La organización Sin Fronteras advierte que la violencia sexual, sicológica, física y económica que viven las mujeres migrantes se agrava al conjuntarse con el estatus migratorio irregular en el país. (Archivo)
El marco legal migratorio contribuye a que existan diversas formas de maltrato y explotación en contra de extranjeros en México.
Después de 13 años, Dina se cansó de recibir golpes, insultos y amenazas de muerte de su pareja.
Con valor y las huellas del maltrato en su rostro, acudió a la agencia del Ministerio Público para denunciarlo, pero le fue imposible, y regresó a su casa con la cabeza agachada y más asustada que antes.
El agente del Ministerio Público le aclaró que su pareja, como mexicano, estaba en su derecho y que ella, en su calidad de indocumentada, debía regularizar su situación o sería deportada.
Dina, una salvadoreña de 39 años, que ingresó de manera ilegal al país, en 1980, no tuvo más remedio que seguir aguantando.
El 17 de enero de 2001, acudió de nuevo ante el Ministerio Público. Esta vez no le importaron las amenazas, pues quería denunciar un intento de abuso sexual en contra de su hija de 12 años de edad por parte de su propio padre.
Cuando acudió a ratificar la denuncia, ella y sus tres hijos mexicanos fueron trasladados de manera sorpresiva a la Estación Migratoria del Distrito Federal, donde permanecieron durante siete días, en trámites para ser deportados.
Sin Fronteras, una Institución de Asistencia Privada que da asesoría jurídica a los migrantes, supo de su situación y comenzó los trámites para que Dina se regularizara.
Esta organización civil considera que el marco legal migratorio contribuye a que existan diversas formas de maltrato y explotación en contra de extranjeros en México, pues cuando éstos intentan regularizarse, se les da un permiso como dependientes económicos, lo que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
Así, “la violencia sexual, sicológica, física y económica que viven las mujeres migrantes se agrava al conjuntarse con el estatus migratorio irregular en el país”, pues sus parejas mexicanas suelen amenazarlas con que si los denuncian, serán deportadas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) va más allá, pues considera que en muchos casos, los nacionales explotan laboral y sexualmente a sus parejas extranjeras y les retienen sus documentos migratorios, para evitar que acudan ante una instancia de Gobierno a solicitar ayuda. Ésta, señala, es una forma más de trata de personas y se les conoce como matrimonio servil.
El coordinador de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración, Rolando García Alonso, explicó que se está capacitando a los agentes de migración de las estaciones migratorias, para que puedan identificar a las víctimas de este tipo de abusos y explotación y proporcionarles asesoría y protección.
El Artículo 39 de la Ley General de Población establece que “cuando los extranjeros contraigan matrimonio con mexicanos o tengan hijos nacidos en el país, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar su internación o permanencia legal en el mismo”, pero los familiares que son dependientes económicos tienen como condición de admisión mantener dicha dependencia y demostrarla durante cada renovación de la visa.
Esta situación, explicó Sin Fronteras en un análisis, “sujeta al extranjero a requerir el apoyo permanente del cónyuge o pareja, para estar en condición de mantener su legal estancia en el país. Si el cónyuge del cual depende no quiere apoyar al dependiente, este último no podrá renovar su estancia en México”.
Agregó que en estas situaciones, el cónyuge o pareja mexicana amenaza a la extranjera con no apoyarla en la renovación de sus trámites migratorios e incluso con denunciar su situación irregular ante el Instituto Nacional de Migración.
Esta situación se agrava cuando la mujer migrante requiere acceder a la justicia y denunciar alguna agresión, abuso o forma de explotación, pues para poder hacerlo, tiene que acreditar su legal estancia en el país, explicó.
Dina pudo regularizar si situación migratoria y conseguir un permiso para trabajar como empleada doméstica, pero siguió viviendo con su pareja.
En noviembre de 2005, Dina se comunicó a Sin Fronteras por vía telefónica, pero sólo para informar que se había separado de su pareja porque le volvió a pegar. Desde entonces no se sabe nada de ella.
Paula vivió la misma situación. Según el expediente de su caso con el que cuenta Sin Fronteras, Paula es guatemalteca y llegó a México en 1995 sin documentos. Conoció a Leonel, un mexicano con quien vivió durante ocho años en unión libre, en los que procrearon a tres niños, todos ellos con nacionalidad mexicana.
En 1998, le fue otorgada su Forma Migratoria número tres, bajo la calidad de dependiente económico, pero en 2000, cuando debió actualizar sus documentos, su pareja le negó el apoyo, al tiempo que comenzó a ser objeto de violencia física, sicológica, sexual y económica.
Cuando fue al Ministerio Público para denunciarlo, el agente la persuadió para que buscara una conciliación con él, argumentando que no tenía lesiones. Ya con el permiso vencido de migración, fue canalizada al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar para iniciar un proceso de conciliación, pero Leonel se negó, la amenazó con denunciarla ante Migración y le quitó a sus dos hijos mayores.
En 2004, con asesoría legal, Paula pudo renovar su documentación migratoria y obtuvo un permiso para trabajar como empleada doméstica o vendedora de productos.
Ahora Paula trabaja y vive con su hijo menor, pero su ex pareja le restringe las visitas para ver a sus otros dos hijos.
