La defensa de Manuel Antonio Noriega presentó declaraciones del embajador francés Pierre Henry Guignard como pruebas para sustentar su petición de bloquear su extradición a Francia, porque no se le reconocería como prisionero de guerra.
La documentación turnada ayer por los abogados Frank Rubino y Jon May ante la Corte del juez federal estadunidense, con sede en el sur de Florida, William Hoeveler detalló lo dicho por Pierre Henry Guignard, embajador de Francia en Panamá.
El 25 de agosto pasado, según los abogados del ex gobernante panameño, en el diario La Prensa apareció una declaración de Guignard, en la cual aseguró que en Francia Noriega sería un prisionero ordinario y no de guerra.
El 26 de julio pasado, agregó la documentación, apareció otra información en la publicación Panamá América, en la que Guignard aseguró que si es extraditado a Francia el ex gobernante sería tratado como cualquier otro convicto de “lavado” de dinero.
Además señaló que no gozaría de los privilegios que se le dieron en Estados Unidos.
Los abogados, quienes presentaron también testimonios de periodistas que hicieron las entrevistas, dijeron que el Ministerio del Exterior de Francia aclaró que no reconoce a Noriega como prisionero de guerra, pero sí le concederá el trato que recibe en Estados Unidos.
En su opinión, ello es insuficiente para garantizar que a su cliente se le respetara su estatus de prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra.
El estatus de prisionero de guerra se le concedió tras ser convicto en 1992 de narcotráfico en Miami, Florida, luego de ser derrocado por una invasión militar de Estados Unidos.
Piden a CIDH impedir entrega
Grupos de derechos humanos pidieron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar medidas cautelares para impedir la extradición a Francia del ex dictador Manuel Antonio Noriega cuando salga de prisión en Estados Unidos.
La solicitud de “medidas cautelares urgentes” fue presentada ayer por un grupo de activistas y organizaciones de derechos humanos panameños ante la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
La petición se fundamenta en que con el eventual traslado de Noriega a Francia, apenas salga de prisión el próximo domingo -tras permanecer 17 años encarcelado- se fomente la impunidad por los delitos que cometió en Panamá, indicaron los demandantes.
Su extradición a Francia “le granjeará impunidad, dada la imposibilidad de imponerle el cumplimiento cierto de las penas a él impuestas por los delitos cometidos en territorio panameño”, señaló la nota remitida a la CIDH.
