“Cobrar impuestos a una comunidad para
beneficiar a una clase no es protección: es rapiña”.
Benjamin Disraeli
Este viernes pasado, el 16 de marzo, se conjuró a última hora la huelga a la que el Sindicato Mexicano de Electricistas había emplazado a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Mucha gente se sintió sorprendida de que el sindicato, que había exigido un incremento de 19 por ciento, hubiese decidido aceptar un alza de 4.25 por ciento horas después de haber rechazado con desprecio una propuesta de aumento de cuatro por ciento.
¿Por qué cambió un 0.25 por ciento la actitud del sindicato? La verdad es que la diferencia no fue ese cuarto de punto porcentual. La huelga se conjuró por el aumento a las prestaciones.
En la propuesta de la empresa rechazada temprano en la mañana del viernes se proponía, además del alza de un cuatro por ciento directo al salario, un aumento adicional de uno por ciento en prestaciones. En la propuesta definitiva, este incremento era ya de cinco por ciento. El alza total con la cual se evitó la huelga fue, así, de un 4.25 por ciento directo al salario y un cinco por ciento en prestaciones (dos por ciento en ayuda para transporte y tres por ciento para despensas): en total, un 9.25 por ciento, que no es nada despreciable.
¿Por qué estuvo dispuesto el Gobierno Federal a aceptar este incremento? En parte porque estaba contra la pared. La amenaza de huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, estaba presente para el mediodía del viernes. Y aun cuando las autoridades habían anunciado que utilizarían a personal de confianza para mantener en operación las instalaciones de la empresa, la verdad es que esto habría resultado difícil si no imposible sin el respaldo de los sindicalizados.
Con el aumento de sólo 4.25 por ciento en salario, el Gobierno evita establecer un precedente peligroso. Un aumento mayor en dinero en efectivo habría sido, a partir de ahora, el piso en las demás negociaciones con sindicatos importantes. Esto habría destruido el esfuerzo por mantener la inflación bajo control en este año. El que el incremento mayor, el de cinco por ciento, se haya dado en prestaciones oculta cuando menos de manera parcial el costo real del acuerdo para la empresa.
Para el sindicato, de hecho, el tener buena parte del aumento en prestaciones y no en efectivo tiene enormes ventajas. Por presión de los sindicatos, las prestaciones contractuales están en buena medida exentas de impuestos. Ya la Secretaría de Hacienda trató de eliminar este trato discriminatorio para todos los demás trabajadores impulsando el sexenio pasado una medida que habría hecho que cualquier ingreso, sin importar si fuera “prestación” o no, quedara sometido al Impuesto Sobre la Renta. Pero los sindicatos del PRI y del PRD se aliaron para impedir la entrada en vigor de esta medida. El resultado es que se mantiene la situación en la cual un trabajador que recibe dinero en efectivo tiene que pagar un impuesto mayor por un ingreso igual al que recibe quien tiene una parte de su percepción en “prestaciones”. Esto castiga en general a los trabajadores de empresas más pequeñas.
Las supuestas prestaciones, por supuesto, no son más que una forma de eludir el pago de impuestos. Los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que se encuentran entre los más privilegiados del país, reciben buena parte de su ingreso en prestaciones libres de impuestos. Hasta antes del acuerdo laboral de este 16 de marzo, la empresa pagaba a sus trabajadores sindicalizados un 19 por ciento en ayuda para transporte, un 22 por ciento en ayuda para despensas y un 36.5 por ciento en ayuda para alquiler de vivienda. Como vemos, tan sólo estas “ayudas” representan un 77.5 por ciento del sueldo nominal. Pero además hay otras, como electricidad gratuita, una pensión extraordinariamente generosa, 54 días de aguinaldo al año y muchos más días de vacaciones que la norma.
Es irritante que esta aristocracia laboral no tenga que pagar impuestos por ingresos sobre los que el resto de los mexicanos debemos cumplir con nuestras obligaciones con Hacienda. Pero más lo es el darnos cuenta de que, en parte por esta “generosidad”, los usuarios del servicio de Luz y Fuerza del Centro no sólo pagamos cara nuestra electricidad sino que además debemos dar a la empresa una cantidad adicional. Debido a que, a pesar de tener un monopolio, Luz y Fuerza pierde dinero, tan sólo en este 2007 los contribuyentes de todo el país -incluso quienes viven en zonas que no reciben electricidad de ella- tendrán que aportar 31 mil millones de pesos a su operación, un aumento de más de 150 por ciento sobre lo presupuestado para este rubro en 2001.
Es muy claro que los mexicanos salimos perdiendo en este juego. El monopolio de Luz y Fuerza del Centro no sólo nos cuesta mucho sino que ha servido para que un sindicato voraz obtenga ingresos excepcionales libres de impuestos. Y los contribuyentes del país debemos, además, subsidiar la ineficiencia de la empresa. Simplemente no es justo.
PEMEX
El Gobierno festejó ayer el 69 aniversario de la expropiación petrolera con plena conciencia de que Pemex se encuentra en una encrucijada que no podemos resolver. Mientras su producción cae, el Gobierno sigue saqueando las arcas de la empresa lo cual la deja sin dinero para invertir. O hacemos una reforma fiscal que le permita a Pemex reinvertir un porcentaje más importante de su ingreso o abrimos las puertas a la inversión privada en el sector. Lo único que no podemos hacer es seguir como estamos.
