La huelga de los trabajadores del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de la ciudad de Torreón, puso de manifiesto un conflicto partidista entre los Gobiernos de Estado y Municipio, que ultraja a los ciudadanos.
La huelga surgió de la oportunidad de la revisión salarial ordinaria, pero el sindicato radicalizó su postura como respuesta al intento del Cabildo de Torreón por plantear una controversia constitucional en contra de la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional, que ha sido vista por el Ayuntamiento como una agresión a la autonomía municipal.
No se pone en duda el derecho que tiene todo trabajador para aspirar a mayores ingresos y mejores condiciones de vida, pero en el caso concreto la petición de un aumento salarial del siete punto cinco por ciento por parte del sindicato resultó exagerada de acuerdo a la realidad laboral de nuestra región y país, lo que se confirma por el hecho de que la negociación que puso fin al conflicto se cerró dos puntos abajo de la solicitud de los trabajadores y apenas medio punto porcentual por arriba del ofrecimiento hecho por la empresa desde un inicio.
La situación era insostenible, en la medida en que a la suspensión de labores se sumó la indebida postura del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de obstaculizar las labores indispensables que requería la prestación del servicio público que corre a cargo de Simas, violando con ello lo dispuesto por los artículos 925, 935 y 936 de la Ley Federal del Trabajo.
Por otra parte, al paralizar las obras de reparación del drenaje en las Calles Francisco I. Madero e Ignacio Comonfort que realizaban contratistas ajenos al conflicto, los huelguistas incurrieron en el delito previsto en el Artículo 223 del Código Penal de Coahuila, que tipifica la oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos, por lo que el conflicto llegó a extremos lamentables que no deben repetirse.
La suspensión de labores que se prolongó por tres semanas provocó el repudio ciudadano en contra del sindicato y las autoridades de ambos niveles de gobierno y operó como palanca para presionar a los involucrados para llegar a una solución negociada.
Veremos si después de este episodio el Ayuntamiento de Torreón insiste en impugnar la constitucionalidad de la llamada vicegubernatura que opera en la región u ordena cartucheras al cañón en vista del desprestigio que para todos los protagonistas, suele derivar de este jugar a las vencidas en que se ha convertido la política de partidos en nuestro México.
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