El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró procedente la solicitud de la Cámara de Diputados para ampliar la investigación en el caso Oaxaca, durante la sesión de ayer en la que estuvieron presentes el ministro Genaro Gongora Pimentel y el ministro Salvador Aguirre Anguiano. (Notimex)
Determinan que Marín violó garantías de Lydia Cacho; piden actuar contra el gobernador y otros 29 funcionarios.
La comisión especial de la Suprema Corte que investigó el Caso Mario Marín, propuso ayer al pleno declarar al gobernador de Puebla y a otros 29 funcionarios responsables de grave violación de garantías contra la escritora Lydia Cacho.
Juan Silva Meza, encargado de la segunda comisión de la Corte que ha investigado el caso, propuso a sus colegas aprobar un dictamen en el que se afirma que existió una conspiración encabezada por Marín para perseguir penalmente a Cacho por solicitud del empresario Kamel Nacif, quien se sintió ofendido por el libro “Los Demonios del Edén”.
Silva propuso declarar que el Congreso de la Unión es competente para actuar respecto de Marín, sin mencionar qué medidas deben tomarse, pues la Corte no tiene facultades para hacer recomendaciones o sugerencias a otras autoridades.
“La vinculación que este alto funcionario de la Federación tiene con los hechos denunciados deriva de que fue él quien propició que se diera una acción concertada entre diversas autoridades y funcionarios”, afirmó Silva, quien tardó 52 minutos en leer un resumen de su dictamen.
Las legislaturas estatales y otras autoridades locales, continuó el ministro, serían responsables de sancionar a los demás funcionarios, que incluyen a los procuradores de Puebla y Quintana Roo, y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del primer estado, así como a la juez que ordenó la aprehensión de Cacho en diciembre de 2005.
La Corte seguirá hoy martes con el análisis del dictamen de Silva.
Está pendiente la opinión de ocho ministros, o de nueve, si se presenta Fernando Franco, que ayer estuvo ausente.
Genaro Góngora, el otro ministro que intervino, fue más allá que Silva e inició su intervención dando lectura a la célebre plática telefónica entre Nacif y Marín, en la que el empresario “agradeció” al gobernador su apoyo para detener a Cacho, con todo y los múltiples insultos que ambos personajes profirieron.
El ministro afirmó después que la prohibición constitucional de intervenir comunicaciones privadas no debe ser aplicable a este tipo de investigaciones de la Corte, por lo que la grabación sí debe tener valor probatorio, algo que ni siquiera Silva propuso.
“¿Cuántos periodistas se abstendrán de publicar hechos como los que denunció Lydia Cacho, cuando ven que han pasado dos años y los protagonistas siguen impunes?”, cuestionó Góngora.
En diciembre de 2005, Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por agentes judiciales que la trasladaron por tierra para cumplir una orden de aprehensión por difamación, librada por una juez de Puebla.
Semanas después fue difundida la conversación de Marín con Nacif, lo que motivó la solicitud del Congreso a la Corte para investigar el caso.
La de ayer fue la quinta sesión aislada en la que este tema fue discutido por los ministros, hecho inusual para la forma de trabajo de la Corte, que rara vez tiene que regresar tantas veces al mismo expediente.
El informe de la primera comisión, integrada por los magistrados de circuito Óscar Vázquez y Emma Meza, fue rechazado en septiembre de 2006 porque no tomó en cuenta la grabación Marín-Nacif, ya que es ilegal.
La segunda comisión, encabezada por Silva con los magistrados Enrique Escobar y Eduardo Alvarado, presentó un primer dictamen ante el Pleno en junio pasado.
Pero los ministros resolvieron que se debía respetar la garantía de audiencia de todos los involucrados, y además que era necesario establecer normas para este tipo de investigaciones, previstas en la Constitución pero carentes de Ley reglamentaria.
Durante septiembre, los funcionarios señalados presentaron alegatos ante la Comisión, que en el nuevo dictamen responde a estos argumentos.
Resuelve Corte ampliar investigación de caso Oaxaca
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ampliar el periodo de las investigaciones sobre las presuntas violaciones graves a derechos humanos en Oaxaca durante el conflicto magisterial que inició el año pasado.
De esta forma, la Comisión Investigadora creada para el caso indagará lo ocurrido entre mayo de 2006 y enero de 2007 como originalmente estaba programando, y ampliará la investigación a los hechos del 16 de julio de 2007 en el cerro del Fortín.
La Cámara de Diputados solicitó al alto tribunal que la Comisión ampliara el periodo de investigaciones en la entidad hasta octubre de este año, pero por una mayoría de seis votos se resolvió que las pesquisas se ampliarían únicamente a lo ocurrido en las inmediaciones del auditorio sede de la Guelaguetza hace cuatro meses.
Los integrantes de la comisión deberán rendir un informe sobre el resultado de sus investigaciones en agosto del próximo año, aunque su dictamen no derivará en obligaciones de ningún tipo para autoridad alguna.
