Las instalaciones de la ESMA, el símbolo de terror practicado por las Juntas Militares durante la dictadura (1976-1983) en Argentina, es desde el pasado 30 de septiembre un Museo de la Memoria. (Archivo)
Países que sufrieron, como España, la represión de regímenes totalitarios legislan y actúan para eliminar las huellas de esas etapas.
No es un tema resuelto. Chile y Guatemala siguen buscando a sus muertos en fosas, ahora con ayudas del Gobierno. Argentina juzga a los represores. Alemania ha convertido las instalaciones de los congresos del partido nazi en Núremberg en una gran clase sobre el holocausto para escolares. Italia se resiste a derribar algunos símbolos. Sólo en Portugal, las cuentas con el pasado parecen estar saldadas.
CHILE: LA PRESIDENTA ES VÍCTIMA
En Chile, las primeras excavaciones de fosas comunes comenzaron durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), lideradas por la Iglesia Católica. Desde el inicio de la democracia, en 1990, la recuperación de la memoria ha sido una preocupación del Estado. Familiares de 3 mil 195 ejecutados y desaparecidos y de 28 mil 500 torturados reciben compensaciones económicas, pensiones y servicios gratuitos. La presidenta, Michelle Bachelet, también víctima de la dictadura, anunció en agosto que abrirá un nuevo plazo para atender los casos que todavía no han sido denunciados. El Gobierno destinó 101.5 millones de euros en 2006 a indemnizar a las víctimas. Ahora, ultima los planes para la construcción de un Museo de la Memoria en el centro de Santiago.
ARGENTINA: REPRESORES EN EL BANQUILLO
Las instalaciones de la ESMA, el símbolo de terror practicado por las Juntas Militares durante la dictadura (1976-1983), es desde el pasado 30 de septiembre un Museo de la Memoria que deja constancia de la brutal represión ejercida. A su llegada al poder, en abril de 2003, Néstor Kirchner, hizo que el jefe del Ejército en persona descolgara el cuadro del dictador Jorge Videla que seguía colgado en el Colegio Militar. En junio de 2005 la Corte Suprema, renovada por Kirchner, anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final emitidas en la década de los ochenta por el presidente Raúl Alfonsín y permitió que empezaran a juzgarse a varios responsables de torturas y asesinatos, como Miguel Etchecolatz, director de investigaciones de la Policía de Buenos Aires, condenado a cadena perpetua y el sacerdote Christian von Wernich, condenado a la misma pena el pasado martes.
GUATEMALA; BÚSQUEDA SUBVENCIONADA
Monseñor Gerardi, el principal promotor del informe Guatemala, Nunca Más, que denunció 422 masacres de población civil desarmada en la selva guatemalteca, murió asesinado dos días después de presentar el texto públicamente, en 1998.
En 1996, con el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla, grupos de médicos forenses empezaron la exhumación de los cementerios clandestinos, con el único patrocinio de fundaciones humanitarias privadas. Hoy el Estado corre con los gastos de las exhumaciones y empieza a indemnizar a las familias de las víctimas.
ITALIA: PERMANENCIA DE SÍMBOLOS
El 25 de abril de 1945, Milán se liberó de la ocupación alemana y el Comité de Liberación Nacional llamó a la insurrección. El 25 de abril, Fiesta de la Liberación, fue elegido como jornada conmemorativa del fin del fascismo, de la ocupación alemana y de la guerra y de forma aproximativa, del establecimiento de la democracia. La cuestión judía se dejó de lado hasta 2000, cuando el Parlamento instituyó la Jornada de la Memoria del 27 de enero, fecha en que, en 1945, fueron abatidas las rejas de Auschwitz. El reconocimiento de la cooperación italiana con el Holocausto se completó el 23 de noviembre de 2003, cuando Gianfranco Fini, líder de Alianza Nacional, partido heredero del fascismo, declaró en Israel que “el fascismo fue parte del mal absoluto” y las leyes raciales fueron “una infamia”. La tumba de Benito Mussolini se encuentra en un pequeño cementerio rural, pero siguen en pie muchos monumentos fascistas. Uno de los más evidentes, un obelisco junto al Estadio Olímpico de Roma, en el que en letras enormes permanece el nombre del dictador.
ALEMANIA: ANULACIÓN DE JUICIOS
Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial destruyeron los símbolos nazis y los prohibieron inmediatamente. La cuestión más delicada ha sido el derecho. Buena parte del aparato judicial y policial alemán de posguerra provenía del nacionalsocialismo. Las controversias sobre estas continuidades y sobre la vigencia de sus condenas se han resuelto a menudo de mala manera, con arreglo a la frase del político democristiano y antiguo juez de la armada nazi Hans Filbinger: “Lo que entonces era de derecho no puede ahora dejar de serlo”. En 1998, el Parlamento aprobó una Ley que anulaba las sentencias dictadas por el Tribunal Popular o en juicios militares sumarísimos. En 2002 se anularon también las sentencias contra los desertores y los homosexuales. Continúa la discusión sobre las sentencias por “traición a la patria”.
PORTUGAL: SIN TRAUMAS
Portugal actuó deprisa, a pesar de que su dictadura, la de Antonio Oliveira de Salazar, había sido la más longeva de Europa (1932-1974). Tras la Revolución de los Claveles, se cambiaron nombres de calles, se descolgaron placas y retratos... “El país afrontó de una forma extraordinaria el trauma de la guerra colonial; tras integrar a los retornados de África, se empezaron a eliminar los restos de la dictadura. Fue un proceso natural, no hubo grandes traumas ni resistencia de la derecha”, explica el escritor José Saramago. “Se habló y se publicó mucho sobre la lucha antifascista, sobre el campo de concentración de Tarrafal, las cárceles, la represión del Estado Novo. Eso cerró el capítulo de la memoria histórica. No teníamos fosas comunes. Hoy, no hay ambiente ni tendría demasiado sentido imitar la iniciativa española”.
Ley de la Memoria Histórica eliminará símbolos franquistas
Un proyecto de Ley aprobado por el parlamento eliminará las estatuas, nombres de las calles y otros símbolos relacionados con el general Francisco Franco y la dictadura que encabezó durante casi 40 años, anunció ayer el gobernante Partido Socialista.
El proyecto de Ley de la Memoria Histórica afectará igualmente a la Iglesia Católica, ya que el Gobierno aceptó una moción de la coalición comunista Izquierda Unida que obliga a los ayuntamientos, organismos públicos, autoridades autonómicas y personas privadas a retirar los símbolos franquistas. De no hacerlo, perderían las subvenciones que reciban. En su primera redacción, el proyecto sólo obligaba a las instituciones estatales a retirar esos símbolos.
En España hay iglesias católicas que cuentan con placas con el nombre de sus feligreses “caídos por Dios y por España” durante la guerra civil.
El Gobierno español paga los salarios de los profesores de religión en las escuelas subvencionadas por el Estado y permite, al igual que muchos gobiernos europeos, a los ciudadanos destinar una pequeña parte de sus impuestos personales al sufragio del culto.
El proyecto de Ley debe ser debatido ahora en el parlamento y seguramente será sometido a votación el 30 de octubre en la Cámara de Diputados.
