Empleados que participaron en la remodelación de Los Pinos, gozan hoy de buenos cargos en la actual Administración.
Una media docena de funcionarios federales, involucrados en la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos, goza de buenos cargos en la actual Administración, a pesar de que fue señalada en actividades irregulares en el proceso de adjudicación de los trabajos de la casa presidencial, en la remodelación de las cabañas de Vicente Fox y Marta Sahagún.
María Isabel Jiménez Almaraz inició el sexenio de Vicente Fox como directora de Finanzas en la Presidencia de la República. El 9 de febrero de 2001 “prestó” 7 millones 900 mil pesos al Estado Mayor Presidencial (EMP), a fin de que cubriera las “necesidades urgentes” del arquitecto Humberto Artigas del Olmo, quien estaba a cargo de las obras en Los Pinos, de acuerdo con auditorías.
Por la transferencia de esos recursos y conductas irregulares, durante la adjudicación de los trabajos en las cabañas presidenciales, la contadora pública debió pagar una multa de 16 mil 63 pesos, y estar suspendida seis meses de sus funciones.
Según los datos de las auditorías y las trayectorias de los funcionarios, se desprenden las sanciones y los actuales puestos en el Gobierno Federal.
Entre los funcionarios federales involucrados, Jiménez Almaraz fue la más castigada por la Secretaría de la Función Pública, después de la auditoría realizada a raíz de que se hizo público el llamado “toallagate”.
La entonces secretaría de la Contraloría estableció las irregularidades cometidas en la asignación de los cuatro contratos para modernizar la casa presidencial, y realizó una investigación para determinar la gravedad de las conductas de los funcionarios administrativos de la Presidencia de la República.
Inicialmente, investigó a los integrantes del Comité de Adquisiciones de Los Pinos y después procedió contra los presuntos responsables de las irregularidades.
De acuerdo con los procedimientos administrativos 42 y 43/2001, los castigos más severos fueron para Jiménez Almaraz; Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones en Los Pinos y Gustavo Cortés Valdés, coordinador de presupuesto y contabilidad, quienes también quedaron suspendidos seis meses de sus cargos.
A pesar de las irregularidades detectadas por los auditores, el staff administrativo de Los Pinos apenas si fue amonestado por el “toallagate”.
El principal responsable de la obra, Carlos Rojas Magnon, no fue castigado, mientras que ocho mandos medios de Los Pinos fueron responsabilizados de un fraude cometido por la empresa Humberto Artigas y Asociados, así como del daño patrimonial sufrido por el erario.
Rojas Magnon, de acuerdo con la auditoría, había incurrido en conductas sancionables, pero renunció a su cargo como coordinador administrativo el 27 de junio de 2001, un día antes de que se entregara el informe de la investigación.
“(Es responsable) al proponer la contratación, por adjudicación directa, ejerciendo funciones sin haber tomado posesión legítima del cargo y al haber suscrito los contratos”, subraya la auditoría.
Entre el resto de los responsables, ninguno recibió una sanción mayor a una suspensión de seis meses.
Cumplidas las sanciones, los funcionarios se mantuvieron en sus cargos y aún continúan en el servicio público.
Jiménez Almaraz pasó a la dirección de administración y finanzas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, mientras que Cortés Valdés terminó el sexenio como director de programación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Eduardo Seldner Ávila, coordinador administrativo de la oficina ejecutiva, fue sancionado con tres meses de suspensión y después fue nombrado director de Finanzas y Presupuesto. Actualmente se desempeña como titular del Órgano Interno de Control del Consejo de Promoción Turística de México.
Samuel Zambrano, contralor interno y asesor en Los Pinos cuando el “toallagate”, fue suspendido 15 días de sus funciones y obligado a pagar una multa de 18 mil 148 pesos.
Coordinador administrativo de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Gabriel López Figueroa, representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, fue suspendido 45 días. Hoy es director de Normatividad Inmobiliaria en la Secretaría de la Función Pública.
