La Suprema Corte de Justicia integrará una comisión para investigar las presuntas violaciones graves de garantías durante el conflicto político y social del año pasado en Oaxaca. En la imagen, el ministro Mariano Azuela. (Notimex)
Ministros definirán hoy los temas y los objetivos de la comisión investigadora.
En la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) se alcanzó la mayoría necesaria, de al menos siete votos, para crear una comisión que investigue si existieron violaciones graves a las garantías constitucionales, cometidas por autoridades o ciudadanos, durante los conflictos magisteriales, políticos y sociales que ocurrieron en el estado de Oaxaca a partir de mayo de 2006.
Pero la votación final en torno a este caso se aplazó para hoy martes, debido a que entre los ministros que integran la mayoría existen distintas propuestas sobre cuáles deben los temas y los objetivos que debe fijarse la comisión investigadora.
Antes de concluir la sesión comenzó a tomar fuerza una propuesta de última hora que hizo el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz, para que la comisión investigadora tenga entre sus objetivos principales determinar si la omisión y la pasividad de autoridades federales o estatales para intervenir y resguardar la seguridad de los ciudadanos alentó el clima de inseguridad y los enfrenamientos que se vivieron en Oaxaca.
Este objetivo se sumaría a los que en primera instancia se habían fijado algunos ministros para aclarar si las autoridades incurrieron en abusos, en la extralimitación del uso de la fuerza pública y si también hubo violaciones a las garantías provocadas por particulares.
Esto permitiría que algunos servidores públicos y ex funcionarios sean investigados por haberse extralimitado en el uso de la fuerza, pero también por haber incurrido en omisiones que avivaron aún más el conflicto en Oaxaca.
Aunque no se han mencionado nombres, en la Corte se considera que entre los funcionarios que tendrían que ser investigados destacan el caso del ex presidente Vicente Fox, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y el actual procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora, quien tenía a su cargo la secretaría de Seguridad Pública federal en el momento de los hechos.
La propuesta de Ortiz de inició convenció a su compañero Sergio Aguirre Anguiano, uno de los ministros que se ha mostrado más renuentes a que la Corte ejerza su facultad de investigar hechos graves violatorios de garantías. Pero condicionó su voto a que las indagatorias se concentren únicamente en este punto.
Juan Silva Meza, quien tiene a su cargo el caso, le dijo que la propuesta de Ortiz era claramente compatible con los otros objetivos que se plantearon como parte de la investigación.
Como parte de los objetivos a fijar los ministros Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y José Ramón Cossío se pronunciaron porque la averiguación parta de las investigaciones que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a estos hechos, pero sin prejuzgar de antemano sobre la existencia o no de violaciones graves a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
En contraste con estas opiniones, los ministros Mariano Azuela, Sergio Valls y José de Jesús Gudiño Pelayo en todo momento se opusieron a que la Corte investigue los hechos ocurridos en Oaxaca.
Instalan maestros y APPO plantón indefinido
Los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca desplegaron sus tiendas de campaña con plásticos multicolores e instalaron el plantón indefinido en el zócalo y la alameda central.
"No tememos a la represión porque contamos con el respaldo de la sociedad, pero no descartamos el uso de la fuerza pública porque dentro del poder hay grupos interesados en una salida violenta", dijeron por separado el líder magisterial Ezequiel Rosales Carreño y los dirigentes appistas Florentino López y Cástulo López Pacheco.
La sección 22 del SNTE y la APPO cumplieron así con los acuerdos adoptados en sus respectivas asambleas: mantener la movilización, hasta que la Secretaría de Gobernación responda positivamente a sus demandas económicas y políticas, es decir más recursos para la rezonificación y la libertad de los presos políticos.
Antes de que llegaran al zócalo, los maestros y activistas de la APPO marcharon por las calles de la ciudad desde el parque conocido como El Llano y en medio de consignas contra el gobernante priísta, Ulises Ruiz Ortiz, llegaron a lo que definen como el corazón de la resistencia.
No llegaron los siete mil maestros, correspondiente al 10% de los 70 mil trabajadores de la educación. Algunos calcularon que el plantón representativo inició con dos mil mentores, sobre todo de la región de Valles Centrales. La razón, explicaron los líderes, "es que el acuerdo se procesó el sábado y la información apenas fluye hacia las regiones más distanciadas de la capital. A media semana llegarán todos".
El zócalo de nueva cuenta se vio desbordado con las pancartas, las tiendas de campaña y los plásticos de todos los colores. Así comenzó el 22 de mayo del 2006 y así continuó después del fallido desalojo del 14 de junio del año pasado, hasta fines de octubre, cuando la Policía Federal Preventiva (PFP) irrumpió en la capital.
Los dirigentes de la APPO Cástulo López Pacheco y Florentino López López insistieron en su llamado a la Secretaría de Gobernación, "para que abra una mesa de diálogo" con los líderes appistas. El próximo sábado, el magisterio valorará la primera semana del plantón en una nueva asamblea estatal que se realizará en la capital.
