Según el diputado Jesús Alvarado Cabrales, estipularon un 3 por ciento de solicitud ciudadana para evitar que se entorpezca la expresión auténtica de la sociedad con relación a la decisión de los gobiernos.
El Siglo de Durango
El 3 por ciento de solicitud ciudadana para realizar el referéndum, plebiscito y consulta dentro de la Ley de Participación Ciudadana se acordó para evitar que las autoridades sean rehenes de pequeños grupos que deseen tomar decisiones basados en intereses particulares, justificó el diputado y presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Jesús Alvarado Cabrales
Declaró que aunque algunos no quedaron satisfechos, buscaron ser cuidadosos para contar con un porcentaje equilibrado, procurando que no se entorpezca la expresión autentica de la ciudadanía con relación a la decisión de los gobiernos.
Y es que luego de la aprobación de la citada ley en el Congreso, el legislador priista, Rodolfo Guerrero García, criticó que será complicado realizar el plebiscito, referéndum y consulta popular porque tendrán que solicitarlo un 3 por ciento del listado nominal, es decir la firma de 35 mil ciudadanos.
Al respecto, Alvarado Cabrales señaló que no será difícil que los ciudadanos soliciten implementar estos mecanismos de participación, pues en otros estados se requiere el 5, 6 y hasta el 7 por ciento.
“Actuamos con responsabilidad porque procuramos que no se entorpezca la expresión autentica de la ciudadanía con relación a la decisión de los gobiernos y que este instrumento tampoco caiga en abusos”, expresó.
... “Que no sea a capricho de un grupo pequeño que podrían tener un interés particular; por el contrario, que sea producto de un consenso mayor para que si se pretende impugnar una resolución de Gobierno tenga el mayor consenso”, agregó.
Aseveró que esta Legislatura actuó con toda responsabilidad, aunque admitió que los próximos legisladores podrían darle una perspectiva diferente a la citada ley.
El diputado local del Tercer Distrito señaló que la Ley de Participación Ciudadana fue objeto de razonamientos y justificaciones al interior de la Comisión de Gobernación del Congreso, así como de un amplio análisis y consulta, “de estira y afloja”, porque unos querían que hasta fuera de 1 por ciento.
Financiamiento de mecanismos
Los gastos que se generen en la realización de un proceso de participación ciudadana serán cubiertos por los poderes Legislativo y Ejecutivo, quienes deberán prever en sus respectivos presupuestos de egresos los recursos destinados para tal fin, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana.
Los Ayuntamientos, una vez aprobada la realización de un proceso de plebiscito o referéndum, deberán acordar por mayoría absoluta prever el presupuesto necesario para tal objetivo.
Asimismo, los recursos se canalizarán a través al instituto que le corresponde llevar los mecanismos de consulta, en este caso al Consejo Estatal Electoral (CEE), el cual dentro del término de 80 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Participación Ciudadana expedirá los reglamentos necesarios para el adecuado desarrollo de los mecanismos.