El próximo domingo comenzará una nueva escaramuza en la prolongada guerra entre el sindicato minero y el Grupo México, pues para esa fecha, diez de junio, han sido emplazadas a huelga por violación al contrato colectivo nueve plantas en siete estados de la República, pertenecientes a empresas de ese consorcio, que mantiene abiertos varios frentes contra la agrupación sindical.
El viernes pasado, al cumplirse ciento un años de la huelga de Cananea, tenida como precedente de la Revolución mexicana de 1910, un grupo de sindicalistas realizó una manifestación a las afueras de la Secretaría del Trabajo, donde lanzaron proclamas contra aquel conglomerado industrial y personalmente contra su presidente Germán Larrea Mota Velasco, pues el diferendo laboral ha ido perfilándose como un enfrentamiento entre ese empresario y el dirigente nacional del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia.
Al mismo tiempo se anunció que habían quedado emplazadas a huelga la planta de cobre San Luis, en San Luis Potosí, que sostiene relación laboral con la Sección Cinco del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, Similares y Conexos; la Unidad Charcas de Industrial Minera México (la misma empresa que operaba la mina número ocho de la unidad Pasta de Conchos, destruida el 19 de febrero del año pasado), en la población potosina de ese nombre, que negocia con la sección seis; la unidad Santa Bárbara en Chihuahua, de Minerales Metálicos del Norte, cuyos trabajadores corresponden a la Sección Once; la planta de Nueva Rosita, Coahuila, también de Industrial Minera México, que se relaciona con la Sección 14: la Unidad Taxco de la propia IMMSA, que corresponde a la Sección 17; la planta Electrolítica de Zinc en San Luis Potosí, igualmente de IMMSA y cuyos trabajadores pertenecen a la Sección 28; Mexicana de Cananea en Sonora, cuya Sección es la 65: la Unidad San Martín de Industrial Minera México, en Zacatecas, Sección 201 y Mexicana de Cobre, en Nacozari, Sonora, correspondiente a la Sección 207.
Algunas de esas plantas y empresas han parado ya como resultado del conflicto permanente entre el sindicato y el Grupo México. Por sólo poner un ejemplo, la planta de zinc San Martín mantuvo suspendidas sus labores durante setenta y siete días. En cambio, esas mismas empresas persuadieron a sus trabajadores a no parar el 28 de febrero del año pasado, cuando el sindicato llamó a una suspensión general en la industria minera en la primera reacción del gremio ante la decisión gubernamental de reemplazar a Gómez Urrutia y colocar en su sitio a Elías Morales. Se presume que antes y después del 17 de febrero de 2006, cuando Morales resultó ser secretario general del sindicato, lo ha patrocinado el Grupo de Larrea Mota Velasco.
En clara combinación con la Secretaría del Trabajo, ese grupo industrial y el Villacero, de los hermanos Villarreal buscaron apoyar a Morales y por lo tanto sufrieron un frentazo en abril pasado cuando un Tribunal colegiado emitió una sentencia definitiva, por ello acatada de inmediato por las autoridades laborales, que mandó reponer en su puesto a Gómez Urrutia, que no ha tomado materialmente posesión del mismo. Se mantiene en Vancouver, donde vive desde mediados del año pasado, para evitar ser objeto de las órdenes de aprehensión dictadas por juzgados de Sonora y San Luis Potosí, que le atribuyen haber defraudado a miembros del sindicato que tienen derecho a participar en un fondo de cincuenta y cinco millones de dólares.
En la gestación de ese fondo se engendró también el día con día agravado diferendo entre Gómez Urrutia y Larrea Mota Velasco. Cuando el Grupo México adquirió dos magnas empresas cupríferas, situadas en Cananea y Nacozari, se obligó a entregar el cinco por ciento de las acciones de cada empresa a los trabajadores, a través de su representación sindical. Después de un largo y costoso regateo en los tribunales, apenas en 2004 accedió a ceder los títulos y luego a adquirirlos por aquella cantidad. Fue entregada una cantidad a cada uno de los miembros del sindicato que prestaban servicios en las empresas privatizadas en el momento de esa operación. Pero se ha suscitado la expectativa de que a esa participación tienen derecho otros miembros del sindicato, ahora encabezados como demandantes civiles por Morales.
Luego del golpe de sufrir de nuevo en el liderazgo sindical a Gómez Urrutia, sin interés jurídico en el caso, salvo evitarse molestias que dice se le han inferido, Grupo México entró al asunto de los 55 millones de dólares.
Demandó civilmente a Gómez Urrutia, a otros dirigentes y al banco canadiense Scotiabank por haber disuelto el fideicomiso que administró esos recursos y colocar el remanente no repartido en cuentas del sindicato. Simultáneamente se efectúa una guerra de insultos, de alcances muy desiguales. En la fachada de la sede sindical unas mantas acusan de asesino a Larrea Mota Velasco, por la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos.
En severo contraste, todas las noches en el canal dos se difunden spots ofensivos contra el dirigente minero. Con el rostro velado para que no puedan ser identificados, como si de verdad fueran trabajadores mineros, personas que dicen pertenecer al Sindicato aseguran tener más miedo a Gómez Urrutia que a los riesgos de su trabajo. Como es mala costumbre en la televisión, donde no se pide que alguien se haga responsable de la publicación, como se estila en los medios impresos, la campaña es anónima.
