De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pensamos que algo sabemos, como creemos saber de todo, pero en la realidad ni por los forros la conocemos, ni hemos usado una parte de nuestro tiempo para leer en ella lo que nos pudiera interesar. ?Qué aburrido? dijo en una ocasión cierta persona a quien recomendaba estudiar con atención algún capítulo de nuestra carta magna: ?¿Y en qué termina la novela??, acabó por preguntarme.
Quizás la Constitución de 1917, ahora plagada de reformas hechas por sucesivos gobiernos de este sufrido país, pudiera ser leída como una novela: trabajo prolongado, complejo y no ímprobo; mas para acometerlo habría que tener a la mano la ?Historia Moderna de México? de don Daniel Cossío Villegas o la obra de José C. Valadéz ?Historia del Pueblo de México, o cualquiera otra investigación histórica menos monumental que refleje las realidades sociales, políticas y económicas que motivaron los capítulos matrices de nuestra Ley de Leyes.
La carta constituyente de nuestro sistema jurídico no nació del capricho de un grupo de representantes populares, sino de la cruda realidad nacional: cada capítulo, cada artículo de la Constitución de 1957 y sus leyes secundarias, respondieron a un grupo de objetivas necesidades jurídicas del pueblo mexicano, citadas expresamente, apenas insinuadas o claramente ignoradas en los documentos constitutivos previos, como ?Los Sentimientos de la Nación?, las famosas ?7 Leyes? de inspiración centralista y el primer código político de un país que recién estrenaba su independencia haciendo costosos pinitos en el arte del gobierno: la Constitución Federal de 1824, sobre la cual los liberales puros y los liberales moderados construyeron la posterior en 1857, que a su vez vino a ser el sólido cimiento de la actual aprobada Constitución por el Congreso mexicano entre 1916 y 1917 promulgada por el presidente Venustiano Carranza un día como ayer, hace 90 años.
Los diputados revolucionarios, urgidos de dar obligatoriedad jurídica a las demandas del pueblo que dieron pábulo a la Revolución política de Madero en 1910 y a la jurídica y social de Carranza en 1913, consignaron, primera vez en el mundo, un bloque de garantías sociales junto a las garantías individuales establecidas en la anterior carta magna. Los constitucionalistas han criticado el empalme de lo social con los derechos de la persona, pero aún fuera de toda técnica jurídica ello constituyó un acierto del señor Carranza y del Congreso Constituyente ya que constituía la única manera de garantizar que los subsiguientes gobiernos cumplieran con los compromisos de la Revolución Mexicana en materias vitales como la democracia, la educación, la salud pública, el trabajo, la propiedad de la tierra, los bienes de la Nación, la libertad de cultos y la reiterada separación de la Iglesia y el Estado que siempre debe ser laico.
Igual que el manoseado concepto de federalismo, muchos objetivos quedaron escritos en la Constitución pero no en los hechos. Paso a paso, y así podríamos decir siglo a siglo, se han dado los avances jurídico que nos permitan alcanzar la plenitud de derechos individuales, políticos, sociales y económicos. Ya en ?Los sentimientos de la Nación? el cura José María Morelos y Pavón, postulaba: ?Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. (...) Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian y se señale a cada individuo un cinco por ciento de sus ganancias u otra carga igual de ligera, que no oprima tanto como la alcabala, el estanco, el tributo y otros; pues con esta contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo podría llevarse el peso de la guerra y honorarios de los empleados? ¿Cuántas aspiraciones como éstas tenemos expresadas los mexicanos sin que el Congreso escuche nuestras demandas?...
Una nueva Constitución, postulan los derechistas en la esperanza de que cristalicen sus aspiraciones facciosas; una reforma que acabe con los ricos y libere al pobre de las obligaciones fiscales, reclaman los de la izquierda a pesar de que cargan al erario con erogaciones populistas muy onerosas; leyes que pongan orden en la sociedad y disciplina para cumplirlas, alegan los autoritarios del centro PRI, tradicionales protectores de la opulencia y desordenados dispersores de los recursos. Lo cierto es que ni las reformas parciales, ni la derogación total para hacer una nueva carta magna darán resultado cierto e inmediato. Cumplir las leyes, tales cuales ahora son, aplicando ?constancia y patriotismo? podría ser el mejor camino hacia una solución...
