Tarde en la noche del lunes, víspera de un día de asueto en que muchos medios impresos no circulan, el procurador veracruzano Emeterio López Márquez y el fiscal especial para el caso Ascensio Rosario citaron a una peculiar conferencia de prensa, singular no sólo por la hora y por la fecha sino porque no permitieron preguntas a los reporteros. Y es que, de haberlo hecho, los convocantes, el procurador en particular, hubieran sufrido desfiguros por venir a decir algo diametralmente opuesto a lo sostenido durante dos meses.
Dijeron que la anciana de 73 años no fue violada ni asesinada, que murió de parasitosis, que por lo tanto no hay delito que perseguir ni presuntos responsables y el caso queda cerrado. Buenas noches, señores.
El gobernador Fidel Herrera había ya dejado saber que se sometía al criterio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a su turno obró para hacer verdadero el diagnóstico presidencial sobre la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario: gastritis crónica no atendida. Se reunió el 24 de abril con el presidente de la CNDH, que apenas cinco días atrás había despotricado contra el procurador veracruzano, pues según su dicho éste manipulaba evidencias en su afán de sostener que hubo violación y asesinato.
Dispuesto a sacrificar a su procurador, Herrera comenzó a hacer su parte en la reversa necesaria para acompasar su posición con la de la Presidencia y la CNDH: el viernes 27 en conversación radiofónica con Ciro Gómez Leyva exoneró a militares de responsabilidad en el caso. Dejó a su subordinado la humillación de recular y afirmar lo que se había negado.
El 27 de febrero la oficina de prensa del Gobierno de Jalapa dijo en un comunicado fechado en Tetlaltzingo (sic) que “a muy temprana hora de este martes Fidel Herrera Beltrán se trasladó a esta comunidad, enclavada en la sierra de Zongolica para dar sus condolencias a los familiares de la señora Ernestina Ascensio Rosario, quien falleció a consecuencia de la agresión de que fue objeto por un presunto grupo de militares en esta comunidad... aseguró que se actuará con energía y se aplicará todo el peso de la ley a los responsables del insensato crimen”.
Dijo también que “junto a la solidaridad expresa del pueblo y el Gobierno de Veracruz está también la del glorioso Ejército Mexicano ‘comprometido con nosotros a investigar con la ley, la jurisdicción del fuero común y la jurisdicción castrense, a quienes resulten responsables”. Y concluyó: “manifiesto a los familiares que este crimen no quedará impune”.
Por supuesto que esas expresiones, emitidas tan próximas a la fecha del suceso principal, pudieron haber sido corregidas por la indagación ministerial. Pero ocurría lo contrario. El dos de marzo el procurador López Márquez, ya con los primeros avances sostuvo, como su jefe que “no quedará impune el delito”. Ante la descalificación y acusaciones de la Cndh, que a partir del 14 de marzo (luego de la declaración presidencial del 12 anterior) dedicó su esfuerzo no a investigar la muerte de la señora Ascensio Rosario sino la investigación de la Procuraduría, ésta avaló las labores de su personal.
El 16 de abril dijo que “el Ministerio Público ha actuado con suma verticalidad y apego a derecho para una pronta y expedita procuración de justicia” en la pesquisa de un crimen..
Tres días después, el 19 de abril, el doctor José Luis Soberanes resumió sus acusaciones. Según el comunicado oficial, se refirió a la “falta de profesionalismo, manipulación de pruebas, errores y omisiones de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz”. En Jalapa, mientras se reunía con diputados a propósito del mismo asunto, el acusado López Márquez insistió en que “Sí hubo violación” y criticó a su vez al Ombudsman: “Lamento que haya manifestado que no hay delito”. Vía telefónica, en conversación con Carmen Aristegui al día siguiente retó a Soberanes a probar su acusación temeraria sobre la manipulación de pruebas.
Pero en esos días su jefe ya andaba en arreglos para concluir lo contrario, y lo forzó a hacerlo anteayer lunes. Es tan difícil dar marcha atrás sin que se avergüence quien lo hace, por más curtido que esté en la disciplina burocrática sino también por las inevitables incongruencias que se manifiestan al sostener que no ocurrió lo que antes se insistió en que sí ocurrió, que debe hacerse un esfuerzo para disimular las inconsistencias de la nueva posición. De allí que el fiscal Alatriste dijera que pasa a segundo plano saber si la causa de muerte fue “mecánica o patológica”, cuando que allí está una de las claves del asunto.
Si fue mecánica es imposible sostener que la muerte “no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo”.
Contra la decisión ministerial de no ejercer acción penal, los familiares de la víctima podrían demandar amparo. Es difícil que lo hagan. El diez y el 19 de abril recibieron la visita del subsecretario Abraham González Uyeda, responsable de los asuntos políticos en Gobernación. Por persuasión, intimidación o lo que usted guste, de esas conversaciones resultó una reticencia de los hijos de la señora muerta a continuar apareciendo en la escena pública.
Hasta se les atribuye una carta (donde en primera persona plural aseguran no saber leer ni escribir) en que se niegan a seguir afectando la memoria de su madre. Es probable que ésa sea su genuina posición, aunque también lo es que los haya inducido a ella un funcionario que no tiene papel formal en el caso.
