“El poder del abogado es la incertidumbre de la ley”.
Jeremy Bentham
Imagine usted que ahora que el IPAB está vendiendo Aeroméxico la autoridad aeronáutica señalara que los compradores deben tomar en cuenta que la concesión para operar la aerolínea deberá licitarse cada cinco, 10 o 15 años. Sin duda los grupos que se esfuerzan por comprar la aerolínea se retirarían o pagarían muy poco por ella. Ni una aerolínea de aviación ni ninguna otra empresa puede darse el lujo de licitar su concesión cada cierto número de años. Sin embargo, ésta es la situación a la que una decisión de la Suprema Corte de Justicia parece haber reducido a una de las muchas industrias concesionadas que operan en nuestro país: la de radio y televisión.
Este pasado mes de junio, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión que permitía renovar las concesiones de radio y televisión de manera automática si los concesionarios no habían violado su título de concesión. Los ministros de la Corte establecieron que, en cada ocasión en que se refrende una concesión, debe hacerse una licitación.
Este fallo ha generado una situación de incertidumbre para todos los concesionarios de radio y televisión de nuestro país. Una concesión que debe ser licitada una y otra vez cada determinado tiempo —un tiempo además que la Corte decidió dejar sin definir— pierde buena parte de su valor. La incertidumbre borra la posibilidad de hacer las inversiones de largo plazo tan necesarias para la industria. De hecho, hace incluso inconveniente la contratación de personal permanente. No puede haber estabilidad laboral en una industria concesionada que no carece de estabilidad en las concesiones.
El presidente Felipe Calderón está, al parecer, consciente del enorme costo que ha tenido esta decisión de la Corte. “Sé que existe —dijo este 10 de octubre ante los concesionarios de la radio y la televisión— una legítima preocupación por la incertidumbre y la zozobra que genera a un concesionario el ver vencido el plazo de su concesión sin conocer a ciencia cierta qué ocurrirá con su estación”. El presidente afirmó, por lo tanto, que ha instruido al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, “para que junto a la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión defina el mejor camino a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones”.
La declaración del presidente ha sido vista por algunos críticos como una declaración pública de que el Gobierno violará la decisión de la Suprema Corte de Justicia que obliga a una licitación al vencimiento de cada concesión. Pero los propios fallos de los ministros parecen abrir el camino para el anuncio que el presidente hizo este 10 de octubre.
Efectivamente, en su fallo sobre el artículo 17-G de la Ley de Radio y Televisión, la Corte determinó que la “subasta pública” no debe ser el criterio de definición de la licitación por frecuencias. Esto nos regresa al tiempo en que el presidente de la República tomaba decisiones discrecionales para asignar frecuencias. Y eso es probablemente lo que vamos a ver en los próximos años. El presidente va a escoger a quiénes les refrenda las frecuencias y a quiénes no.
Es una lástima que estemos regresando a una situación en que la industria depende nuevamente de la buena voluntad del presidente para sobrevivir. Es una pena que la radio y la televisión deban quedar bien con la autoridad en turno. Pero las decisiones de la Suprema Corte son incontrovertibles.
Las televisoras, por lo pronto, están tranquilas. Ellas lograron recientemente la renovación de sus concesiones hasta 2021. Son los concesionarios de las emisoras de radio, muchas de cuyas concesiones se están venciendo ya, los que viven en la incertidumbre. No saben si invertir o no en nuevas tecnologías o en contratación de personal. No saben si el Estado les refrendará o no las concesiones. Y no hay reglas a qué atenerse salvo quedar bien con el presidente.
Si bien es posible que la decisión de los ministros haya tenido como destinatario exclusivo a los odiados concesionarios de radio y televisión, el principio de generalidad de la Ley obligaría a que se aplicara a todas las industrias concesionadas en el país.
Esto significaría que esa Aeroméxico por la que hoy cotizan distintos grupos privados podría tener un valor muy inferior al que están considerando. Si cuando se venza la concesión de la aerolínea hubiera que licitar nuevamente el refrendo, el resultado sería eliminar el valor de largo plazo de ésta y de todas las aerolíneas del país.
Los fallos de la Corte pueden tener consecuencias impensadas a lo largo y lo ancho de la economía nacional. Este, por lo pronto, ha fortalecido la discrecionalidad del poder presidencial.
INTOLERANCIA
Un grupo de priistas encabezado por el diputado Adolfo Mota tumbó la estatua de Vicente Fox que acababa de colocarse en Boca del Río, Veracruz. A mí no me gustan las estatuas de los políticos ni nombrar las calles en su honor. Pero ¿con qué criterio los priistas, que han llenado el país de estatuas y calles con el nombre de sus gobernantes, se muestran hoy ofendidos por la única estatua del único presidente no salido de sus filas? ¿Alguien quería una mejor prueba de la intolerancia de los priistas?
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