Recibe el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoita, la petición del juicio conocido como acción de inconstitucionalidad.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anule las reformas mediante las cuales se despenalizó el aborto en la capital del país, por considerar que estas modificaciones atentan contra las garantías que están protegidas por la Constitución.
El jueves, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoita, recibió la petición del juicio, conocido como acción de inconstitucionalidad, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y le turnó el expediente al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien la próxima semana decidirá si admite o no el recurso.
En caso que en el máximo Tribunal del país dé entrada al juicio, esto no suspende la aplicación de las reformas que entraron en vigor el 26 de abril pasado y se podrán seguir practicando abortos en la Ciudad de México, como lo establecen el Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal, hasta en tanto no concluya el juicio, que podría prolongarse un año.
La petición de Soberanes Fernández representa la primera acción de este tipo que promueve el organismo, ya que antes de septiembre de 2006 no contaba con esta facultad, pues fue hasta esa fecha cuando una reforma legal permitió a la CNDH y sus homólogas estatales a impugnar leyes de carácter federal o local, en las que se vulneren las garantías consagradas en la Constitución Política mexicana.
En este caso, el ombudsman solicitó la intervención de la SCJN para analizar sus argumentos sobre la invalidez de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que despenalizaron el aborto en la Ciudad de México durante las primeras 12 semanas de gestación.
Los legisladores capitalinos determinaron un cambio en el tipo penal sobre la interrupción del embarazo, es decir, que el aborto sólo se considerará como delito a partir de la semana 13 de gestación, con una pena de tres a seis meses de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, pero la CNDH considera esto inconstitucional.
En su petición Soberanes Fernández impugnó también los artículos 146 y 147 del Código Penal capitalino, en los que se tipifica como delito grave el aborto forzado -por cualquier medio, sin el consentimiento de la mujer-; así como las reformas a la Ley de Salud local, que establecen la obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno del Distrito Federal a atender los casos de aborto legalizados por los diputados locales.
ARREMETE EL PRD CONTRA SOBERANES
El secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo, acusó a José Luis Soberanes de convertirse “en el mandadero” del PAN y del presidente Felipe Calderón al contravenir ante la Suprema Corte la reforma para la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Advirtió que si no renuncia “por dignidad y vergüenza”, el PRD buscará los mecanismos legales para remover a Soberanes de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Confió en que la Corte ratificará la Ley pues no viola ninguna garantía constitucional.
“Cada vez más desprestigia a una institución que tiene una gran responsabilidad con la sociedad tomando acciones que van en sentido contrario a lo que marca cualquier comisión de derechos humanos del mundo”, dijo.
Reforzó: “Lo de Zongolica fue un signo vergonzoso, lo de que sobre Oaxaca también, puesto que hace sanciones administrativas y no va al fondo de los verdaderos hechos de represión en Oaxaca y ahora al servir de ‘mandadero’ al PAN y a Calderón termina con el poco prestigio que tenía en lo personal”.
Solicita la PGR anular reformas
La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que son inconstitucionales las reformas aprobadas por diputados del Distrito Federal, que despenalizaron el aborto en la Ciudad de México, por lo que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que anule las modificaciones vigentes desde el 26 de abril pasado.
A partir de un análisis técnico-jurídico de las reformas realizadas al Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal, la PGR determinó que éstas contravienen tesis emitidas por los propios ministros de la Corte, en las que se ha establecido que “lo que no puede hacer una norma es permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación”.
Asimismo, la dependencia estimó que los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invadieron esferas de competencia, “ya que el régimen de regulación jurídica de la actividad pública en materia de salud corresponde, originariamente, a la Ley General que expida el Congreso Federal”.
Derivado de estas consideraciones, la PGR interpuso el juicio de acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, a fin de que los ministros analicen la validez o no de las reformas.
