Los programas de seguridad pública han sido insuficientes para abatir los índices delictivos, por lo que industriales del país han planteado como opción el cierre de sus empresas, alertó el presidente de la Canacintra, Miguel Marón Manzur.
En reunión con el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) expusieron que 5% de las inversiones se destina exclusivamente a sistemas de seguridad, lo que resta competitividad frente a economías como las asiáticas.
“Para la industria, pero en particular para las pequeñas y medianas empresas, la oleada delictiva se ha traducido en una pérdida importante de su patrimonio, que en ocasiones ha implicado la quiebra”, aseveró Marón Manzur.
Señaló que una de las razones que explica el desánimo de los industriales y de todos los grupos sociales es que se han visto en riesgo en su persona y en su patrimonio por la inseguridad y “si la inseguridad es agobiante y nociva para el industrial, la impunidad lo es en mucho mayor medida”.
El presidente de la Canacintra mencionó que en unos casos el acelerado crecimiento de los delitos se atribuye a “la situación depresiva” en que se encuentra la economía, “pero no se puede atribuir por completo sus alcances a la aparición o el crecimiento de las organizaciones de delincuentes y criminales que azotan con sus acciones a la población”.
Sin embargo, subrayó que ambas formas delictivas tienen efectos negativos sobre el industrial, quien es víctima de frecuentes secuestros, asaltos a sus trabajadores, a los transportes que distribuyen sus productos o a las mismas unidades productivas, lo que “deteriora el ánimo industrial y daña profundamente su patrimonio”.
Marón Manzur afirmó que hay preocupación y angustia entre los industriales y frente al clima de inseguridad hay distracción y pérdida de eficiencia por el diseño o contratación de sistemas de seguridad con empresas especializadas.
“En la planeación de nuevas inversiones ya se contempla un importante componente de seguridad, lo que indudablemente implica costos más elevados, por lo que requerimos de certidumbre jurídica, para promover y retener, tanto las inversiones nacionales como extranjeras” .
Marón Manzur dijo al procurador que la sociedad es quien directamente vive y conoce los alcances de las organizaciones delictivas, por ello recomendó ampliar espacios de participación para que la sociedad intervenga en el diseño de políticas públicas de seguridad.
Propuso que la prevención del delito sea resultado de un auténtico desarrollo social que genere más fuentes de empleo y permita la apertura y ampliación de los espacios para la educación, la cultura y el deporte.
Asimismo, que se profesionalice y haga más eficiente a la Policía y se reforme el marco penal para incrementar las penas a los delitos más graves. “Debemos evitar que la inseguridad se convierta en un obstáculo para la creación de nuevas inversiones, que hoy tanta falta hacen”, subrayó.
