?Un hombre peleará más por sus intereses que por sus derechos?. Napoleón Bonaparte
Este próximo 17 de febrero se cumplirá un año de que la Secretaría del Trabajo, cuando ésta era encabezada por Francisco Javier Salazar, le dio la toma de nota a Elías Morales como secretario general provisional del Sindicato Minero y Metalúrgico. El 19, por otra parte, se conmemorará un año del trágico accidente de la mina de Pasta de Conchos? que si bien es independiente de la disputa interna por el sindicato, ha marcado todo el conflicto. De hecho, el sindicato ha dado como plazo a la Secretaría del Trabajo hasta el próximo 19 de febrero para reconocer nuevamente a Napoleón Gómez Urrutia como dirigente nacional o, de lo contrario, amenaza con hacer un paro nacional.
Mientras tanto, la tensión entre los grupos que se disputan el control del sindicato crece de manera peligrosa. Este pasado viernes dos de febrero un grupo de simpatizantes de Gómez Urrutia, miembros de la Sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, atacó violentamente al grupo que apoya a Elías Morales. Hubo una veintena de heridos, todos simpatizantes de Morales, algunos de los cuales requirieron de hospitalización. Los heridos fueron trasladados a un hospital de Morelia, pero ahí se registró un nuevo enfrentamiento. Los partidarios de Morales aseguran que el grupo de Napoleón buscaba agredir nuevamente o incluso rematar a los heridos.
César Reyes Carvajal, secretario de asuntos políticos del comité provisional, leal a Morales, asevera que no hubo en Lázaro Cárdenas un enfrentamiento entre grupos. Según él, los seguidores de Gómez Urrutia simplemente llegaron a agredir a su gente. Martín Rodríguez Piedra, delegado especial del sindicato en Lázaro Cárdenas, fiel a Napoleón, no lo niega. Me dice que el origen de la violencia es el hecho de que el grupo de Morales pretende tomar control de un sindicato que mayoritariamente apoya a Gómez Urrutia.
Por otra parte, en una conferencia de prensa en Michoacán, el grupo de Rodríguez Piedra agredió a periodistas que, a su juicio, no presentan el caso de manera ?objetiva?.
La politización del conflicto se ha vuelto evidente. El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, cuyo partido, el PRD, se ha inclinado por Gómez Urrutia, afirmó el fin de semana que la violencia es responsabilidad del Gobierno Federal por haber dado la toma de nota a Morales. Cárdenas Batel, de hecho, se negó inquietantemente a utilizar a la fuerza pública para evitar la golpiza a los simpatizantes de Morales. Por otra parte, la decisión del PAN de incorporar a Francisco Javier Salazar como secretario de acción de Gobierno del comité ejecutivo nacional del partido refleja un respaldo de sus acciones como secretario del trabajo.
No sólo los partidos están tomando posiciones. Si bien todas lo niegan, las empresas del ramo parecen haber tomado partido por una parte o la otra en el conflicto.
El actual secretario del Trabajo, Javier Lozano, se enfrenta a una situación muy compleja. La toma de nota que su predecesor entregó a Morales se basa en un documento en el que dos de tres miembros del consejo de vigilancia del sindicato ?entre ellos Morales? retiraban el reconocimiento a Napoleón como secretario general por una presunta malversación de fondos. Pero el primer vocal de ese consejo, José Luis Zúñiga Velázquez, afirma que su firma fue falsificada, lo cual le quitaría validez al documento. La PGR está haciendo pruebas periciales para determinar si la rúbrica es verdadera, pero el tiempo ha pasado sin que se entreguen sus dictámenes.
La única manera de resolver de fondo la disputa, por supuesto, es a través de una convención que designe a una nueva directiva sindical. Pero la STPS no puede ni ordenar la realización de la asamblea ni garantizar que ésta se lleve a cabo con reglas justas y sin presiones. De hecho, el equipo de Gómez Urrutia está actuando con tácticas gangsteriles, como lo demuestran los ataques a los simpatizantes de Morales.
De momento, Elías Morales es el líder provisional legal del sindicato, pero no cuenta con el control, que sigue estando en manos de Gómez Urrutia y de los líderes locales, que le son en buena medida leales. Morales no ha convocado todavía a una convención porque sabe que le será muy difícil impedir el triunfo de Napoleón. Está buscando postergar la decisión, pero el plazo máximo es mayo de 2008, cuando se tendrá que llevar a cabo una convención ordinaria del sindicato.
Los líderes leales a Gómez Urrutia no quieren esperar tanto y por eso han amenazado con un paro nacional para el 19 de febrero. Pero éste sería ilegal y podría dar pie a la rescisión de los contratos del sindicato. Estamos viendo, así, un juego de vencidas, en el que el menor error puede llevar a nuevas confrontaciones violentas.
EL OTRO LADO
Gonzalo Martínez Pous, titular de la Unidad de Servicios Jurídicos de la SCT, cuestiona mi artículo de ayer, ?SCT vs Cofetel?. Señala que no está litigando contra el Congreso en representación del Gobierno sino en defensa de su propio buen nombre. El Gobierno, me dice, está emprendiendo sus propias acciones legales. Afirma que la Comisión Permanente no tenía derecho a vetar los nombramientos de los comisionados de la Cofetel, pero que, además, la Comisión nunca presentó un fundamento jurídico para su objeción. Sus gastos jurídicos, me dice, los paga él mismo: ?de hecho, yo hice mi propio amparo?. Apunta que, aun cuando a él no le consta directamente, la objeción a su nombramiento parece provenir de Telmex.
