TORREÓN, COAH.- La demolición del Distribuidor Vial Revolución (DVR) podría darse hasta el año próximo. Y es que para poder acreditar la responsabilidad civil a las empresas participantes en la construcción del complejo vial, aún falta realizar un muestreo de “corazones” de concreto en varias secciones de la estructura y este proceso, así como otros procedimientos administrativos, podrían llevarse entre dos y cuatro meses.
Sin embargo, Ismael Ramos Flores, secretario de la Función Pública, dijo ayer que ya se pueden realizar algunos avances, como la licitación de la demolición por parte de la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna y reservarse la fecha de inicio, hasta que el DVR esté liberado jurídicamente.
Por su parte, Homero Ramos Gloria, secretario general de Gobierno declaró que antes de presentar la demanda civil contra las empresas que participaron en la obra con miras a resarcir los daños causados al erario, debe acreditarse la responsabilidad y eso sólo se puede determinar con bases técnicas de ingeniería como peritajes sobre bitácoras y los muestreos estructurales.
“Este proceso ya inició en la fase documental y seguirá con el muestreo del material utilizado en el DVR, tienen que hacerse ante autoridades judiciales y los peritos deben contratarse en la Ciudad de México y generar una cadena de resguardos de las piezas que serán sometidas a pruebas de laboratorio”.
Ramos Gloria no tiene por ahora una fecha para presentar la demanda civil pero dijo que esta parte del juicio que se sigue para fincar responsabilidades por la construcción del Distribuidor Vial Revolución no puede acelerarse.
El secretario de la Función Pública explica al respecto que “el aseguramiento de la prueba es importante porque abarca muestras de la cimentación, viaductos, columnas y eso no se puede hacer ante notarios públicos y se debe acudir ante el Poder Judicial para que proporcione un perito que atestigüe que las muestras son de ahí y se les tiene que avisar además a las empresas”.
En dos meses podrían tenerse los resultados de estas pruebas para acreditar la responsabilidad de las empresas y entonces la SDRL ya podría proceder a la demolición.
Es un hecho que se va a demoler el DVR y sólo está sujeto al aseguramiento de pruebas de referencia y la posterior presentación de la denuncia civil.
Ramos Flores explicó que en lo referente al renglón administrativo, “nosotros vamos a determinar la responsabilidad administrativa del funcionario o ex funcionario y determinaríamos las acciones de inhabilitación o pago del daño que de no contar con los recursos, mediante una acción de ejecución o de cobro, podría llegar al requerimiento de pago vía embargos de bienes.
