Si realmente queremos echar adelante nuestro país hacia estadios superiores de desarrollo y así insertarnos entre los importantes jugadores del escenario internacional tenemos que saber conducir nuestros negocios públicos con firme equidad para que los particulares tengan los marcos justos de referencia para normar su propia actuación. Así, trabajando articuladamente iremos construyendo la pujanza nacional sin desperdiciar ni recursos ni tiempo.
Uno de los elementos más importantes con que hay que contar es el de la vida política empezando por el sistema que nos dote de representantes y gobernantes eficientes, honorables y patrióticos. La Democracia tiene tres etapas sucesivas cada una apoyada en la anterior. La primera es la electoral. Sigue luego la participativa y después está la Democracia Social. Nosotros ya habíamos avanzado en la primera fase.
Las elecciones del año 2006 constataron el poder real del voto de un pueblo credencializado, apoyado en un adecuado patrón electoral. Quedaba atrás el largo capítulo de nuestra historia en que las decisiones finales de quienes ganaban los comicios las tenía el titular del Poder Ejecutivo.
Los votos que se emitieron en julio de 2006, y no una decisión personal o una negociación entre fuerzas políticas, determinaron la presidencia de Felipe Calderón. El que el margen de la victoria fuera tan inusitadamente estrecho subrayó que las reglas del juego tenían que respetarse. Todos los candidatos habían dicho que, aunque fuera por un solo voto, respetarían el resultado. El momento llegó y el Tribunal Federal Electoral fue llamado a remachar este simplísimo pero indispensable principio.
Después de tantos años de empeños y luchas de organizaciones de la sociedad civil como la ADESE, el Consejo para la Democracia o Alianza Cívica desde las que literalmente arreamos a los partidos políticos, uno, el septuagenario que se había arraigado al poder, o a los demás para que racionalizasen sus demandas, parecerían en las últimas reformas la cuestión electoral bastante resuelta. Para 2006 teníamos un padrón electoral confiable, credenciales infalsificables con foto, un Instituto ciudadanizado y un Tribunal profesional, ambos éstos despolitizados.
Después de la difícil elección de Calderón estábamos listos para caminar unos pasos más hacia la segunda fase de Democracia, la participativa, donde la ciudadanía siente interés en los asuntos nacionales y despliega su activa participación en las decisiones que afectan a su comunidad.
No fue tan así. La inconformidad de uno de los perdedores de 2006 que se empecinó sin sustento legal en no aceptar la derrota vino a trabar por buena parte del año 2007 la acción de las instituciones de Gobierno especialmente las del Congreso. Afortunadamente un sentido realista ha ido obligando a las fuerzas políticas más negativas a la conciliación a reconformar sus tácticas. Hoy hay un escenario en que los partidos políticos más recalcitrantes dialogan y acuerdan con el Ejecutivo. Hay acuerdos importantes en puerta.
Contra lo anterior, empero, y bajo una falsa túnica de limpieza electoral y como producto de una anunciada revancha afloró un emponzoñado ataque al IFE acusándolo de haber torcido a favor del PAN los resultados de 2006. Una sorprendente alianza entre los tres grandes partidos, PAN, PRI y PRD violó la estructura del Consejo General de IFE la que le había dado neutralidad y prestigio. Los partidos dominantes del Congreso decidieron modificar la Constitución Federal con el propósito principal de destituir al consejero presidente y una proporción de los demás miembros de ese cuerpo directivo ciudadano supuestamente para generar mayor confianza entre los partidos.
Con esta reforma los partidos se han quedado al mando del árbitro electoral institucional. La semana entrante los diputados habrán de elegir entre numerosos candidatos que se han apuntado quienes habrán de sustituir a los tres primeros consejeros que deben abandonar sus cargos anticipadamente a la fecha que el Cofipe disponía.
Se ha perdido la independencia ciudadana del IFE. De ahora en adelante sus consejeros serán nombrados por los parlamentarios quedando sujetos a su influencia directa. El que los partidos políticos sean los que se asignen cuotas para repartirse el Consejo del IFE significa la nulificación de su independencia.
Si antes se tenía la decisión unipersonal del Ejecutivo ahora hemos caído en la negociación de intereses de partidos para conocer cuál de éstos prevalecerá. La resultante actual ha sido el revanchismo de los perdedores. En lo futuro, las tensiones seguirán entre los partidos para ganar posiciones en los aparatos electorales federales y locales.
La partidocracia nada bueno promete para la ecuanimidad electoral. Las reformas mutilaron al IFE que había ganado prestigio mundial por su seriedad y confiabilidad. Quizá una futura reforma reestablezca la independencia perdida. El tiempo que tarde será tiempo perdido. Así no se avanza.
juliofelipefaesler@yahoo.com
