Los delincuentes, uno sujeto a proceso y otros disfrutadores de agresiva libertad, que fueron expuestos por Lydia Cacho al conocimiento público en sus prácticas de pederastia, pornografía y comercio sexual infantil no cejan en su propósito de hostigarla, para vengarse de la publicación de Los demonios del edén.
Su primer y más rotundo intento de castigar e intimidar a la periodista consistió en someterla a juicio penal no en Cancún, donde reside, no en el Distrito Federal donde se editó el libro, sino en Puebla, donde el gobernador Mario Marín garantizaba un proceso a modo, en provecho de Kamel Nacif, protector y socio de Jean Succar Kuri, el único miembro de la mafia que hace negocios y obtiene placer de la destrucción del alma y el cuerpo de niñas y niños, que está siendo juzgado. Para fortuna de la periodista y de la sociedad en general porque los agravios que se le infirieron ofendían a todos por la puesta del poder público al servicio de intereses canallas, esa tentativa se frustró al sacarla del dominio del gobernador tramposo (investigado por ello por la Suprema Corte), hasta que al llegar a la Ciudad de México dejó de tener eficacia jurídica porque en el Distrito Federal no existe más del delito de calumnia por el cual Nacif pretendía mantener en prisión a la periodista.
Los agresores de Lydia tomaron entonces otra vereda. Buscaron enjuiciarla ahora por la vía civil y al efecto mostraron con mayor nitidez, si cabe, su ausencia de escrúpulos, su capacidad para envilecer a sus víctimas.
La primera de ellas de que se tuvo noticia, Edit Encalada, fue escogida para el caso. Hace diez años, cuando ella tenía apenas 14, fue violada por Succar Kuri, que durante largo tiempo la sometió sistemáticamente a vejámenes aprovechando su fragilidad emocional y su pobreza, hasta que en 2003 ella tuvo los arrestos para liberarse de la virtual esclavitud en que vivía y denunció los hechos ante los medios de información y el Ministerio Público.
En varios órganos periodísticos de Quintana Roo y a través de una entrevista difundida por Óscar Cadena en Televisa, en noviembre de aquel año, Edit intentó la recuperación de su autoestima. Entonces entró en comunicación con Lydia Cacho que además de su dedicación profesional al periodismo es una activista a favor de los derechos de las mujeres y sostiene en Cancún un centro de apoyo a las que están sujetas a violencia. Además de acogerla en ese lugar, Lydia Cacho comprendió los alcances de la situación en que la chiquilla se encontraba y con su profesionalismo, a partir de lo ya publicado y sus propias investigaciones preparó Los demonios del edén, aparecido en 2005.
Avasallada económicamente por su victimario, Encalada tornó al redil y en San Diego a donde fue llevada ex profeso mientras su agresor se hallaba preso en espera de la extradición que finalmente fue conseguida, se desistió de la acusación. Y luego fue llevada más allá. Apareció litigante contra Lydia Cacho, reclamando de ella y de la editorial Randhom-House-Mondadori (en cuyo sello Grijalbo apareció el libro de la periodista) una indemnización por daño moral, por haber difundido su historia. La autora había tenido el cuidado de no mencionarla por su nombre para protegerla, de modo que la demanda deberá ser resulta en contra de la actora y debió ser rechazada porque la presunta afectada carece de interés jurídico, ya que no figura en la obra. Como quiera que sea, anteayer lunes se efectuó en el juzgado decimoséptimo de lo civil del DF la audiencia en que las partes desahogaron la prueba confesional solicitada recíprocamente. Un elemento básico para la comprensión del papel que se obliga a jugar a Encalada consiste en su ignorancia sobre la contratación de los abogados que la acompañan en el litigio y el monto de los honorarios comprometidos, que no han de ser magros. Es claro que, lejos de actuar espontáneamente se la utiliza para desgastar a la periodista a la que antes mostró gratitud y eventualmente causarle también perjuicio económico.
Otra vía de acción contra la periodista ha consistido en hacerla desaparecer de la televisión. Víctor Trujillo, en su acepción de Brozo transmitió hace unas semanas, muchos meses después de que fueron ampliamente difundidas, las grabaciones del arreglo telefónico entre Nacif y el “Gober Precioso”. La Secretaría de Gobernación reprochó a Brozo, formalmente, la difusión de ese lenguaje “soez” no obstante que no es el suyo. Esa conminación fue clave para saber por qué se vela la imagen de la periodista de la pantalla. Están en espera de ser autorizadas dos entrevistas con ella en sendos canales de las empresas televisoras, y ha sido tan prolongada esa espera que puede ya presumirse que las conversaciones están congeladas.
Pero, según resumió Jorge Zepeda (El Universal, 16 de septiembre), la decisión de ignorar y borrar a la periodista llega a extremos que serían ridículos si no tuvieran severas implicaciones. Lydia fue en mayo pasado miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo y en esa condición entregó uno de los nueve galardones. Aparecieron en el noticiario principal del canal dos los momentos en que ocho de los premiados recibían su presea, no así el que registró la presencia de Lydia Cacho. Después, en uno de los actos principales de la visita de Irene Kahn, secretaria de Amnistía Internacional, la periodista se hallaba a su lado, de lo que no se enteraron los televidentes porque se editó la imagen para eliminarla.
