Revisan listas de reclusos para individualizar a los presos extranjeros y deportar a los ilegales.
AP
SANTA ANA, California, EU.-Juan Martínez esperaba regresar a su trabajo como obrero de la construcción después de cumplir una sentencia de un mes por violar las condiciones de libertad condicional por cargos de drogas.
Pero cuando quedó en libertad en la cárcel del condado de Orange, en vez de su madre lo recibieron los agentes de inmigración. Se dispuso deportar al inmigrante ilegal de 23 años con 68 dólares en el bolsillo y un futuro incierto.
"Probablemente no regresaré", dijo sobre la perspectiva de ser enviado a Tijuana. "Si lo hago, seguiré volviendo a la cárcel y no quiero eso".
Martínez es uno de decenas de miles de inmigrantes indocumentados identificados en las prisiones de la nación.
Cada vez más agentes federales revisan las listas de reclusos para individualizar a los presos extranjeros y deportar a los ilegales.
Las autoridades federales también recaban la ayuda de las autoridades locales para controlar a los inmigrantes arrestados.
"Se está tomando conciencia de que los delincuentes extranjeros perjudican a toda la comunidad", afirmó Virginia Kice, una vocera de Inmigración y Aduanas. Dijo que ese organismo "está reestructurándose para intensificar la vigilancia de las cárceles".
Los esfuerzos en el pasado por atrapar a los inmigrantes indocumentados fueron complicados y parciales, ya que las autoridades federales controlaban las listas de presos en algunas cárceles una vez por semana o aun con menor frecuencia. La situación permitía que algunos de los peores transgresores evitaran ser detectados y volvían a las calles después de cumplir sus sentencias.
Los grupos conservadores están satisfechos con la nueva estrategia pero se preocupan de que el énfasis en los controles carcelarios sea más bien una estrategia política que amenace desviar personal y recursos de la tarea de detener a los que cruzan ilegalmente la frontera.
"Esto es algo con lo que todos están de acuerdo pero no ejerce un efecto verdadero sobre el total del flujo inmigratorio", observó Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios sobre Inmigración, un grupo de investigación conservador. "Acalla a los críticos".
Los grupos defensores de los inmigrantes se oponen a esta estrategia. Dicen que los inmigrantes indocumentados podrían dejar de denunciar el abuso infantil o la violencia familiar para proteger a maridos o padres de la deportación. También se preocupan de que personas que hayan sido arrestadas equivocadamente sean deportadas por ese mecanismo.
"Es una práctica que conduce a debilitar o eliminar las libertades civiles, en primer lugar para los inmigrantes", afirmó Nativo López, presidente de la Asociación Política Mexicana-Estadounidense (Mexican American Political Association), con sede en Los Ángeles.
