La actitud asumida por la Oposición en el Congreso de la Unión respecto al informe presidencial programado para el próximo primero de septiembre, es síntoma de una ambición desordenada por el poder, que degenera en falta de civilidad y desprecio por las instituciones.
Desde hace más de dos meses en que se visualizó la apertura del periodo de sesiones correspondientes, los diputados del Partido de la Revolución Democrática han vuelto a la discusión sobre la legitimidad del presidente Felipe Calderón Hinojosa y han pretendido reabrir el caso de las pasadas elecciones federales que como tales concluyeron con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
La impugnación carece de sentido, puesto que no se entiende que la enarbolen diputados perredistas que cobran puntualmente sus dietas y gozan de los privilegios inherentes al cargo que ostentan. Impugnar a estas alturas la legitimación del presidente en funciones, implica desconocer al Poder Judicial Federal que calificó el proceso electoral y desconocer a la fuente misma de legitimación del Congreso de la Unión como Poder Legislativo que se instaló en base a los resultados de ese mismo proceso. Se trata de un ataque frontal a la vida institucional del país en su conjunto.
El proceder del PRD impulsado por resabios del liderazgo bolchevique de López Obrador, confirma una vez más que quien fuera candidato de dicho partido a la Presidencia de la República, planteó en su momento un grave peligro para México que por lo visto continúa, en virtud del ataque sistemático a las instituciones y al extremismo que arrastra a la izquierda mexicana.
Los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional hacen el juego al PRD, porque justifican los excesos perredistas actuales comparándolos con las interpelaciones habidas en los tiempos priistas, mediante un argumento tan absurdo como insistente según el cual, “desde hace muchos años no se respeta el formato del informe…”.
El alegato justificatorio es tan torpe como el que implicaría que en el México contemporáneo tuviéramos que tolerar una escalada de violencia al interior del Congreso, arrastrados por vergonzosos precedentes en virtud de los cuales algunos diputados asistían a las sesiones con pistola o volver a tiempos más remotos en los que el Congreso se integraba según el resultado de la asonada o el cuartelazo del momento.
El ciudadano medio del México moderno exige a su clase política que se comporte a la altura de los principios democráticos y espera que los yerros del pasado queden superados en virtud de actitudes cívicas dignas y responsables.
En efecto, los informes presidenciales de antes y después del régimen de partido de Estado no son comparables, porque en los tiempos de la Presidencia Imperial el sistema priista mantuvo un ceremonial que exaltaba el presidencialismo exacerbado imperante y en cambio, hoy día el presidente Calderón envió con toda oportunidad una iniciativa para modificar el formato a la medida de las demandas más exigentes de la Oposición perredista, que incluye el debate directo con el presidente.
Es conocido que la iniciativa presidencial fue rechazada por el PRD, lo que pone en evidencia que el perredismo no pretende el mejoramiento gradual de la vida institucional del país sino su destrucción, con el objeto de tomar el poder por asalto, abusando de las libertades de las que aún disfrutamos en este sistema ciertamente imperfecto, pero al fin y al cabo democrático.
Por fortuna las especulaciones sobre lo que pueda pasar el primero de septiembre durante el Informe Presidencial ya no angustian a la ciudadanía, porque el temor ha cedido al hartazgo de una nación, que sólo espera ver el desenlace para dar o quitar según corresponda en las próximas elecciones.
Correo electrónico:
lfsalazarw@prodigy.net.mx
