?La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier lugar?. Martin Luther King Jr.
Ayer por la madrugada un fuerte contingente policial retiró las barricadas que un grupo de vecinos de Tepito estableció en la calle de Jesús Carranza para resistir el desalojo por la expropiación decretada por el Gobierno del Distrito Federal en días pasados. Y qué bueno que así ocurrió. No es común que las autoridades capitalinas utilicen la fuerza pública para impedir que un grupo de personas bloquee una vía de circulación.
La pregunta de fondo es por qué en este caso sí y en otros no. ¿Por qué la fuerza pública de la Ciudad de México sí intervino ayer, pero no cuando el PRD organizó un plantón en el Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle de Madero? ¿Por qué los ciudadanos debemos sufrir cada vez que un grupo cualquiera bloquea calles?
La razón es muy sencilla. Los grupos que bloquearon el centro de la Ciudad de México el año pasado eran miembros y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y del PRD. Éste es el caso también, en buena medida, de las manifestaciones y bloqueos que se han hecho una pesada y cotidiana carga en la ciudad más grande del país. Pero quienes bloqueaban la calle de Jesús Carranza, si bien han afirmado abiertamente que apoyaron al PRD y a Marcelo Ebrard en los comicios de este 2006, se han convertido en un obstáculo para el esfuerzo del jefe de Gobierno de limpiar las actividades de narcomenudeo en el barrio de Tepito.
En artículos anteriores he expresado ya mi acuerdo con el objetivo, el combate a los distribuidores de droga del barrio bravo, pero un desacuerdo total con el uso de la expropiación como arma para llevar a cabo este propósito. La razón es que el ?castigo? ha afectado por igual los derechos de propiedad de inocentes y de culpables. Además, ha tirado a la basura los derechos que la Constitución le da a cualquier acusado de ser juzgado por un Tribunal, de exigir pruebas de su culpabilidad y de defenderse jurídicamente.
Pero aun suponiendo que ?el fin justifica los medios?, como sostienen muchos perredistas, el bloqueo de Jesús Carranza estaba afectando los derechos de terceros a la libre circulación. Por eso estoy de acuerdo en que la fuerza pública a cargo de Joel Ortega haya liberado la calle.
Lo ideal sería, sin embargo, que éste no fuera un hecho aislado. Ojalá que, a partir de este momento, las autoridades del Distrito Federal decidieran aplicar la Ley sin distingos y que no permitieran a nadie, aun cuando se tratara de grupos del PRD o cercanos al partido, bloquear calles u otras vías de comunicación. Muy saludable sería que, quienquiera que pretendiera ventilar un agravio ante la población, lo hiciera sin violar los derechos de terceros.
Sería bueno también que los perredistas hicieran las mismas exigencias de apertura ante las autoridades del Distrito Federal que hacen a las autoridades federales o a las de entidades gobernadas por otros partidos. Hemos visto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunciar la existencia de abusos en contra de los manifestantes de San Salvador Atenco (que también bloquearon una vía de comunicación), pero esta denuncia sólo pudo hacerse porque las autoridades federales y estatales permitieron el trabajo de los visitadores y de los medios de comunicación.
En los desalojos de Tepito, en cambio, la Policía capitalina no permitió el trabajo ni de unos ni de otros. Incluso después que el secretario Ortega se disculpó, diciendo que se había impedido el trabajo de reporteros y visitadores por su propio bien, pero que ya no se pondrían obstáculos a su trabajo, el mando operativo siguió impidiendo su actividad. De hecho, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, señaló ayer en una entrevista radiofónica que la institución procedería en contra del mando que impidió el trabajo de los visitadores.
Uno de los principios fundamentales del derecho, y una norma que debe prevalecer en cualquier sociedad que se precie de equidad, es que todos debemos gozar de los mismos derechos. No es posible que se apliquen ciertas normas a quienes actúan cobijados en la bandera del partido de Gobierno y otra distinta a quienes se opongan a una política promovida por ese mismo Gobierno.
El Gobierno del Distrito Federal ha emprendido algunas acciones positivas en los últimos días que hay que aplaudir. Una de ellas, sin duda, es tomar medidas serias contra el narcomenudeo cuando el resto de los Gobiernos locales del país han buscado escapar a su responsabilidad. Otra ha sido la de actuar en contra del bloqueo en la calle de Jesús Carranza organizado por los afectados por la expropiación de Tepito. Pero perseguir estos buenos propósitos en el marco de la Ley, y actuando con equidad frente a todos los ciudadanos, le daría a estas acciones una mayor virtud.
EJÉRCITO Y SIDA
Hoy terminarán de decidir los ministros de la Suprema Corte de Justicia si las Fuerzas Armadas tienen derecho a expulsar de sus filas a aquellos soldados que padezcan Sida. Faltan aún cuatro votos para definir el fallo. Si los ministros aceptan que las Fuerzas Armadas pueden actuar de esta manera, será posible también que se destituya a quienes sufran de cáncer o de diabetes o de cualquier otra enfermedad. Sería un pésimo precedente y el comienzo de una temporada de cacería de enfermos. Esperemos que la decisión final respete los derechos humanos de los enfermos.
