La liberación por la Procuraduría de Justicia de Coahuila, de tres empleados municipales de Torreón que fueron sorprendidos sustrayendo material eléctrico que es propiedad pública, revela el nivel de impunidad que sufren los coahuilenses.
El Alumbrado Público en Torreón vive una de sus épocas más oscuras y el director de Servicios Públicos del Municipio asegura que la dependencia enfrenta una grave escalada de robo-hormiga de material eléctrico, que a su decir es la causa del problema.
El robo-hormiga es un flagelo no sólo de las dependencias públicas sino de las empresas privadas y su control hace la diferencia entre una operación sana y otra ruinosa que puede llevar a la quiebra a cualquier entidad productiva o de servicios, sea grande o pequeña.
En el caso que nos ocupa, el director de Servicios Públicos recibió una denuncia ciudadana que condujo al descubrimiento de tres trabajadores del departamento de Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la ciudad, que sustraían material que guardaban en el domicilio particular de uno de ellos.
Los denunciantes son vecinos del domicilio en el que se encontró el material robado e incluso señalaron que en ese lugar se procesaba el cable de cobre para venderlo al kilo en el mercado negro.
El director y dos regidoras del Cabildo realizaron el procedimiento administrativo de rigor y al encontrar a los empleados descargando el material en el domicilio que les indicaron, llamaron a la Policía Preventiva que sorprendió y detuvo a los implicados en flagrante delito (con las manos en la masa) y los consignó al Ministerio Público para que a su vez les fincara las responsabilidades penales ante la autoridad judicial.
Los empleados infieles solicitaron su libertad bajo fianza y grande fue la sorpresa no sólo de los funcionarios municipales sino hasta de los propios inculpados, cuando el Ministerio Público los liberó sin cargos aduciendo todo tipo de absurdos, incluido el de que no se aportaron fotografías que probaran el robo.
Los trabajadores fueron puestos en libertad sin reserva y sin que el Ministerio Público abriera investigación alguna; el Municipio anuncia que rescindirá el contrato de trabajo a los implicados por faltas de probidad u honradez y el sindicato aboga por ellos, reafirmando una tradición nacional vergonzosa en virtud de la cual, los sindicatos dejan de ser organizaciones para la defensa de los derechos de los agremiados, para operar como mafias.
Es fácil prever lo que sigue; los trabajadores se dirán injustamente despedidos, acudirán a la Junta o Tribunal de Conciliación y Arbitraje a demandar por despido injustificado y como en tales dependencias del Estado las cosas están igual o peor que en la Procuraduría, obtendrán un laudo que los reinstale en su trabajo y premie su felonía con el pago de salarios caídos todo ello, a costa de los contribuyentes.
Lo peor es que este incidente que pudiera atribuirse a las malas relaciones que existen entre el gobernador Humberto Moreira y el alcalde José Ángel Pérez, corresponde al modo ordinario de actuar de la Procuraduría de Justicia de Coahuila.
Son incontables las ocasiones en las que la denuncia ciudadana hecha con el valor civil que tal cosa requiere y los esfuerzos particulares de las víctimas de los diversos delitos, son defraudados por la indiferencia y la apatía del Ministerio Público.
En nuestra ciudad y estado todos tenemos un amigo, un familiar o nosotros mismos que hemos sido víctimas de algún delito y de manera sistemática los agentes del Ministerio Público asumen una actitud no sólo omisa, sino que tiende a desacreditar la denuncia o a minimizar la gravedad del daño y en ocasiones hasta culpar a la propia víctima, con lo que parece que están del lado de la delincuencia o simplemente no quieren trabajar.
También son frecuentes los casos en que pequeñas o grandes empresas son víctimas de algún delito y frente a la denuncia, surge como defensa el alegato de un derecho laboral violado real o presunto, que en manos de la Junta de Conciliación se convierte en un manto de impunidad en asuntos en los que incluso, el inculpado puede o no ser trabajador de la empresa.
Si en tal desventaja y desamparo se encuentra el Municipio de Torreón que cuenta con poder político y recursos, no es raro que el ciudadano medio se sienta en completa indefensión.
El desgaste institucional en Coahuila es mayúsculo, porque el gobernador Moreira vive enfrascado en pleitos con el alcalde de Torreón, con diversos funcionarios federales y a últimas fechas hasta con el Congreso de la Unión, con motivo de las reformas recientes en materia electoral, hechas a la Constitución de la República.
Moreira Valdés se encuentra obsesionado en obtener “carro completo” para su partido en los procesos para elegir diputados locales el año entrante y la renovación de ayuntamientos en 2009, lo que enturbia su función de Gobierno y lo lanza a un futurismo desbordado cuya factura estamos pagando los coahuilenses.
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