El ex presidente Vicente Fox dijo que el que se pida a ex funcionarios no dar declaraciones una vez que terminan su gestión, es una práctica del pasado con la que se debe terminar. (Archivo)
Sin embargo, el ex mandatario no podrá ser llamado a comparecer; Segob ofrece cooperación.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría crear la comisión especial para investigar los bienes del ex presidente Vicente Fox, quien, sin embargo, no podrá ser llamado a comparecer, y la cual tendrá una vigencia hasta el 11 de abril de 2008.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que sea integrada por cinco diputados y sea presidida por el PRI, con Víctor Valencia de los Santos. El PAN tiene dos lugares, con Juan de Dios Castro Muñoz y Alma Edwviges Alcaraz, mientras que PRD y PVEM se repartieron un lugar, con Juan N. Guerra y Antonio Xavier López Adame.
La comisión especial “Para conocer y dar seguimiento a la procuración de justicia vinculada al ejercicio de la función pública durante la gestión Administrativa del ex presidente Vicente Fox, en relación a los señalamientos del incremento de su patrimonio”, tuvo el apoyo sólo de seis de las ocho fuerzas políticas, pues no firmaron ni Nueva Alianza ni el Partido del Trabajo (PT), este último al argumentar que no se le integró a la comisión.
Durante una visita a San Lázaro, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, aseguró ayer que el Gobierno está dispuesto a brindar toda la información que los legisladores requieran.
Dijo que no habrá negativa del Gobierno del presidente Felipe Calderón para que se investigue al ex mandatario. “A la hora que requieran los señores diputados, todo se tiene que entregar”, expuso.
Luego de que una revista de sociales dio a conocer fotografías del rancho del ex mandatario, el ex operador financiero de “Amigos de Fox”, Lino Korrodi, señaló el 19 de septiembre, que a principios de los años 90 la propiedad era “modesta” pero ahora luce una “riqueza cínica y descarada” producto del enriquecimiento sexenal, por lo que consideró que el Congreso de la Unión debía investigarlo.
Los diputados del PRI, Gerardo Sosa, Víctor Valencia de los Santos y Andrés Carballo, formalizaron el 20 de septiembre la petición; el 2 de octubre se dio a conocer que el empresario mexiquense Luis Miguel Moreno Vélez reveló que Marta Sahagún habría pedido que comprara un jeep rojo que deseaba regalar a Fox.
Junto a la información en torno a la camioneta Hummer de la cual se desconocen los orígenes, estos elementos fueron vitales para que los diputados impulsaran la comisión especial Fox.
El 11 de abril del próximo año se termina la vigencia de dicho órgano, aunque si para entonces existiera una auditoría podría extenderse su periodo hasta su conclusión.
El diputado del PVEM Xavier López Adame reconoció que cuentan con tiempo limitado que “no nos da para mucho”, por lo que tendrán que ser eficaces y actuar rápido.
Al final, la comisión deberá presentar un informe de actividades ante la Jucopo. Podrá allegarse de información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con autoridades y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo.
A la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá pedir revisiones o auditorías que le permitan determinar la veracidad o falsedad de los señalamientos realizados.
En el acuerdo se destaca que las comisiones especiales no se pueden establecer para revisar actos de particulares, mismos que no pueden ser citados a comparecer ni requeridos para presentar información. Por ello, el ex presidente no podrá ser citado por diputados.
Antes de su aprobación, hubo debate en tribuna. Juan José Rodríguez Prats (PAN), reconoció que su bancada avaló la comisión, a pesar de no estar de acuerdo. Equiparó a Fox con otros dos ex presidentes “maltratados” por el Congreso de la Unión: Benito Juárez, y Francisco I. Madero, a quienes en su momento se les pidió la renuncia.
Por su parte, Santiago Creel, presidente de la mesa directiva del Senado, salió en defensa del ex presidente Vicente Fox y se pronunció en contra de que se le quiera acallar o amordazar.
No compartió lo dicho, el miércoles, por el secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña quien recomendó a Fox guardar silencio.
