Al filo de la navaja, en el día mismo en que concluye el plazo convenido entre doce bancos y el Gobierno de la Ciudad de México, se espera que la Secretaría de Hacienda autorice reestructurar la deuda capitalina tramitada por Protego, la firma encabezada por el ex titular de ese ministerio Pedro Aspe. Apenas ayer el presidente Calderón dijo que instruiría a Agustín Carstens para que analizara la renegociación, respecto de la cual el Gobierno Federal había mantenido silencio formal, no obstante que hace más de dos meses le fue solicitada su intervención. Tal análisis debe haberse realizado en ese lapso, por lo que la orden presidencial, para tener sentido constructivo, significaría aprobar los pasos que el Gobierno capitalino ha dado en esa materia
La contratación y manejo de la deuda pública del Distrito Federal es una de las varias disminuciones que padece el Gobierno capitalino, que no alcanza las capacidades de las administraciones estatales. En vez de que, como ocurre en los estados, sea el Poder Legislativo local el que autorice el endeudamiento, la Ciudad de México debe solicitar a la Cámara de Diputados –no a su Asamblea Legislativa— por medio del Gobierno Federal la fijación de un límite superior, un tope a su contratación de deuda. Adicionalmente, el manejo de la misma, incluida su renegociación requiere el visto bueno, no el aval, de la secretaría de Hacienda.
Desde 1997 en que se inauguró su régimen jurídico actual, hasta 2003, la deuda capitalina creció constantemente, hasta casi cuadruplicarse pues pasó de 12 mil a 45 mil millones de pesos. Hace cuatro años la secretaría de Finanzas del GDF inició un insólito proceso de desendeudamiento, que implicó la renegociación de la deuda, es decir la sustitución de créditos caros por otros menos onerosos y la ampliación de los plazos correspondientes. Durante el segundo trienio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sustituido en 2005 por Alejandro Encinas, la reestructuración se efectuó directamente entre la banca acreedora y el Gobierno de la ciudad.
La nueva Administración capitalina escogió un procedimiento distinto. Como si antes hubiera sido necesario, fue contratada una firma intermediaria para encauzar la renegociación. Se escogió a Protego, la firma financiera y bursátil que quedó en manos de Aspe tras la disolución de su sociedad con Alfonso Romo, cuya casa de bolsa Vector fue dirigida por el ex secretario de Hacienda. Éste interesó a doce bancos comerciales para firmar, a más tardar el día de hoy, una reestructuración de 38 mil millones de pesos, casi la totalidad de los 42 mil quinientos millones, que fue el monto dejado por la Administración anterior. El nuevo perfil de la deuda significa una ampliación del plazo de pago de ocho a treinta años, lo que deviene en un ahorro de más de mil quinientos millones de pesos, según ha explicado el secretario de Finanzas, Mario Delgado, que en vez de ocuparse directamente de la renegociación prefirió pagar por ello a quien probablemente fue su profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México –o quizá su ejemplo en la administración financiera.
No se hizo pública la contratación de Protego y/o Aspe, sino hasta que trascendió la misma y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard se vio obligado a admitirla en víspera de su viaje a Nueva York, realizado en mayo anterior. Como de paso, sin que se ofreciera la información documental precisa, Ebrard dijo que el secretario de Hacienda de Carlos Salinas estaba cobrando honorarios por cien mil pesos al mes. La cifra es superior a los emolumentos de cualquier servidor público del DF, incluidos el jefe de Gobierno mismo y el comodino secretario que no realiza sus funciones directamente. Pero es inferior a la remuneración habitual en este género de relación contractual. Una tarea como la efectuada por Protego y/o Aspe se paga en el mercado con porcentajes de entre el 0.5 y el uno por ciento del monto renegociado. Si éste fue o hubiera sido el modo de contratar la intermediación, al consumarse hoy sus tareas la firma de Aspé o él personalmente habrán ganado entre 192.5 ó 385 millones de pesos.
Aun de no ser ése el caso, la participación de los intermediarios amerita una explicación formal a los ciudadanos, porque acaso la tensión generada en los meses recientes por la demora de Hacienda y eventualmente la frustración de la faena renegociadora se debe a una mala gestión no ante los bancos, ganosos de hacer buenos negocios, sino ante el Gobierno Federal.
De modo informal el subsecretario Alejandro Werner y el jefe de la unidad de deuda pública de la SHCP, Gerardo Rodríguez, a última hora reprocharon al Gobierno capitalino y a su intermediario el haber invertido los términos: “Primero la negociación y posteriormente la autorización, en lugar de considerar la negociación en paralelo” con la autorización. Por ello esos funcionarios estarían, cuando el tiempo apremia, revisando “la estructura presentada y... realizando algunas corridas para que ‘el despegue’ político y de avales sea coordinado y bien realizado” (Alicia Salgado, El Financiero, 30 de julio).
Cualquiera que sea el desenlace de este episodio, es claro que se generó un doble déficit de información: de Hacienda al Gobierno capitalino pues no formuló objeciones o sugerencias al pedido de autorización y de la Administración capitalina a sus habitantes; algunos no acaban de entender por qué se pagan honorarios o comisiones por una tarea que ya genera salarios.
