“La habilidad de innovar sólo existe si uno puede aceptar cambios y tomar riesgos”.
Franco Paolo Liu Eisma
Ayer los ministros de la Suprema Corte de Justicia interrogaron a un grupo de expertos de la UNAM y del Politécnico sobre cuestiones técnicas relativas a la posibilidad de utilizar las frecuencias asignadas a emisoras de radio y televisión para proporcionar servicios adicionales de telecomunicaciones. El tema se relaciona con la discusión del Artículo 28 de la nueva Ley de Radio y Televisión que precisamente contempla esta posibilidad. El tenor de las preguntas de los ministros, que sugería que hay que prohibir el uso de las frecuencias para proporcionar servicios adicionales para los consumidores, me ha llenado de miedo por el futuro de nuestro país.
De momento las transmisiones de radio y televisión utilizan toda o casi toda la frecuencia que tienen. Un canal analógico de televisión, por ejemplo, emplea un ancho de banda de seis megahercios (o megahertz). Uno digital de alta definición emplea virtualmente todo ese espacio en una transmisión en que haya mucho movimiento de imágenes (se necesita más espacio para transmitir en alta definición un juego de futbol que un programa como “La Entrevista con Sarmiento”).
Con los avances de la tecnología, sin embargo, es posible que vaya quedando más espacio disponible. Puede llegar el momento, en efecto, que ese espacio pueda utilizarse para ofrecer nuevos servicios.
De alguna manera esto ya está ocurriendo. Las estaciones de radio de FM, por ejemplo, utilizan un pequeño espacio de sus frecuencias para transmitir identificaciones de sus programas y de las canciones que tocan. La televisión por satélite transmite los nombres, horarios y descripciones de su programación. Con la mejoría en las tecnologías de compresión, bien podría llegar el momento en que las emisoras de radio o televisión pudieran ofrecer servicios de telefonía o de Internet. Esto no se puede por el momento, pero no es imposible que ocurra en diez o 20 años.
Lo que es irracional es que los políticos estén pensando que hay que detener este tipo de innovación tecnológica o arrebatársela al concesionario si hace las inversiones para tenerla. La razón por la cual un empresario realiza una inversión en tecnología es precisamente porque puede obtener un beneficio. Si el castigo por invertir es la confiscación de la mejora obtenida, el incentivo económico desaparece de inmediato.
La convergencia digital es una realidad que se está esparciendo por el mundo y que a nadie se le había ocurrido detener hasta que los políticos mexicanos vieron en ella una amenaza a la “rectoría económica del Estado”. El problema es que el Gobierno (que no es el Estado, ya que éste incluye a la sociedad) nunca ha sido un buen innovador.
Cuando las empresas de televisión por cable empezaron a transmitir canales de música, ningún inquisidor encapuchado llegó a quemar en leña verde a los operadores por transmitir un servicio de radio. Cuando esas mismas empresas se dieron cuenta que podía utilizar sus cables para proporcionar servicios de Internet, tampoco surgieron luditas listos a despedazar los equipos que ofrecían un servicio que antes tenían en monopolio los proveedores de Internet. MVS ofrece un servicio de Internet, e-go, a través de frecuencias normalmente empleadas para transmitir televisión y audio. Telmex empezará dentro de poco a proporcionar servicios de televisión a través de líneas telefónicas. El Internet permite ya recibir programas de televisión y de radio así como realizar llamadas de teléfono de larga distancia a un precio que pone a temblar a Telmex.
¿Quién se beneficia de esta creciente diversidad de servicios? El consumidor. Tratar de detener estas innovaciones tecnológicas, las cuales están teniendo lugar en todo el mundo, sería un golpe a los mexicanos que no podríamos disfrutar de una mayor competencia en servicios. Pero lo peor de todo es que sería un ataque brutal a la innovación tecnológica en México.
El problema de los políticos mexicanos de la vieja escuela es que no entienden que el mundo ha cambiado. No se han dado cuenta que la globalización ha borrado las fronteras comerciales y de que la tecnología está eliminando las barreras entre los medios de comunicación. Nunca le han echado un vistazo a las i-pods de sus hijos que contienen música, fotografías y videos bajados del Internet.
El papel del Gobierno en este nuevo mundo digital no es —no puede ser— el de tratar de controlar el desarrollo de toda tecnología como se hacía a mediados del siglo XX. Esto sólo nos llevará al estancamiento económico. Por el contrario, un Estado moderno debe establecer reglas que fomenten la innovación. Y la regla principal, la que genera incentivos en cualquier actividad, es que quien lleve a cabo inversiones para mejorar procesos o productos debe quedarse con los frutos de su trabajo.
ANTE LAS PRESIONES
Fueron correctas y pertinentes las palabras que ayer pronunció el ministro ponente Sergio Aguirre Anguiano. La Suprema Corte no puede aceptar presiones de ningún lado en su consideración de las nuevas leyes de telecomunicación y radio y televisión. Es positivo que los ministros tomen sus decisiones sin “ideologización ni politización partidista”. Pero también es importante que entiendan la naturaleza del medio que están definiendo. La Constitución mexicana fue redactada en 1917 y sus bases están en ordenamientos de 1857 y 1824. Nadie en ese entonces podía prever lo que la tecnología iba a traer al mundo en el siglo XXI.
