración de esfuerzos de las autoridades en el combate al narcotráfico.
La trata y el tráfico de personas, ilícitos de los que sólo hay cifras parciales, también registraron un incremento en la última década, debido, por un lado, al aumento de los flujos migratorios a Estados Unidos, que colocan a los emigrantes en el riesgo de caer en poder de las redes delictivas.
Por otra parte, el endurecimiento de los controles migratorios en la frontera norte obligan a los emigrantes a recurrir con más frecuencia a los “polleros”, que están vinculados en muchas ocasiones con redes de trata, de acuerdo con Karina Arias, coordinadora de Promoción y vinculación de la organización Sin Fronteras.
Las autoridades mexicanas han identificado 126 bandas dedicadas a la trata de personas, pero no hay estadísticas sobre investigaciones, aprehensiones, enjuiciamientos o sentencias, principalmente porque esta práctica no está tipificada como delito y se persigue bajo otras figuras, como secuestro y lenocinio, entre otras.
En 2005, México reportó juicios criminales por ofensas relacionadas con la trata de personas en mil 336 casos (57 a nivel federal y mil 279 a nivel estatal) y sentencias en 531 casos, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En su informe 2006 sobre trata de personas, la institución considera que la información proporcionada por México “fue difícil de analizar y el número de casos que involucra el tráfico de personas no es claro”. Consideró, por ello, que el país no cumple los estándares internacionales mínimos para eliminar esa práctica.
“El Gobierno actual está muy enfocado al combate del narcotráfico, a pesar que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de armas y el narcotráfico, pero el principal problema es que no hay una legislación sobre el tema”, considera Karina Arias.
Destaca que, de acuerdo con investigaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, en México la trata y el tráfico de personas es realizado tanto por grupos locales, que operan a través de redes familiares, como por redes de delincuencia organizada trasnacional.
“El problema se ha hecho más visible en los últimos siete años y también creemos que se ha incrementado a raíz del aumento en los flujos migratorios, donde los focos rojos están en una creciente población de adolescentes de entre 12 y 18 años, que cruzan la frontera norte sin compañía y pueden ser víctimas tanto de las redes de tráfico como de las de trata”, alerta.
Sin política de Estado
Gustavo Salas, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) cuestiona que el Gobierno pretenda identificar principalmente al narcotráfico con el crimen organizado.
“Hay un sinnúmero de actividades del crimen organizado que el Estado no atiende, como el tráfico de indocumentados, no sólo el de mexicanos a Estados Unidos, sino de otras nacionalidades que pasan por México; los delitos informáticos, el contrabando, que nunca había tenido niveles tan altos como en los últimos años”, precisa.
Destaca que México ocupa los primeros sitios a nivel mundial en delitos contra los derechos de autor, es decir, “piratería” de ropa, libros, música, películas y que tampoco se investiga ni se ataca eficazmente el “lavado” de dinero.
Asegura que el modelo de combate al narcotráfico tampoco está funcionando, pues el país vive una situación de violencia inusitada, cuya atención requiere de políticas “que no tienen que ver con pistolas y policías y sí con desarrollo social”.
Para Elena Azaola, coordinadora de la Red de Especialistas en Seguridad Pública, la estrategia de combate al crimen organizado es “un plan incompleto”, insuficiente, que ha privilegiado las acciones policiales.
“Sabemos que hay otras actividades ilegales, además del narcotráfico que se han incrementado, tanto por las crisis económicas, que llevan a la gente a colocarse en la informalidad o en la ilegalidad, como por la baja capacidad del Gobierno para perseguir el delito. Falta además la estrategia de prevención social”, sostiene.
En busca de una estrategia
Fidel López, coordinador jurídico de la CNIV, explica que durante la pasada Administración, el Gobierno Federal privilegió las acciones penales contra la “piratería” y el contrabando, en lugar de consolidar una estrategia que atacara el problema a fondo.
“Tuvimos cifras récord de aseguramiento de mercancías ilícitas, pero no de lo que más importa, que es el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sobre todo, la sanción”, destaca.
Como ejemplo, lanza algunas cifras: en 2002, la industria del cine tenía secuestrado su mercado en 30 por ciento por la “piratería” y terminó el sexenio con 80 por ciento, es decir, una pérdida de 50 por ciento, que se comercializa a través del ambulantaje.
Con la música ocurrió algo similar, en 2002 la industria había perdido entre 25 por ciento y 30 por ciento de su mercado, y al finalizar el sexenio había pedido 70 por ciento, mientras la industria del vestido pasó de una pérdida de mercado de 40 por ciento en 2002 a 50 por ciento en 2006, pese a que durante la administración foxista se firmó el Acuerdo Nacional contra la Piratería.
El abogado reconoce que en esta Administración pretende revertir el proceso. El primer paso es la creación de una mesa de trabajo en la que participen los tres niveles de Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y los industriales, para diseñar una política de Estado contra la “piratería” y el contrabando.
