La posibilidad de una reforma migratoria digna y humana en Estados Unidos se aleja al tiempo que paulatinamente se acerca la elección presidencial.
A estas alturas sólo un milagro podría conciliar las iniciativas de ley presentadas en el Congreso y que lamentablemente ninguna ha logrado el consenso deseado.
Para colmo el conflicto de Irak está convertido en la manzana de la discordia en la política yanqui y por el momento a los políticos no les interesa voltear a ver a doce millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en la Unión Americana.
Y para completar el cuadro la campaña presidencial, en especial la de los pre-candidatos por el partido Demócrata, ha tomado un vigor inusitado cuando todavía falta un año y medio para la elección presidencial del primer martes de noviembre de 2008.
Por ello no fue sorpresa que las marchas del pasado primero de mayo se realizaron con una menguada participación de inmigrantes. En Los Ángeles hubo cerca de 100 mil personas mientras que el año pasado asistieron más de 500 mil marchantes.
Ahí se registró un altercado entre policías que dispararon tiros de goma y gases lacrimógenos en contra de manifestantes en el parque MacArthur, acción que obligó al alcalde Antonio Villaraigosa a ordenar una inmediata investigación de los hechos.
En ciudades como Nueva York, Chicago, Phoenix y San Diego, se repitió la demanda por la legalización de millones de indocumentados y la exigencia por detener la ola de redadas que en las últimas semanas ha dividido a cientos de familias, en especial de origen hispano.
Los activistas que han encabezado durante años estos movimientos sociales están ahora confundidos por el clima que se vive Estados Unidos. Por un lado el presidente George W. Bush propone un programa de legalización, pero por el otro las agencias federales muestran una agresividad impresionante en contra de la población indocumentada.
Las iniciativas legales presentadas, incluyendo la de Bush, son complicadas y a la vez limitadas. Ninguna contempla una amnistía general como ocurrió en la década de los ochenta con la Ley Simpson-Rodino ni tampoco un proceso de legalización económico.
En algunos casos el costo de regularizar a una familia de varios miembros ascendería a los 30 mil dólares y supondría la necesidad de que los padres indocumentados tengan que regresar a su país para tramitar desde allá sus visas de residencia correspondientes.
Por ello las organizaciones pro-inmigrantes han enfocado sus baterías a Washington con la intención de convencer a legislador por legislador de la necesidad de una reforma migratoria. Pero los esfuerzos son dispersos e inefectivos por la carencia de recursos.
En este sentido los gobiernos y partidos mexicanos podrían jugar un papel crucial si decidieran emprender una real y agresiva cruzada a favor de los derechos de inmigrantes.
Hasta el momento hemos escuchado discursos y arengas por doquier por nuestros paisanos como la que hizo la semana pasada en San Diego el ex presidente Vicente Fox.
Pero esfuerzos por un plan de cabildeo serio y organizado no existen ni por parte del Gobierno de Felipe Calderón, quien debe ser el mayor interesado en un acuerdo migratorio.
Lo deseable entonces sería integrar una fundación o instituto que genere recursos y desarrolle una estrategia efectiva para convencer a los legisladores de la necesidad y trascendencia de la reforma a favor de los indocumentados.
Bien podría Fox encabezarla y aprovechar su experiencia y contactos para emprender esta empresa social en lugar de gastar tiempo en retar a su enemigo Hugo Chávez de Venezuela.
Un plan bien organizado y respaldado desde México puede ser la diferencia entre que la reforma se apruebe en los próximos meses o de plano se aplace dos años más.
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