Juan Antonio Guajardo Anzaldúa perdió por primera vez una elección en Río Bravo, Tamaulipas, el once de noviembre pasado. Había sido un candidato triunfador: 2 veces alcalde de la misma ciudad fronteriza, 2 veces diputado federal, una vez más legislador local. Tres días después de su derrota fue entrevistado por Carmen Aristegui en Xew. Denunció que una semana atrás “un grupo de personas armadas con granadas y armas largas rodearon” su oficina de campaña. Dijo que era inexplicable la normalidad con que se movía gente armada en la entidad y que, en cambio, el Ejército se había ausentado el domingo anterior, día de las elecciones. Guajardo atribuyó el hecho a un acuerdo entre el gobernador Eugenio Hernández y el presidente Calderón (cuya elección fue apoyada por el Ejecutivo local, de filiación priista, a instancias de Elba Ester Gordillo).
Guajardo Anzaldúa hizo notar la campaña oficial contra el Ejército: el secretario de Gobierno Antonio Martínez Torres declaró que las Fuerzas Federales nada tenían que hacer en Tamaulipas. En su propio municipio, según dijo, en ese momento gobernado por el PRI, empleados del ayuntamiento protestaron ante el cuartel militar por la presencia de las tropas, como parte de una campaña de desprestigio en su contra denunciada por el propio Ejército.
El candidato del Partido del Trabajo habló también, sin mencionarlo por su nombre, del procurador de justicia, José Guadalupe Herrera Bustamante. Había dicho que los alcaldes que entran en arreglos con el narcotráfico para el financiamiento de sus campañas quedan presos de la delincuencia organizada, que les ordenan hacer nombramientos en los gobiernos municipales. Extendió su razonamiento al gobernador: “pues tampoco manda. Él solamente se dedica a sus negocios, tiene constructoras, obra pública, pero en realidad está pintado. El señor nombra a la gente que le ordena el crimen organizado, como al procurador, a pesar de sus antecedentes, “a menos que esté amenazado o que tenga intereses”.
Salvo que la Procuraduría General de la República haya atraído la investigación, entre otros motivos porque fueron muertos dos miembros de la Agencia Federal de Investigación, el procurador así denunciado, Herrera Bustamante, se ocupará de investigar el crimen colectivo en que perdió la vida, cosido a balazos, su denunciante Guajardo Anzaldúa. Dos semanas después de formuladas esas declaraciones fue asesinado junto a tres de sus colaboradores y dos miembros de la AFI que desde el 8 de noviembre le habían sido asignados para resguardar su seguridad, ya que denunció amenazas de muerte. El jueves por la tarde el grupo fue tiroteado desde dos vehículos en movimiento.
El procurador Herrera Bustamante tiene apenas medio año en el cargo, pero ya ocupó el mismo durante el sexenio de Manuel Cavazos Lerma. A él se refiere la siguiente información: “En su declaración ministerial del 8 de octubre de 1998, Gilberto Salinas Doria, alias ‘El Güero Gil’, afirmó que él envió al entonces procurador de Justicia de Tamaulipas cuarenta mil dólares en 1996 y poco después un reloj Rolex, ‘que no fueron rechazados’. El testigo declaró que hizo llegar los regalos por medio de los comandantes de la PME (Policía Ministerial Estatal) Juan José Muñiz Salinas y Raúl Ruiz Guerra; este último murió poco después de manera extraña, cuando explotó su casa el día 25 de ese mismo mes (Proceso, 9 de septiembre de 2007).
A su vez, el diario El Norte dio a conocer el 15 de septiembre de 1997 los antecedentes penales de Herrera Bustamante. En esa ficha se informó que el entonces y ahora procurador había mentido sobre su edad para acceder al cargo de juez federal. Guajardo Anzaldúa mencionó con sarcasmo ese hecho ante Carmen Aristegui: “tiene un hermano gemelo que es mayor tres años, porque cambió su acta de nacimiento para tener 30 años de edad”. Agregó que Herrera “estuvo preso en el penal de Topo chico, en Nuevo León, por daño en propiedad ajena”.
El asesinato de Guajardo Anzaldúa, y las previas amenazas y hostigamiento que sufrió son parte del violento clima que antecedió y sigue a los comicios de hace dos semanas, clima que una fracción del PAN en aquella entidad juzga creado por la delincuencia política organizada, a la cabeza de la cual coloca al gobernador Hernández. Dos de los aspirantes de ese partido a gobernar sus municipios, Carlos Flores Macías en Ciudad Nuevo Guerrero, y Zenón García, en Mier, renunciaron a ser candidatos, presionados en ese sentido por el crimen organizado. Resistió esa presión el candidato panista en Reynosa, Gerardo Peña Flores, a quien un comando armado “levantó” para pedirle que declinara su aspiración porque ya estaba arreglado que el triunfo fuera para el candidato del PRI. Peña Flores no se retiró de la contienda, pero sus secuestradores resultaron buenos pronosticadores: el priista Óscar Lluebert será el nuevo presidente municipal. Su antecesor, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que pidió licencia en pos de una diputación local, que no alcanzó, acaba de cruzar la frontera, temeroso de que los amagos que ha padecido se concreten en un ataque semejante al que mató a Guajardo Anzaldúa.
Éste había dicho que el proceso electoral “está contaminado por el dinero que sale del robo de gasolina a Pemex, del Gobierno del Estado y de apoyos que, como mínimo, son de origen dudoso”. Tal vez poseía información precisa y el temor de que la revelara ocasionó su muerte. Y tal vez por eso no se castigará a sus asesinos.
