La muerte de Inmaculada Echevarría, que pidió que le retiraran el respirador que la mantenía con vida, vuelve a poner sobre la mesa los límites de lo que es eutanasia.
La muerte de Inmaculada Echevarría, que pidió que le retiraran el respirador que la mantenía con vida, vuelve a poner sobre la mesa los límites de lo que es eutanasia y lo que no lo es. Echevarría, como el tetrapléjico Ramón Sampedro, el pentapléjico Jorge León o Madeleine Z., aquejada de esclerosis, quisieron dar publicidad a su lucha por el derecho a decidir cuándo desaparecer.
RECHAZO AL TRATAMIENTO
Es lo que antes se denominaba “eutanasia pasiva”. Consiste en desistir de mantener con vida a una persona por medios artificiales -respiradores, corazones artificiales- cuando sus posibilidades de recuperación son nulas, sufre una enfermedad incurable o así lo ha pedido.
Todo paciente tiene derecho, tras ser informado, a rechazar cualquier tratamiento en cualquier momento, según La ley de Autonomía del Paciente. Incluso puede renunciar a ser alimentado mediante sonda. También puede dejarlo dicho en su documento de voluntades anticipadas. Es, con la Ley en la mano, el caso de Echevarría.
SEDACIÓN TERMINAL
En este caso, interviene también un médico. El objetivo del tratamiento no es acelerar la muerte, sino aliviar los síntomas de la agonía -ahogos, dolores, vómitos, estertores-.
Prima el bienestar del paciente por encima de los efectos secundarios de la medicación, aunque ésta acorte la vida. Es un procedimiento legal y admitido en la buena práctica médica. Es lo que se está decidiendo si ocurrió en el polémico caso Leganés.
SUICIDIO
Cuando una persona se quita voluntaria y libremente la vida. Es, supuestamente, el caso de Madeleine Z., según los testimonios recogidos: ella se encargó de reunir los medicamentos, los preparó y los tomó por su propia mano.
La excepcionalidad de la situación fue que Madeleine quiso estar acompañada en esos momentos y que recibió asesoramiento sobre qué tomar.
SUICIDIO ASISTIDO
En este caso, es el paciente quien se quita la vida. Se aplica a situaciones en que para llevar adelante la decisión se necesita ayuda de otras personas, que faciliten los medicamentos, el arma o el medio a utilizar para quitarse la vida.
Esta práctica está regulada en Suiza, donde el suicidio está médicamente asistido. En España está castigado ayudar a alguien a quitarse la vida y también inducir a alguien a hacerlo.
El caso de Sampedro entraría en esta categoría: el hombre no podía salir de la cama y alguien tuvo que prepararle el cianuro y acercárselo.
EUTANASIA
Esta definición -“buena muerte” en griego- ha quedado restringida a los casos en que un médico suministra a un paciente terminal un medicamento o una combinación de ellos para acabar con su vida.
Para que no se considere un asesinato, en los países que lo han regulado -Holanda, Bélgica y Oregón, en EU- debe haber constancia de la voluntad firme y mantenida en el tiempo de la persona por no seguir viviendo bajo ciertas circunstancias -dolor insuperable, enfermedad irreversible-.
Un médico ajeno al caso debe certificar que se cumplen estos requisitos. Todos los casos se comunican a un juez por si cree que ha habido algún tipo de irregularidad o presión.
En Holanda están planteando extender el procedimiento a menores, en cuyo caso la decisión la tomarían los padres.
Si una persona está inconsciente, deberá haber dejado por escrito las instrucciones -en un testamento vital o documento de voluntades anticipadas- sobre qué quiere que se haga. Con estos supuestos, ninguno de los casos antes mencionados sería una eutanasia.
Si la ayuda a morir no se presta bajo control médico y legal, se trataría, según la legislación actual, de un caso de homicidio. El caso de Jorge León podría entrar en esta categoría.
Una “mano amiga” le quitó el respirador que le mantenía con vida. León, el caso más parecido al de Echevarría, prefirió morir en su casa.
Condenan a doctora que aplicó eutanasia en Francia
Un Tribunal condenó ayer a un año de prisión sin cumplimiento a una doctora que puso fin a la agonía de una enferma terminal de cáncer y absolvió a la enfermera, al término de un juicio que ha relanzado el debate sobre la eutanasia en Francia.
La doctora Laurence Tramois, de 35 años y la enfermera Chantal Chanel, de 40, estaban acusadas de haber prescrito y administrado, respectivamente, una inyección letal de potasio a una mujer de 65 años, que padecía un cáncer de páncreas en fase terminal, en 2003.
La mujer, con la que la doctora mantenía relaciones de amistad y casi familiares, estaba en coma pero sensible al dolor, agudizado por una obstrucción intestinal particularmente atroz.
La Fiscalía del Tribunal de lo Criminal de Dordogne (suroeste) había pedido dos años de prisión sin cumplimiento contra Tramois, acusada de “complicidad en envenenamiento” y un año igualmente sin cumplimiento para Chanel, imputada por “envenenamiento”.
La condena dictada ayer contra la doctora Tramois no figurará en sus antecedentes penales, por lo que podrá seguir ejerciendo y es la mínima prevista por el código penal para los hechos reprochados.
En su requisitoria, el representante del Ministerio Público había pedido a los miembros del jurado que dictaran la pena “mínima” contra la enfermera y que distinguieran entre las dos acusadas por considerar que la médica era “más responsable”.
La médica aseguró ante la Corte que asumía sus acciones y que era un “acto de amor y respeto” por su paciente, a la vez que lamentó no haber telefoneado la noche de autos a la enfermera para explicarle su prescripción de la inyección.
La familia de la víctima ha mostrado su apoyo a las dos acusadas e incluso llegó a escribir al presidente, Jacques Chirac, para solicitarle que no se abriera ningún proceso contra ellas.
Las asociaciones en favor de la legalización de la eutanasia han aprovechado el juicio para reabrir el debate en Francia, puesto que consideran que es un buen ejemplo de la complicada situación que deben afrontar los médicos que aplican cuidados paliativos a enfermos terminales.
El proceso se abrió unos días después de que dos mil médicos o enfermeros franceses firmaran un manifiesto en el que confesaban haber ayudado a pacientes a morir o estar dispuestos a hacerlo, una iniciativa destinada a pedir la despenalización de la eutanasia en determinados casos.
Según un sondeo de Sofres divulgado ayer, el 87 por ciento de los franceses se declara favorable a que las personas afectadas por enfermedades incurables tengan la posibilidad de pedir “la eutanasia”.
El juicio ha recordado también al del año pasado contra la madre de Vincent Humbert, un tetrapléjico de 22 años que había pedido morir en numerosas ocasiones y que se había convertido en un símbolo de los militantes en favor de la eutanasia.
Tanto la madre de Humbert, que le administró barbitúricos, como el doctor que desconectó el respirador que le mantenía con vida fueron absueltos en una sentencia que fue acogida con júbilo por los pro-eutanasia.
