El gobernador de Guerrero y el director general de la Comisión Federal de Electricidad carecen a tal punto de respeto por sus interlocutores y de sensibilidad política, ignoran de tal modo el potencial explosivo de sus acciones y omisiones que incurren abiertamente en la irresponsabilidad. Tienen delante de sí conflictos frente a los cuales deberían proceder con extrema prudencia y en vez de hacerlo así descuidan sus tareas y aun generan provocaciones.
Alfredo Elías Ayub dijo el martes que un juez federal dictó un fallo definitivo que hace posible la construcción de la presa La Parota, no lejos de Acapulco, a cuyas obras se oponen comuneros que habían conseguido una suspensión provisional. El anuncio del director de la CFE generó una reacción extrema entre los antagonistas del proyecto, que han renovado su decisión de permanecer en sus tierras a cualquier costo, incluso el de sus vidas. De haberse dictado una sentencia definitiva en el caso, los comuneros hubieran estado obligados a acatarla, pues si aceptaron presentarse ante la justicia federal y festejaron decisiones que les daban la razón por congruencia mínima deben admitir las adversas. Pero Elías Ayub se anticipó a ese eventual fallo definitivo. La resolución favorable a la Comisión Federal de Electricidad es susceptible de revisión, la segunda instancia en los juicios de amparo, y la demanda correspondiente ya fue admitida. No está dicha, por lo tanto, la última palabra y haber hecho creer lo contrario alebrestó los ánimos de los comuneros y, lo que es más importante, suscitó una reacción peligrosa. El Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Revolucionario Popular Independiente, guerrillas que nacieron y actúan en Guerrero notificaron a los comuneros de Cacahuatepec su disposición a apoyarlos. Si se tratara de un acto de solidaridad política, como el expresado por otras agrupaciones, la decisión entraría en el ámbito de las libertades públicas. Pero el EPR ha generado estallidos en instalaciones de PEMEX en meses recientes, ha mostrado con ello sus capacidades de fuego y de organización, y sería terrible para todos que orientaran sus acciones contra el organismo público que genera y distribuye la electricidad. No haber percibido las consecuencias de un falso anuncio, o al menos de un anuncio apresurado muestra ignorancia sobre la verdadera dimensión del problema en La Parota, sobre la densidad social que implica el desplazamiento, eventualmente forzado, de pobladores que no quieren perder su patrimonio ni ver destruido el ambiente en que viven.
Es peor aún la conducta del gobernador Zeferino Torreblanca frente a los normalistas de Ayotzinapa, a los que debería haber recibido esta semana, según se ofreció, y ahora ha aplazado el encuentro para la próxima, como si no se percatara que el tiempo transcurre para él con efectos diferentes que para los estudiantes que reclaman su atención directa a sus demandas.
La escuela normal rural de Ayotzinapa es parte de un noble sistema educativo en extinción. Llegó a haber 28 establecimientos de ese tipo, y ahora perduran sólo 16, cada vez más sujetos a limitaciones en su funcionamiento y con horizontes profesionales menos abiertos para sus egresados. Tiempo hubo en que los jóvenes maestros que en ellas se formaban tenían asegurada sus plazas docentes en las poblaciones de donde eran originarios y que los enviaban a prepararse. Pero ha disminuido la matrícula escolar (no porque hayan disminuido la necesidad sino porque la pobreza expulsa de la educación a los más desfavorecidos), se requieren menos profesores y por lo tanto se regatean las plazas a quienes las demandan.
Ayotzinapa se ha hecho famosa en la cultura política popular porque Lucio Cabañas, el guerrillero famoso fue estudiante allí, y fue dirigente de la Federación de estudiantes campesinos socialistas de México, cuyo nombre y existencia deben parecer una antigualla a los gobernantes asidos a una falsa modernidad, pero de la que todavía forman parte los normalistas que han acudido a mostrar su solidaridad con los reclamos de sus compañeros, 535 estudiantes y los 75 egresados que están en movilización, aquellos por mejorar las condiciones de su vida cotidiana en su plantel, y éstos en pos de un empleo para el que se prepararon.
En sus jornadas de protesta, el 14 de noviembre entraron por la fuerza a la sede de la Legislatura local, de donde fueron desalojados con violencia aún mayor. Antes y después de ese episodio, con que quiso ponerse fin al movimiento, habían intentado dialogar con el gobernador Torreblanca, que no se ha dignado recibirlos. Diputados locales les dijeron haber interpuesto sus buenos oficios para que el Ejecutivo local los escuchara antes del 30 de noviembre, pero o mintieron o a ellos se les mintió, pues el secretario de Gobierno anunció que apenas la próxima sería posible tal encuentro. El aplazamiento no hará más que exasperar a los estudiantes. Si fuera imposible otorgar las 75 plazas en cuestión, todo radicaría en explicar las causas. Pero es sabido por los demandantes, y lo sabe la sociedad en Guerrero, que hay miles de comisionados en la Secretaría de Educación local, usurpando puestos de trabajo que podrían ser utilizados de modo socialmente productivo.
Elegido como candidato del PRD, Torreblanca se comporta en todos los terrenos de su Administración como sus antecesores priistas, a quienes caravanea y con quienes se reúne en vez de hacerlo con quienes lo necesitan.
