El TEPFJ reconoció que investiga a un servidor público de la institución como presunto responsable de irregularidades en la compra de un edificio durante la administración de Flavio Galván. (Archivo)
Señalan que las pesquisas son en torno al proceso de adquisición de un inmueble.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que investiga desde hace un mes a funcionarios por “posibles actos de corrupción” en el proceso de adquisición de un inmueble.
La contraloría interna del Tribunal inició un “procedimiento administrativo procedente” por este hecho, pero no detalla quién o quiénes son los servidores públicos investigados ni qué puesto tienen dentro de la estructura del máximo órgano electoral o si han sido separados de sus cargos.
En menos de una semana, el Tribunal vivió la renuncia de su presidente, Flavio Galván Rivera y el ascenso de la primera mujer que preside el máximo órgano electoral del país, María del Carmen Alanís Figueroa, así como la denuncia de que una funcionario que quiso “amarrar” la compra de un edificio por una comisión de hasta cinco millones de pesos.
Norma Inés Aguilar León, coordinadora de asesores de la presidencia del Tribunal, es investigada por negociar una comisión en la compra de un edificio que sería una sede regional del Tribunal con cabecera en el Distrito Federal y otras oficinas administrativas del órgano.
Aguilar León, maestra en Derecho, visitó al menos cinco edificios y acordó con una corredora de bienes raíces una comisión de hasta cinco millones de pesos para “amarrar” el trato de compra-venta, que no cerraría ella, sino su marido, Octavio López.
Lo que no supo Aguilar León es que la oferta la hizo a una persona cercana a uno de los magistrados del Tribunal, que posteriormente presentó una denuncia.
También se dio cuenta que esta funcionaria gozaba de prestaciones similares a las de los siete magistrados que integran el Tribunal.
Con recursos públicos, se le pagaba automóvil y celular; además tiene un seguro de vida de 40 meses de percepciones ordinarias, otro de gastos médicos mayores de hasta 592 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal y un seguro colectivo por 25 mil pesos.
De acuerdo a las fuentes consultadas, la denuncia por irregularidades en la compra de dicho inmueble derivó en la renuncia del entonces presidente del Tribunal Flavio Galván Rivera.
Antes de las vacaciones de julio, los magistrados le pidieron a Galván separar de su cargo a Norma Inés para que no entorpeciera las investigaciones.
Sin embargo, no aceptó. El lunes 6 de agosto Galván Rivera presentó oficialmente su renuncia como presidente del Tribunal con carácter de irrevocable pretextando “motivos de salud”.
Minutos antes del martes, se convocó a los integrantes del Tribunal a una sesión, la sala superior aceptó la renuncia y procedió a la elección por unanimidad de la primera mujer en este cargo, la maestra María del Carmen Alanís.
El 8 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal informaba que “no tiene conocimiento oficial de investigación alguna”, pero se declaró “pendiente y atenta a los procedimientos que se desarrollen en el ámbito de su competencia”.
La tarde del domingo, en un comunicado, el Tribunal detalló que desde el 6 de julio de 2007 Galván Rivera, recibió una denuncia por en la que se informaba por “posibles irregularidades cometidas durante el proceso de búsqueda de un inmueble para albergar diversas oficinas administrativas y la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal”.
Ese mismo día, Galván presentó la denuncia ante la Contraloría Interna del Tribunal para que se iniciara un “procedimiento administrativo procedente”.
Explicó que se inició un “procedimiento administrativo procedente”, etapa en la que “el servidor público al que se le imputa la irregularidad”, presente pruebas a su favor.
Agotado dicho procedimiento, se elaborará un proyecto que será sometido a la decisión final de la “Comisión de Administración”, integrada por la magistrada presidenta Alanis Figueroa y el magistrado Constancio Carrasco Daza, así como con tres Consejeros de la Judicatura Federal.
En el comunicado se explicó en dicho procedimiento se les “obliga a guardar el sigilo, la reserva y en su caso, la confidencialidad que las leyes determinan y el procedimiento amerita; además de la objetividad e imparcialidad connaturales a su encargo”.
Finalmente, se informó que si este caso llega al “conocimiento de la Sala Superior (en caso de destitución e inhabilitación y si el funcionario apela la resolución de la Comisión), la cual lo resolverá en definitiva, por lo que de igual manera, sus siete integrantes deberán observar la misma actitud de imparcialidad y objetividad. Consecuentemente, también se encuentran impedidos para formular cualquier pronunciamiento o comentario previo a su resolución” .
