?Se hace uso del derecho y de las cortes claramente con una intención política de vulnerar a la Cofetel, su autonomía, que finalmente el Congreso de la Unión la concedió en Ley?. Eduardo Ruiz Vega, comisionado de Cofetel
dos aspirantes a la Cofetel se han amparado contra una decisión del Senado de la República que no los aceptó como comisionados. En principio, esto no debería ser un problema. El amparo existe precisamente para combatir actos de autoridad. Y aunque la nueva Ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones claramente le da al Senado la posibilidad de vetar los nombramientos presidenciales de comisionados a la Cofetel, los rechazados tienen todo el derecho de buscar un amparo porque consideren que el Senado no debe tener esa facultad.
Lo realmente insólito en este caso, sin embargo, es que estos dos aspirantes que han promovido el amparo, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, han sido ya nombrados como titulares de cargos importantes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El primero trabaja como subsecretario y el segundo como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Esta situación genera serios interrogantes. Hay razones para pensar que estamos viendo un abuso de parte de la SCT y del Gobierno del presidente Felipe Calderón. El amparo se creó para que los individuos podamos defendernos de los abusos de la autoridad. Pero si los ?individuos? que se defienden de la autoridad son funcionarios públicos, no puede uno escapar a la idea de que lo que realmente está ocurriendo es que el gobierno, una autoridad, está usando a los funcionarios como peones en una lucha para oponerse legalmente a las facultades de otra autoridad.
Si el Poder Ejecutivo realmente está en desacuerdo con la facultad que la nueva Ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones le dio al Senado para objetar las designaciones de comisionados a la Cofetel, entonces el presidente debió haber vetado la ley desde un principio. Pero no. El ex presidente Vicente Fox la publicó sin chistar. Otra opción habría sido que el gobierno entablara una controversia constitucional contra el Congreso, por darle al Senado esta facultad de objetar los nombramientos presidenciales, cuando promulgó la ley o cuando el Senado hizo las primeras objeciones a sus designaciones. Pero tampoco recurrió el gobierno, ni el de Fox ni el de Calderón, a esta posibilidad. En lugar de eso el presidente Calderón ha preferido utilizar a prestanombres, a los cuales les paga un sueldo del erario, para pelear esta batalla en su lugar.
Cabe preguntarse quién está pagando los costos legales de los juicios de amparo promovidos por Del Villar y Martínez Pous. ¿Serán ellos mismos o están recibiendo apoyo de la SCT? Si esto último está ocurriendo, estaríamos viendo a mi juicio un desvío de recursos públicos. El dinero del erario no debe utilizarse para que los funcionarios públicos busquen otra chamba.
El gobierno tiene derecho a nombrar a los funcionarios de sus dependencias. Por eso nadie puede objetar que el presidente y el secretario de comunicaciones hayan designado a Del Villar y Martínez Pous en sus actuales cargos dentro de la SCT. Pero la razón por la cual tenemos algunas instituciones autónomas, como el Banco de México, el IFE o la Cofetel, es para dar a ciertas decisiones un grado de independencia sobre lo que decida el ejecutivo.
Por eso, precisamente, el Congreso estableció que las designaciones presidenciales de comisionados de la Cofetel podían ser objetadas por el Senado. Esta independencia se perdería si Del Villar y Martínez Pous son colocados en la Cofetel a pesar de las objeciones del Senado. Pero aun cuando Del Villar y Martínez Pous renunciaran al nombramiento después de ganar un amparo, en vista de que sus actuales cargos les imposibilitan ser comisionados de la Cofetel, sería una muy mala señal si se estableciera el precedente de que el Senado no puede objetar a los comisionados como claramente lo determina la ley que el propio gobierno no objetó.
Por lo pronto, es inquietante que el gobierno mantenga a Del Villar y a Martínez Pous como funcionarios mientras mantienen amparos con los que buscan ser nombrados a otra responsabilidad. Si no quieren trabajar en la SCT, que renuncien y que busquen ganar su amparo sin la protección indebida que les está dando el gobierno de la república.
Desafortunadamente, todo parece indicar que lo que busca el gobierno es echar para atrás una ley firmada por el propio ejecutivo que busca darle autonomía a la Cofetel. Y si esta artimaña tiene éxito, todas las demás instituciones autónomas del Estado mexicano, desde el Banco de México hasta el IFE, deberán preocuparse. Mucho daño le haría al país regresar a los los tiempos en que la única facultad que tenían las instituciones autónomas era decirle que sí al presidente.
DINERO PARA LA GUERRA
Una de las razones de la caída de la Unión Soviética fue el costo de la carrera armamentista. En su nueva propuesta de presupuesto para el año fiscal 2007-2008, el presidente George W. Bush demuestra que va por el mismo camino. De un presupuesto de 2.9 billones de dólares, 481,400 millones se entregarían al Pentágono, lo cual es un aumento de 11 por ciento. Pero además se gastarían 235,100 millones adicionales para la guerra de Irak y la ?lucha contra el terrorismo?. Este total para la guerra, de 716,500 millones, representaría el 24.7 por ciento del gasto total del Gobierno estadounidense.
