Hace unos meses, a propósito de los llamados casos Pemexgate y Amigos de Fox, que empezaron a dejar ver lo muy limitado de nuestra democracia electoral, y las consecuentes resoluciones del IFE estableciendo penalidades económica a los partidos infractores, PRI y PAN, señalamos que la sanción monetaria aplicada no era relevante, algo en lo que coincidieron, y lo siguen haciendo, muchos analistas.
Y es que hay quienes consideran a los propios partidos políticos como auténticos poderes fácticos, y quizá no les falte razón. Veamos. Estos, son quiénes autorizan la legislación electoral, por tanto, son quienes se determinan las partidas más altas para solventar sus “necesidades”, es decir, darle la vuelta a las penas económicas establecidas por el arbitro.
O en su defecto, pueden evitar que se les reduzcan las partidas presupuestales como en el ejercicio de este año, cuando se aplicó una reducción al gasto electoral y los legisladores decretaron que éste se hiciera al IFE, pero los dineros de los partidos se mantuvieron intocables.
De suyo el dinero dedicado a la política, al IFE y a los partidos, ya es algo que escandaliza a la sociedad, pero ahora con los recientes informes de la autoridad electoral la consideración anterior queda comprobada. De acuerdo con esta información, en la campaña electoral se emitieron 755 mil spots, desde luego, de ataques, contraataques, y de demagogia, pero raramente con lo que le interesaba a la ciudadanía: debates razonados y propositivos.
Esta campaña spotera costo más de 2 mil millones de pesos, es decir el 80 por ciento del total del dinero entregado a los partidos para campañas. Pero eso no es todo, el IFE informa que de este total 280 mil spots no están reportados, lo cual quiere decir que son ilegales de acuerdo a la normatividad electoral vigente. Se habla que el importe de estos últimos ascienden a cerca de mil millones de pesos, es decir, un caso que en magnitud y gravedad, ya lo comentamos, va del hombro con el Pemexgate y Amigos de Fox.
Mucho menos de ese tiempo televisivo, menos costoso desde luego, utilizado de manera ordenada y con estrictas reglas, hubiera aportado más a nuestra maltrecha democracia.
Desde luego, una de las varias líneas de sospecha sobre el origen de esos spots es que podrían haber sido obsequios de las cadenas televisivas, que votaron por su candidato. En fin, sería muy interesante ver como están distribuidos estos spots no registrados entre los partidos para seguir jalando la madeja.
Sea como sea, en este punto el asunto de los spots ilegales y la actual controversia por la ley televisa, es donde convergen con el limitado sistema electoral (evidenciando la urgencia de transformarlo) y, en última instancia, con nuestra incipiente y muy maltrecha democracia.
A nuestro juicio, lo que subyace en todo este embrollo es la reiteración de la urgente y auténtica ciudadanización de la política, un tema que recurrentemente está en la mesa de la agenda nacional, pero que la clase política relega lo más pronto posible, y que desde luego no aparece en la tan llevada y traída reforma del Estado.
Tengo la impresión que muchos consideran que el sistema de partidos es una fatalidad. Estamos confundiendo representatividad con la figura de los partidos exclusivamente, como si la sociedad no hubiera evolucionado, encontrando otras maneras de representatividad. En fin, habría que reflexionar mucho sobre esta cuestión.
En este sentido viene creciendo, y es deseable que tome fuerza, entre varios grupos de ciudadanos una serie de propuestas, entre las que destaca reglamentar drásticamente el uso de la televisión en las campañas electorales. La idea que la contratación de los espacios televisivos sea una atribución estatal, ejercida a través del IFE, tiene un amplio consenso. Después de todo, los partidos son entidades de interés público. Por otro lado, los medios de comunicación masiva son concesiones del Estado, manejadas caprichosamente por los gobiernos en turno, que pertenecen a la sociedad.
Con todo ello se buscaría disminuir la cantidad de spots insulsos y aumentar la calidad del debate político, de manera equitativa entre todas las fuerzas políticas.
Por la salud de la república, se debe de concluir el largo tránsito de la democracia formal a la democracia electoral y de ésta a una auténtica democracia que sirva a los ciudadanos de a pie y no solamente a los partidos (partidocracia) y a los medios de publicidad masiva. Es decir, no más una democracia secuestrada por los poderes fácticos.
Acabar con la dictadura del spot, con el imperio del spot y otras expresiones del mismo género que se han acuñado para designar las perversidades de nuestro sistema político, son los estandartes de un gran consenso, podría decirse que hasta unanimidad, de no ser por quiénes se oponen a ello debido a la gran rentabilidad que obtienen, es decir, amplias franjas de la clase política y los medios de comunicación. Hay muchas tareas, por la salud de la república.
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