En una sola jornada, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje asestó el martes 7 severos golpes a sindicatos que buscan preservar los derechos de sus agremiados o mantener su independencia frente a empleadores agresivos. Por un lado resolvió a favor de Mexicana de Aviación el conflicto colectivo de naturaleza económica iniciado por la empresa para disminuir su costo laboral con cargo a las prestaciones de los sobrecargos. Y por otra parte declaró inexistente la huelga en tres plantas del Grupo minero México.
Conforme al laudo relativo a la industria minera, al atardecer del miércoles 8 deben ser reanudados los trabajos en las minas de Cananea, Taxco y Sombrerete, suspendidos el 30 de julio pasado. El Tribunal laboral hizo suya la argumentación empresarial que alegó, al pedir que las huelgas fueran declaradas inexistentes, que no las acordó una asamblea citada ex profeso, como previene el estatuto del propio sindicato, y que no estando definidas las materias en las que según el sindicato se viola el contrato colectivo no hay manera de colmarlas o repararlas.
La dirección gremial sostiene lo contrario: que el secretario del Trabajo del comité nacional está facultado para presentar emplazamientos, en una excepción al régimen general que otorga esa atribución a las asambleas, y que cada una de las violaciones al contrato han sido puntualmente definidas.
La decisión de la justicia laboral fue impugnada por el sindicato mediante una demanda de amparo cursada temprano ayer miércoles. Si el juez federal invocado acuerda la suspensión del acto reclamado, continuará la huelga en dos establecimientos de Industrial minera México y en el de Minera de Cananea. Si lo negara puede generarse una situación conflictiva, especialmente en la ciudad sonorense. El laudo, que estaría vigente si los trabajadores no son protegidos por la justicia federal, los obliga a volver de inmediato al trabajo o exponerse a la terminación de las relaciones de trabajo.
En Cananea, un grupo de ex trabajadores, al frente del cual se halla Francisco Hernández Gámez, quien se ostenta como secretario general de un nuevo intento de agrupación contrario al que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, expresó su beneplácito por la resolución de la junta federal, e instó a quienes llama “sus compañeros” a acatar el laudo y volver al trabajo. Definido por el comité nacional como un traidor, que fue expulsado en 2006, cuando era secretario de la Sección 65, Hernández Gámez suple a Elías Morales en el intento de crear un frente contrario a Gómez Urrutia. Morales contó durante el año pasado con el ostensible apoyo del Grupo México y de la secretaría del Trabajo y después de que una decisión de la justicia federal cohonestó el liderazgo de Gómez Urrutia, ese Grupo ha encontrado un nuevo testaferro cuya actuación, por lo pronto, podría ser causa de violencia en Cananea, si pretende inducir el retorno a las labores sin contar con asentimiento de la mayoría de los trabajadores.
Estos episodios se eslabonan a la larga serie de diferendos, expresados de modo muy grave algunos de ellos, que han mantenido el sindicato y el Grupo México. Es agudo el contraste entre la agria y riesgosa relación de esos dos factores de la producción con la paz laboral que se observa en el resto de la industria minera, donde las buenas relaciones de trabajo son condición para su notable crecimiento.
En el primer trimestre del año, la producción de oro, carbón no coquizable, fierro, zinc, cobre y azufre registró un aumento de 6.6 por ciento. La mayor parte de las empresas dedicadas a ese ramo contrata con el sindicato minero y en sus ámbitos no ha habido alteración en los ritmos de trabajo. Ello permitió que en el periodo de enero a mayo pasados el valor de las acciones de tales empresas mineras creciera en 44.3 por ciento.
Hay en cambio, desde hace varios años, una guerra permanente entre el Grupo México y el sindicato, que ha adoptado todas las formas posibles. El conflicto se inició por la renuencia empresarial a cumplir condiciones establecidas durante la privatización de las minas de Cananea y Nacozari, vendidas por el Gobierno Federal al grupo encabezado por Germán Larrea. El conflicto pareció zanjado cuando la empresa aceptó entregar el paquete accionario pactado y enseguida lo adquirió, pagando por los títulos respectivos 55 millones de dólares, cuyo manejo corresponde exclusivamente al sindicato, que ha informado repetidamente sobre el destino y paradero de esos fondos.
A pesar de ello y como si se tratara de recursos de que hubiera sido injustamente despojado, el Grupo México lo ha convertido en piedra de toque en su lucha contra la dirección sindical encabezada por Gómez Urrutia. Aunque se frustró el propósito de eliminarlo definitivamente del liderazgo, debe todavía permanecer en el extranjero, pues hay órdenes de aprehensión en su contra, en torno de aquel fondo.
En la secretaría del Trabajo (cuya nueva administración parece retomar la equivocada ruta de sus predecesores) el tres de agosto se buscó una conciliación al conflicto. El secretario Javier Lozano calificó de chantaje el planteamiento de vincular la solución de estas huelgas con la suerte de Gómez Urrutia. En un boletín, tres días más tarde, el sindicato niega haberlo hecho: “en ningún momento se ha puesto como condición para levantar las huelgas la solución a la situación legal de nuestro secretario general”.
Deberemos seguir atentos a este caso.
