Algunos voceros de partidos políticos de izquierda así como aislados presentadores de noticias en medios electrónicos han expresado su desconfianza ante la llamada “Iniciativa Mérida” en que se pretenden comprometer mutuos esfuerzos, tanto de mexicanos como de estadounidenses, para una lucha conjunta contra el narcotráfico doméstico e internacional.
Los suspicaces apuntan que dicho convenio podría ser usado como pretexto para una intervención policiaca y de Inteligencia en nuestro país.
Antecedente latinoamericano de la citada iniciativa es el tratado similar que el país del Norte firmó hace varios años con el Gobierno de Colombia para intentar resolver el problema de salud pública y política en que fueron mixtificados el tráfico y la venta de drogas en dicha nación; todo aquel sucedido desde que el área geográfica de “Los Llanos” situada en la vecindad de Colombia y Venezuela, fue convertida en refugio seguro para las brigadas o grupos radicales de ideología comunista las cuales se unieron a las fuerzas del narcotráfico en un intento desestabilizador contra el Gobierno colombiano, el cual fue acometido con bombazos callejeros y escandalosos secuestros de varios reconocidos personajes de la política y de los medios de comunicación.
El negocio de producción, transporte y venta de drogas, unido a una radical bandería ideológica, resultó ser, sin duda, una fuente boyante de ingresos para los zares del narcotráfico como para la sedición política, y ha devenido serio problema para los demás países que intentaban colocar cimientos democráticos a sus gobiernos. En México no se conoce la existencia de ligas de contubernio entre el extremismo de izquierda y las bandas del narcotráfico, pero siempre hay quienes piensan en que no es posible descartar que esa tan indeseable connivencia pudiera concretarse en el futuro.
Esta probabilidad unifica a los gobiernos de Estados Unidos y de México en contra del proyecto. A pesar de que aquel país es públicamente reconocido como asaz pasivo, omiso e ineficaz en el combate a la venta y el consumo de narcóticos en su propio territorio. ¿A qué se debe entonces que recientemente se hayan convertido en agudos críticos y exigentes denunciantes de esa mixtura de intereses clandestinos tanto en México como en otros países de América Latina?
Resulta sospechoso el patrocinio antinarco de Estados Unidos a México y se le interpreta como un pretexto para extender mayores obligaciones mexicanas en el campo de la política de seguridad continental. Sin embargo, todo se ha dado en un terreno hipotético, ya que se desconocen los términos precisos del documento a firmar si es que recibe la sanción de las Cámaras de Senadores de México y de EU.
Es posible que hubiera razón en los suspicaces; pero también puede ser que sus argumentos sólo sean figuraciones a la defensiva en el caso de las dudas de la izquierda. Pero como “el que con leche se quema hasta al jocoque le sopla” según dice una conocida conseja, habría que pensarlo más de una vez, ya que eso queda bien a los dos puntos de vista, pues igual son temibles las tácticas del imperialismo yanqui como conocidas e indeseables las estratagemas del izquierdismo tropical, instalado en Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Veamos y analicemos el texto de la convención diplomática propalada entre México y Estados Unidos, si es que no la sellan como “top secret”. Suponemos que los congresistas de uno y otro país van a leer la letra chiquita con lupa grande, pero igualmente deben ser publicados sus términos para ilustración y salvaguarda de las sociedades de ambas naciones, según dicen los opinadores públicos nacionales. En este caso y como nunca antes, primero veremos y después diremos.