La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que los gobiernos federal, estatal y municipal incurrieron en “irregularidades graves” en el caso de la señora Ernestina Ascencio, de Zongolica, Veracruz, al “entorpecer la justicia” por descuido o impericia, por carencia de capacitación o de recursos materiales, pero también por mala fe y dolo.
Al terminar sus investigaciones, este organismo confirmó que la indígena de 73 años de edad no fue violada por militares sino que murió a consecuencia de una anemia aguda el pasado 26 de febrero. Aclaró que aunque su muerte no está relacionada con ninguna actuación por parte de militares, la base de operaciones que instaló el Ejército en el área de Zongolica fue ilegal, “pues según la regulación castrense, los campamentos deben establecerse lejos de las poblaciones”.
El organismo señaló que, en medio de las especulaciones sobre la muerte de Ascencio, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, solicitó al presidente municipal Javier Pérez que “mantuviera la situación bajo control”.
A cambio, éste le pidió al mandatario estatal construir una carretera, una clínica y una casa para la familia Ascencio, así como donar bicicletas y autobuses. “A todo ello -aseguró la CNDH- accedió el gobernador”.
La recomendación 34/2007 que hará pública hoy el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, señala los servidores públicos María Catalina Rodríguez Rosas, Juan Pablo Mendizábal Pérez e Ignacio Gutiérrez Vázquez, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, como responsables de alterar evidencias y encomendar trámites judiciales a personas ajenas a dicha dependencia.
