?Primero los matamos y luego viriguamos?. Procedimiento de la ?ley fuga?
Muy inquietante ha resultado que en su primera crisis como presidente, el alza en el precio de la tortilla, el Gobierno de Felipe Calderón haya aplicado medidas políticamente rentables, pero violatorias de la ley.
La semana pasada el Gobierno Federal anunció con bombo y platillo que había clausurado un grupo de bodegas en Jalisco e incautado el maíz que ahí se encontraba debido a la sospecha de que las empresas dueñas llevaban a cabo prácticas de acaparamiento.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló que tomaba esta medida, con apoyo de la PGR, porque había encontrado en esas bodegas cantidades similares de maíz a las que había registrado en visitas previas. Suponía, por tanto, que el grano estaba siendo ocultado y acaparado. Las empresas dueñas de esas bodegas y de ese maíz podían recuperar sus propiedades, es verdad, pero para eso tenían que presentar pruebas de que no hubieran incurrido en prácticas de acaparamiento.
La forma en que ha operado la autoridad en este caso, sin embargo, no sólo es contraria a la ley sino, en términos prácticos, contraproducente, ya que lo que está logrando es reducir la oferta y, por ende, aumentar la presión al alza del precio del maíz y de la tortilla.
Nuestro sistema jurídico da a los gobernados una serie de garantías que son fundamentales para evitar abusos de la autoridad. Una de ellas es que uno no puede ser castigado por la mera sospecha de que haya uno cometido un delito. Si uno va a ser castigado legalmente en su persona, o en sus propiedades, debe ser porque se ha comprobado la comisión de una falta.
Es ilegal clausurar una bodega e incautar el producto almacenado porque ésta tiene la misma cantidad de maíz que unos días o semanas antes. No hay ninguna ley que prohíba tener la misma cantidad de producto en una bodega durante varios días y preocupa que la Profeco no lo sepa o, sabiéndolo, abiertamente viole la ley. Tampoco se puede clausurar una bodega por la sospecha de que quizá esté realizando prácticas de acaparamiento. Si hay una sospecha, hay que investigar y comprobar para actuar judicialmente.
La comprobación del delito, por supuesto, le toca a la autoridad. Es el acusador el que debe investigar y presentar ante un juez las pruebas que fehacientemente demuestren la culpabilidad del acusado. No le toca al acusado demostrar su inocencia, como exige la Profeco en el caso de las bodegas de maíz de Jalisco.
La información que ha ido surgiendo en el caso de Jalisco sugiere que la autoridad no sólo violó la ley al cerrar bodegas por una sospecha en lugar de una certeza sino que además se equivocó en su sospecha. La empresa Cargill, a la cual le fue cerrada una de sus bodegas, ha reconocido que sí, por supuesto, la cantidad de maíz en la bodega era la misma que en la visita anterior, pero eso no significa que el maíz haya sido el mismo; el grano entra y sale, pero la bodega usualmente mantiene cantidades similares en sus bóvedas. Para eso, precisamente, existen las bodegas, para tener un inventario que permita dar servicio a los clientes. Pero al parecer esto es algo que la Profeco desconoce.
Otros operadores de bodegas han expresado quejas similares. En ninguno de los casos la autoridad ha comprobado ilícito alguno. Simplemente ha actuado bajo la vieja lógica de la ley fuga: ?Primero los matamos y luego viriguamos?. Es una lástima, de hecho, que Felipe Calderón, un presidente que llegó al poder prometiendo respetar el Estado de Derecho, haya empezado su sexenio violando la ley.
Con anterioridad la Profeco hizo a las pequeñas tortillerías el objetivo de sus acciones. Así, cerró algunos de estos establecimientos por aumentar el precio de la tortilla cuando en México no existe el control de precios y por lo tanto no hay fundamento legal para ese tipo de medidas.
Lo peor de todo es que clausurar bodegas o incautar maíz tiene consecuencias prácticas opuestas al propósito del presidente Calderón. La manera lógica de combatir una escalada de precios como la que hemos visto en la tortilla en los últimos meses es aumentar la oferta del producto y de sus insumos. Por ello tiene sentido aumentar los cupos de importación de maíz, cosa que ha hecho la Secretaría de Economía. Pero las acciones de la Profeco, como cerrar tortillerías o clausurar bodegas de maíz sin fundamento legal, tienen consecuencias exactamente contrarias. El resultado es disminuir la oferta de maíz al mercado y, por lo tanto, presionar al alza el precio de la tortilla.
Yo no sé si alguien ha estado acaparando y ocultando el maíz en los últimos meses en México. Si se demuestra que alguien lo ha hecho, que se le castigue, porque esto sí constituye un delito. Pero ninguna ley de México o del mundo considera un delito tener maíz en una bodega que está hecha precisamente para almacenar este producto y servir de base para su distribución.
FERNÁNDEZ NOROÑA
¿Qué vamos a hacer en los medios de comunicación sin Gerardo Fernández Noroña? Ya nos habíamos acostumbrado a que, en días faltos de información, siempre nos diera la nota. Hoy ya no será más vocero del Partido de la Revolución Democrática. Pero ¿quién sabe? Es muy probable que Fernández Noroña siga encontrando formas de darles la nota a los medios de comunicación. Es verdad que ya no hará declaraciones como ?vocero? del PRD, pero sí como secretario de comunicación del partido. Y al final quizá nadie se dé cuenta de la diferencia.
