Los inmigrantes indocumentados que residan en Virginia no podrán inscribirse en colegios superiores o universidades del estado, de aprobarse una iniciativa de ley propuesta por legisladores republicanos.
La propuesta, que surge en vísperas de elecciones legislativas estatales, obligaría a las autoridades universitarias a verificar que los solicitantes de ingreso a los centros de estudios tengan una situación migratoria legal en Estados Unidos.
'Permitir a los inmigrantes ilegales ignorar el estado de derecho, no sólo socava la integridad y el bienestar de nuestra sociedad sino que es una carga para los limitados recursos fiscales', dijo a medios locales el presidente de la legislatura William Howell.
La polémica propuesta aún debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso local, que en ocasiones previas ha rechazado iniciativas para prohibir descuentos universitarios como residentes a los indocumentados.
Se trata del más reciente capítulo de la oleada de proyectos de ley que han convertido en blanco a los indocumentados, ante el colapso de la reforma migratoria en el Congreso federal.
Más de mil 100 propuestas de ley concernientes al trato con inmigrantes han sido presentadas ante las legislaturas estatales este año, más del doble de las 570 iniciativas introducidas en 2006.
De acuerdo a un recuento de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), la mayoría de las iniciativas se enfoca a restringir el empleo y limitar los beneficios de educación y servicios públicos.
Otras propuestas buscan impedir la emisión de licencias de conducir, frenar el acceso a los servicios de salud, a los procedimientos a ejercer el voto y otorgar facultades de las policías locales para aplicar las leyes de inmigración y otros asuntos.
Sólo en los primeros cuatro meses del año, al menos unas 57 leyes habían sido aprobadas en 18 entidades. Las legislaturas también habían adoptado 19 resoluciones concernientes a migración.
Un grupo de senadores busca revivir en septiembre la Dream Act, para legalizar estudiantes indocumentados, y la AgJobs, para legalizar a trabajadores agrícolas, pero operadores demócratas y republicanos creen que sólo la segunda tiene posibilidades de aprobación en 2007.
