CD. LERDO, DGO.- La deuda real por solventar en un corto plazo en el Municipio asciende a 33 millones de pesos, más una serie de irregularidades que incluye el desvío de recursos federales y que se aportarán como elementos “para que sea la Auditoría Superior del Estado y el propio Congreso quienes determinen responsabilidades”, dijo el alcalde Carlos Aguilera Andrade.
Con los estados financieros en la mano, el alcalde dijo que se detectó un desvío de recursos federales de 1.6 millones de pesos para obras del Ramo 33 y que se destinaron al gasto corriente. La transferencia estuvo a cargo de la Tesorería Municipal en la pasada Administración.
Aguilera Andrade mostró copias de los cheques expedidos a cuatro ex funcionarios como finiquito, a nombre de Marco Antonio Cárdenas, ex director de Finanzas, por 50 mil pesos; Xóchitl Martínez Ochoa y Alejandra Mena Híjar, de la Dirección de Recursos Humanos por la misma cantidad y del ex director de Obras Públicas, Fernando Eleazar Blanco, por 35 mil pesos.
Los documentos fueron cobrados y se extendieron recibos sin las características propias de los que se expiden con carácter interno, como la firma y el visto bueno del entonces presidente municipal, Antonio Olivas, los encargados del departamento respectivo y dos regidores de cada comisión. Aguilera Andrade aseguró que otros cuatro ex directores también hicieron efectivo el cobro, aunque no dio sus nombres.
A esto se suma el fraude que el empleado de esa misma área, Óscar Sosa, cometió por 870 mil pesos.
Se detectó que a todo el personal de la Dirección de Atención Ciudadana se le asignaron teléfonos celulares que dejaron un adeudo por 228 mil pesos, aunado a que actualmente se encuentran perdidos unos 35 cheques de monto indeterminado.
El alcalde insistió en que el último día de labores, los ex funcionarios se duplicaron el sueldo porque la cifra era de 2.9 millones de pesos a las 11:40 horas del 30 de agosto y a las 22:30 ya era de 5.7 millones.
Rechazó que esta cantidad se haya duplicado por el ahorro de los ex regidores, el que dijo nunca existió porque mediante un manejo contable, se les descontaba y luego se les reembolsaba en el rubro de Previsión Social.
El ex director de Finanzas, Marco Antonio Cárdenas, dijo que los cheques expedidos a nombre suyo y otros siete ex funcionarios, no corresponden a la indemnización a que tienen derecho, sino a una compensación por el fin de la Administración, toda vez que ninguno de los señalados recibía pago de tiempo extra ni compensaciones intermedias.
El otorgamiento de dichas compensaciones, dijo, es facultad de los alcaldes y “nunca las solicitamos”.
Recordó que en la Administración 2001-2004 del priista Luis Fernando González Achem, se destinaron 1.2 millones de pesos que el Gobierno del Estado envió en julio y agosto de 2004 en cuatro partidas, para la liquidación de unos nueve ex funcionarios de primer nivel.
