Los documentos extraídos eran evidencia de la falsificación de firmas en el caso minero.
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 15 servidores públicos de la delegación metropolitana que tuvieron acceso al expediente del que se sustrajeron documentos del sindicato minero.
Ayer, personal de la Visitaduría General realizó inspecciones en los domicilios de los sospechosos e inició el rastreo de sus cuentas bancarias, y también se verifica su situación patrimonial, en busca de evidencias de los actos de corrupción que se investigan.
Los documentos extraídos eran evidencia de la falsificación de firmas que permitió el cambio de dirigencia del sindicato nacional de trabajadores mineros en febrero de 2006 para destituir a Napoleón Gómez Urrutia.
Autoridades de la dependencia confirmaron que los servidores -en su mayoría adscritos a la Mesa de Trámite número 20- están bajo custodia, en calidad de presentados y no detenidos, incluyendo al ex delegado metropolitano Armando del Río Leal, pero se espera que en las próximas horas la Visitaduría General cuente con elementos para identificar a los presuntos responsables de la desaparición de los documentos.
Entre los servidores bajo investigación, además de Del Río Leal, está Rosalía Espinosa Martínez, subdelegada de Procedimientos Especiales; la agente ministerial Martha Contreras Rosales; los titulares de mesa y sus secretarios de los diversos turnos, incluyendo a auxiliares ministeriales y secretarias.
Se detalló que hasta el momento seis de los trabajadores investigados han incurrido en contradicciones en sus declaraciones, en cuanto al resguardo y manejo de la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XX/5393/2006, de la que entre el 11 y 12 de abril se extraviaron los originales de la toma de nota que elaboró la Secretaría del Trabajo el 17 de febrero del año pasado, para designar como líder sindical a Elías Morales Hernández, así como cinco actas del sindicato en las que se asentaron las firmas apócrifas.
En la investigación, la PGR no sólo está tomando en cuenta las declaraciones ministeriales de los servidores públicos, también ayer personal de la Visitaduría General realizó inspecciones en los domicilios de los sospechosos, ante la posibilidad de que el responsable de la sustracción pudiera tenerlos aún en su poder.
Además se indicó que la PGR solicitó el apoyo del sistema bancario para revisar sus cuentas, a fin de detectar una probable modificación en sus estados de cuenta, que pudiera ser evidencia de algún pago recibido a cambio de desaparecer los documentos, y también se revisa su situación patrimonial.
Las actas sustraídas que fueron repuestas el viernes por otro juego de originales que tenía en su poder la Secretaría del Trabajo, representan una evidencia clave para demostrar legalmente que en el trámite que llevó a Morales Hernández a la dirigencia del sindicato minero, se utilizaron firmas falsificadas, como indica un peritaje realizado por la dependencia, emitido el pasado dos de abril.
Al concluir estas diligencias -pues el viernes aún algunos de los empleados eran interrogados en la delegación metropolitana- la Visitaduría General definirá su situación jurídica por delitos como ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos.
Aunque funcionarios de la delegación metropolitana, de cuyas instalaciones desaparecieron los documentos, indicaron que en este caso nadie estaría libre de sospecha, ante la deficiencia en las medidas de seguridad para resguardar los expedientes.
Revelaron que los expedientes en las mesas de trámite prácticamente se guardan en cajas, a la vista de todo el personal que labora en un piso, pues no existen sitios de resguardo especiales para los tomos de las indagatorias, como sí ocurre en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que cuenta con una bóveda especial para proteger las averiguaciones previas.