Según Santiago Creel, el ex presidente tiene derecho a defenderse y hacer valer su verdad.
Defensa de Lujambio
El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio, aseguró ayer que por ahora no hay evidencias de que Vicente Fox Quesada haya sustraído documentos confidenciales o reservados del archivo de la Presidencia.
“Algo que es importante aclarar es que no hay ninguna presunción que nos haga pensar, nada en la mesa sugiere que el (ex) presidente Fox se llevó documentos originales del archivo que resguarda la Presidencia, y que en unos meses va a enviar en términos de Ley al Archivo General de la Nación”, dijo Lujambio durante un evento de la Coparmex, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En palabras de Fox
El ex presidente Vicente Fox aseguró en entrevista con la cadena de noticias CNN que la comisión que se integró ayer en la Cámara de Diputados para investigar su presunto enriquecimiento inexplicable, sólo servirá para perder el tiempo. A continuación un extracto de sus declaraciones:
- ¿...Usted se enriqueció ilícitamente sí o no?
- No, es fruto de mi trabajo...
-¿Qué pasa con la camioneta Hummer que usa?
-Esa camioneta es del Estado Mayor Presidencial, no es mía, ¿qué más?
-Pero usted la usa...
-Claro, muchos coches uso, ¿quién me lo prohíbe? La manejo, no la uso.
-¿...Ofreció beneficios a las otras personas que le hicieron regalos como el jeep?
-Falso, no es mío ese jeep, ni me lo ha regalado nadie.
-¿Por qué lo usa usted?
- Deja que investiguen, que hagan su tontería, déjalos. Tú nomás estate atenta a la verdad y ojalá como acusan después reconozcan lo que se equivocaron, porque eso no pasa en esas comisiones; se usan políticamente, son acciones de los oponentes para poner piedritas en el camino a mí, a mi partido y a la Administración actual en el país.
DEMANDA WORNAT AL ESTADO MEXICANO
La periodista argentina Olga Wornat denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que ese país violó sus derechos, confirmaron ayer fuentes del organismo y el letrado de la demandante.
El caso, que tiene su origen en un libro de la periodista sobre la ex primera dama de México Marta Sahagún y su familia, se presentó el miércoles ante la CIDH, aseguró Pablo Miguel Jacoby, abogado de Wornat.
El texto de la denuncia sostiene que tras la publicación de su libro “Crónicas Malditas, desde un México desolado”, Wornat “comenzó a recibir hostigamientos y amenazas y debió soportar dos juicios civiles promovidos por figuras públicas, pertenecientes a la familia del ex presidente de la República Vicente Fox”.
Uno de los juicios civiles concluyó con una sentencia definitiva en contra de la periodista.
Esta demanda fue interpuesta por Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de un matrimonio anterior de la actual esposa del ex presidente Vicente Fox (2000-2006).
La ex primera dama mexicana tramitó otra demanda civil que aún está pendiente de una resolución definitiva de las instancias judiciales superiores.
Tanto Sahagún como Bribiesca Sahagún salen mal parados en el libro de Wornat.
Jacoby explicó que Bribiesca Sahagún inició el proceso legal, al alegar que se sentía ofendido por las referencias a él en el libro.
Según la denuncia ante la CIDH, “el caso de Olga Wornat demuestra claramente la utilización de las instituciones en México para acallar la difusión de información de interés público y la crítica al desempeño de funcionarios y personas públicas”.
El texto mencionó, además, que el caso “se enmarcó en una embestida protagonizada por el entonces presidente de la República, Vicente Fox, contra los medios de prensa que difundieran las irregularidades cometidas por su entorno familiar”.
El caso exhibe, según la denuncia presentada por Wornat, “cómo ciertos procesos judiciales pueden ser utilizados como mecanismos de censura, a fin de limitar la expresión de opiniones e ideas sobre el comportamiento de ciertos personajes públicos, animadas por un sentido crítico”.
Además, se hizo hincapié en que las amenazas contra Wornat no fueron debidamente investigadas por las autoridades judiciales de México, por lo que en el presente caso también se habría violado su derecho a la integridad personal.
