Finalmente empiezan a conocerse algunos detalles de la ahora llamada Iniciativa Mérida. Mil cuatrocientos millones de dólares que, de ser aprobados por el Congreso estadounidense, serán entregados a México en los próximos tres años para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo. Un reconocimiento bilateral de que el problema es mutuo y de que de poco sirven los esfuerzos unilaterales, sin coordinación entre México y Estados Unidos para hacer frente a un enemigo común. Esto es de celebrarse, pero de los detalles que empiezan a conocerse a cuentagotas, hay varios focos rojos.
Para EU la Iniciativa Mérida representa, en primer lugar, una necesidad de control de sus fronteras. Saber quiénes entran al territorio de sus países vecinos y con qué finalidad. Tener una fuente de datos compartida, con México y Canadá, para detectar la presencia de terroristas en América del Norte. La Iniciativa Mérida parece ser, en principio, una estrategia de supervisión.
Tan sólo basta con llegar a cualquier aeropuerto estadounidense y regresar a cualquier aeropuerto mexicano para darse cuenta de la evidente disparidad en las medidas de controles de ingreso de ambos países. Llegar a un aeropuerto mexicano da risa. El agente migratorio pide al viajero la ficha gris de la Secretaría de Gobernación, que apenas si ve. Ni siquiera es necesario entregar la ficha que se llenó cuando se salió del país. En contraste, llegar a un aeropuerto estadounidense es un ejercicio de paciencia para el visitante. Hay que responder una serie de preguntas al agente migratorio, dejarse tomar una foto y la huella dactilar.
Por ello, a corto plazo un primer efecto de la Iniciativa Mérida podría sentirse en los aeropuertos y en las fronteras mexicanas, al norte y al sur. Mayores controles migratorios con toma de fotografías y huellas. Mayores colas y mayor revisión. Y en los puntos fronterizos colas más largas y más lentas. Los mexicanos que viven en Tijuana, pero que trabajan en San Diego tendrán que levantarse más temprano para cruzar la frontera y perder más tiempo en sus cruces. Los turistas extranjeros que visiten México tendrán ahora que someterse a controles migratorios similares a los estadounidenses.
En cuanto a los resultados de la Iniciativa en torno al tráfico de armas, al combate al narcotráfico y al crimen organizado, el efecto esperado es a largo plazo. La venta de armas en la frontera es un negocio millonario para estados como Texas y a lo largo de toda la frontera, en las llamadas “tiendas de armas”. Es además un lucrativo negocio para los agentes aduanales mexicanos y para el sistema de corrupción y sobornos. Hace unos meses, el diputado del PRI Edmundo Ramírez Delgado revelaba que hay unos 12 mil puntos de venta de armas a lo largo de toda la frontera. Cerrar ese negocio de la noche a la mañana se antoja tarea difícil. En EU, la sociedad civil organizada, incluidos los vendedores de armas y las asociaciones de armas, tienen una notable influencia en los congresistas. Cuando el Congreso estadounidense empiece a discutir la iniciativa, su aprobación se enfrentará a los intereses de estos grupos y de los congresistas de los estados fronterizos.
Mil cuatrocientos millones de dólares para combatir el tráfico de drogas no es nada. Si bien es cierto que el incremento de 40 millones a 1,400 es importante, la realidad es que, de acuerdo con la ONU, el narcotráfico internacional tiene ganancias superiores a los 400 mil millones de dólares, mientras que, de acuerdo con la DEA, los cárteles colombianos y mexicanos comparten ganancias por arriba de los 30 mil millones de dólares. Por ello, la señal para los narcotraficantes mexicanos es que para EU, el combate al narcotráfico no es una prioridad y que la Iniciativa Mérida es más una Iniciativa Bomba, pero para los viajeros y para los habitantes de la línea fronteriza más cruzada del mundo.
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