En el ámbito o jurisdicción territorial de los municipios, la relación entre los habitantes del área urbana y los del área rural se ha presentado de manera distante, como si fueran dos poblaciones distintas; quizá esto ocurre porque la naturaleza y dinámica de las actividades económicas sea diferente, que aunado a las otras actividades que realizan las personas marcan una cotidianidad diferente.
En el municipio de Torreón esta diferenciación parece no sólo estar determinada por las razones anteriores, sino también por la separación física del polígono urbano y el rural. Hasta hace dos décadas se identificaban dos polígonos rurales en el municipio, uno al oriente en la llamada “parte plana” y otro al sur de la ciudad, en la zona llamada Cañón de Jimulco; pero la dinámica económica y demográfica citadina ha venido absorbiendo a la primera hasta convertirla en un área semiurbana, mientras que a la segunda se le excluyó dejándola como área marginal a cuyos habitantes se les consideraba, por omisión o en forma deliberada, como ciudadanos de segunda.
Esta percepción viene cambiando a partir de que la zona del Cañón de Jimulco es declarada Reserva Ecológica Municipal, afortunada o lamentablemente por diversas razones: por un lado, porque de un momento a otro se reconoce que en esa zona existe una importante riqueza biológica en buen estado de conservación que estaba siendo amenazada por irresponsables cazadores furtivos de fauna o personas y empresas expoliadoras de plantas; tal descubrimiento revalorizó los terrenos de la sierra y el cañón.
Por el otro, también parece suceder el descubrimiento de los habitantes de las comunidades rurales de Torreón estén ahí, en condiciones de marginación social aún cuando son parte del municipio más próspero de la región. Ambos descubrimientos exhibieron una contradicción entre la existencia de una riqueza biológica y la pobreza social dentro del ámbito municipal.
Pero quizá para las élites políticas de antaño que tomaron decisiones sobre la asignación de recursos para esta zona, esta contradicción no fue del todo visible debido a su desconocimiento de la biodiversidad y demás recursos naturales que alberga la Sierra y el Cañón de Jimulco, no permitiéndoles valorizarla, entender la función del área en el desarrollo regional por los servicios ambientales que presta adicionalmente a los productivos o recreativos. Lo que sí fue siempre visible fue las condiciones de vida de la población residente en el área, a las cuales no atendieron debidamente quizá porque su concepto de desarrollo municipal o regional no los incluía, canalizando apoyos que no resolvían los rezagos sociales, el empleo y otros aspectos que les mantiene en condiciones de marginación.
La declaratoria como área natural protegida brinda una oportunidad de establecer un nuevo diálogo entre los habitantes de las comunidades rurales y la ciudad del municipio, donde los primeros al permitir que los terrenos de su propiedad conserven la riqueza biológica existente en ella aceptan que estos recursos naturales sean considerados como bienes comunes, como bienes que son patrimonio de la humanidad cuyo cuidado no sólo es responsabilidad de ellos sino del Gobierno y la sociedad en su conjunto, mientras que los segundos apoyen el esfuerzo de conservación que realizan los campesinos pero a la vez sean apoyados para superar las condiciones de marginación social en que viven.
Este nuevo diálogo implica en primer término que los habitantes de la ciudad conozcan y valoren la importancia que tiene la reserva ecológica en el desarrollo regional, que entiendan que la conservación de esa riqueza biológica es un indicador de sustentabilidad en el desarrollo municipal, que hacerlo significa ser congruentes a nivel local con los compromisos que México ha establecido a nivel internacional por la conservación y el desarrollo sostenible, pero también que comprendan que la mejor forma de conservar dicha riqueza es involucrando a sus dueños legales en estas acciones y que para lograr esto es necesario que las élites políticas incluyan en su concepción de desarrollo a los habitantes de esas comunidades rurales asignando apoyos que sean utilizados de manera responsable por éstos.
Para los ciudadanos comunes, es decir, para la mayor parte de la población también es necesario que nos informemos sobre lo que sucede en Jimulco y el vínculo inexorable que tiene con la ciudad, que veamos a los habitantes de esta área como conciudadanos iguales y les brindemos el apoyo que nos sea posible para que continúen conservando sus recursos naturales, a la vez que mejoren su calidad de vida.
