Casi dos años han transcurrido del inicio de la invasión del Arroyo Seco y el caso aún no se resuelve.
El Siglo de Durango
Han pasado 22 meses desde que 200 familias decidieron instalar sus jacales en el antiguo cauce del Arroyo Seco. Aún esperan que los terrenos federales les puedan ser otorgados para regularizar su situación e insisten en la destitución de Otniel García Navarro, director del Instituto de Vivienda (IVED).
Benito Hernández González, dirigente de la Organización de Vecinos Independientes de la Colonia Constitución, ayer regresó a las instalaciones del Palacio de Gobierno para solicitar que de una vez por todas se les dé una respuesta concreta y que García Navarro deje el cargo; de no ser así, amenazó con ponerse a partir de este día en un plantón permanente en la Plaza IV Centenario.
Desde que fue aprehendido en octubre por las autoridades estatales, a raíz de una denuncia que interpuso el Director del IVED en su contra por los cargos de motín y violación de recintos oficiales, el dirigente social no había vuelto a las instalaciones gubernamentales.
Fue acompañado por un nutrido grupo de mujeres y niños, también unos cuantos varones. Para sustentar sus peticiones y argumentos llevó consigo varios documentos oficiales, con los que demostró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) porque se encuentran en propiedad federal, no así porque sea una zona de riesgo.
Luce mucho más delgado que hace meses y negó que protagonicen una invasión, se trata de una posesión irregular: “Es algo pacífico y de forma permanente”.
Su molestia contra García Navarro es porque ha seguido con declaraciones que instan a la PGR a que actúe en contra de los que están asentados en el antiguo cauce del Arroyo Seco. El propio Gobernador del Estado ha hecho las gestiones para que la propiedad les sea cedida, según lo narró.
Solicitaron ante la autoridad estatal que el responsable del IVED sea cambiado, al considerar que los ataca sin motivo. “En lugar de darnos atención, me fabricó una demanda por lo cual estuve preso sin tener culpa de nada, no se vale porque está aprovechando un puesto que tiene en el Gobierno”, denunció.
ACLARACIÓN
En el oficio número BOO.E.23.01/055 emitido por la Conagua, dirección local, se explica que el motivo de la denuncia ante la PGR en contra de las personas que se asentaron en los antiguos cauces del Arroyo Seco no es porque se encuentren en zona de riesgo, sino porque ocupan terrenos propiedad de la nación sin tener la autorización para ello.
El documento firmado por Jorge Nevárez Montelongo, director de la Conagua en Durango y con fecha del 26 de octubre del 2007, indica que la instalación irregular de las personas constituye un delito según el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.
“Toda vez que esta Comisión acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales, tiene la administración de dichos bienes; por lo tanto, existe la obligación de realizar las acciones que sean necesarias para recuperar la posesión de los terrenos que fueron cauce y zona federal de la corriente denominada Arroyo Seco”, se explica.
