La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó la discusión sobre la constitucionalidad de la "Ley Televisa".
El ministro Sergio Aguirre Anguiano, inició el juicio en el que se revisará la constitucionalidad de la llamada ley de medios con una serie de aclaraciones. La primera la dirigió a quienes se han pronunciado en favor y en contra de la norma y quienes han divulgado cuáles serían las consecuencias de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en uno u otro sentido.
A ellos, y sin mencionar a nadie por su nombre, les dijo que "la realidad es que no saben de lo que estamos hechos" los ministros de la Corte.
"Por cumplir con nuestras encomiendas no pagamos costo político alguno, estamos prestos a desahogarlas sin ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias, tal como está previsto en la Constitución, sin preocupaciones de otras políticas".
"De eso estamos hechos".
Por este motivo la SCJN "habrá de solucionar todo aquello que la Constitución le encomienda; lo que si no podrá hacer es quedar bien con los contradictores", dijo.
Después de detallar cuáles son los puntos sobre los qué la Corte no se pronunciará, Aguirre aclaró cuáles son los puntos que si tratará en el juicio.
De entrada, dijo, a través del juicio en cuestión, la Corte determinará qué constituye la propiedad originaria del Estado y para eso, dijo, se preguntará básicamente ¿De qué es dueño el Estado?.
Además de que establecerá, en el juicio, si el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público; precisará el régimen constitucional de las concesiones públicas; delimitará la manera en que, constitucionalmente, los bienes o servicios públicos son concesionados.
Así como también decidirá si una concesión puede ser desvinculada de un uso determinado y específico del bien de dominio público sobre el cual fue otorgada.
En suma, dijo, se trata de determinar si la ley impugnada, específicamente, algunos de los artículos del Decreto que la modificó, respetan o no los principios constitucionales de equidad, no discriminación, concurrencia económica y rectoría del Estado.
Todo ello, dijo, para poder determinar, entre otras cosas, si son constitucionales o no los preceptos de la ley impugnada mediante los cuales se permitió que los concesionarios en materia de radiodifusión, a través de una simple solicitud y sin que necesariamente se prevea una contraprestación económica para el Estado, puedan prestar servicios de telecomunicaciones adicionales.
