“Es mejor arriesgar que se libere a un culpable que castigar a un inocente”.
Voltaire
Un empleado de una empresa alemana, José Sámano Deloya, lleva nueve meses en la cárcel por el delito de haber ido a recoger al aeropuerto de Mazatlán un tambo de 25 kilogramos de fibra de soya para hacer una prueba industrial. No hay duda de que el producto era y es eso: fibra de soya. Pero debido a que una autoridad la confundió con una droga, este hombre ha permanecido en la cárcel desde enero.
En cualquier otro país del mundo, el que la autoridad investigue el contenido de una carga legítima no sería motivo de preocupación. Simplemente se verificaría la naturaleza del producto con una prueba científica adecuada y se procedería a la aprobación del cargamento.
En México, sin embargo, la ineptitud de las autoridades, los temores generados por la lucha contra el narco y los abusos de un sistema judicial en el que primero se detiene a un presunto responsable y luego se le investiga, se han combinado para privar injustamente de la libertad a este hombre durante nueve meses.
Sámano Deloya es empleado de una empresa de capital alemán llamada Helm de México, S.A., la cual tiene más de 40 años de operación lícita en nuestro país. La firma se dedica, entre otras cosas, a la importación de materias primas para las industrias química y alimenticia.
En enero de este año se recibieron en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, dos tambos de fibra de soya que Helm había de utilizar para realizar una prueba industrial en una empresa atunera de la localidad. La fibra de soya se emplea como aditivo en la producción de atún.
Sámano Deloya acudió al puerto a retirar uno de los dos tambos, pero fue detenido por agentes federales. Se le dijo que una prueba química había revelado que el producto, de alto contenido proteínico, contenía anfetaminas. La prueba era casi de carácter casero. Poco después un perito de la Procuraduría General de la República en Mazatlán llevó a cabo una nueva prueba, con la que concluyó que el producto no contenía anfetamina… pero sí pseudoefedrina.
Sobre esta base fue consignado Sámano Deloya por el juez octavo de distrito del 12o circuito, Eusebio Ávila López. El abogado de la empresa Helm presentó al juez una prueba pericial química, ésta sí elaborada con la más alta tecnología, que demostraba que el producto era fibra de soya. Ante las discrepantes posiciones de los peritos, el juez señaló como terceros peritos en discordia a un grupo de químicos de la Universidad de Sinaloa. El análisis de los nuevos peritos confirmó que el producto no contenía pseudoefedrina.
En el ambiente de histeria generado por el descubrimiento de las actividades de Zhenli Ye Gon, quien introducía pseudoefedrina al país, el nuevo peritaje no convenció al juez para ordenar la libertad del procesado por desvanecimiento de pruebas. De nada sirvió, por otra parte, que cuando se hizo el análisis del otro tambo de 25 kilogramos, destinado a otra empresa atunera, también se reveló que no contenía ninguna sustancia ilícita.
Los abogados de la empresa solicitaron un cuarto estudio pericial, el cual fue elaborado en agosto por la química María Bañuelos Ávila. El estudio concluyó, una vez más, que el producto no contenía pseudoefedrina y que era una sustancia de origen vegetal, más concretamente, soya.
La propia agente del Ministerio Público adscrita al juzgado de distrito pidió una prueba pericial adicional, la cual fue realizada una vez más por la Procuraduría General de la República, sólo que ahora en la sede de la Ciudad de México con mejor equipo. El examen determinó una vez más que el producto no contenía pseudoefedrina.
En otras palabras, hay cuatro peritajes que señalan que el producto que ha llevado a la cárcel a Sámano Deloya no es pseudoefedrina sino fibra de soya. Los dos estudios periciales que supuestamente encontraron alguna sustancia ilícita son contradictorios, ya que uno establece que el producto contenía anfetamina y el otro pseudoefedrina.
En cualquier otro país del mundo el caso estaría resuelto y el acusado exonerado. En México, sin embargo, ante la dificultad de capturar a los delincuentes, es común que se castigue a inocentes. El juez tiene amplia discrecionalidad para definir qué periciales toma en cuenta y cuáles no. Y uno de los principios de la legislación vigente es darle más valor al primer peritaje, por ser más próximo a los hechos, a pesar de que esto no sea pertinente para el resultado y de que todo parece indicar que ese primer peritaje simplemente estaba mal hecho.
Esperemos que el juez actúe con sensatez. Desafortunadamente, ante los enormes niveles de impunidad que hay en el país, los jueces son objeto de grandes presiones para condenar a cualquier acusado por delitos contra la salud, sin importar la debilidad de las pruebas.
CASTIGAR SIN JUZGAR
En México primero se castiga y después se investiga. La frase se la escuché al constitucionalista Miguel Carbonell del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace unos días. Noventa mil personas en nuestro país están privadas de la libertad a pesar de no haber sido encontradas culpables y condenadas por los delitos de los que se les acusa. Un 80 por ciento de éstos está siendo procesado por delitos patrimoniales por un monto inferior a cinco mil pesos.
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