Hace algunos días, se generó una información en la que el gobernador del estado pretendía solicitar al Congreso local la autorización para un empréstito de doscientos treinta millones para la demolición y reconstrucción del Distribuidor Vial Revolución.
El profesor Moreira señala que el Gobierno no tiene dinero y ni el presupuesto para poder sufragar los costos que conllevaría la recomposición del estético paso elevado, así que se vería en la necesidad de solicitar ese crédito.
Apenas se hizo pública la intención y el alcalde de Torreón, José Ángel Pérez, reaccionó velozmente para señalar que le parecía injusto que la ciudadanía tuviera que endrogarse para pagar por algo que ya se había hecho.
Por supuesto la postura del alcalde tiene todo el sentido del mundo. El Distribuidor Vial Revolución fue construido con defectos de origen y ello se conocía desde antes de ser inaugurado, pero la Administración estatal pasada optó sencillamente por intentar encubrir el daño patrimonial que había sufrido el erario.
Con un costo de ciento cuarenta millones iniciales, el DVR fue financiado por el Gobierno del Estado, que en ese entonces su titular era Enrique Martínez y Martínez y el otro tanto, por el Municipio de Torreón, a la sazón presidido por el hoy senador Guillermo Anaya Llamas. La ejecución del proyecto estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, el lagunero Jorge Viesca era el responsable directo de que la construcción se llevara a cabo con atingencia. Hay que agregar que aparte de los ciento cuarenta millones originales, se llevó a cabo una reparación con un monto de veinte millones, más las erogaciones para los dictámenes.
La historia es por demás conocida. Recién estrenado el bello paso elevado, un camión se volcó y cobró la vida del chofer del transporte de carga. Ni un mes había pasado de la obra cúspide de la Administración de Martínez en la región y algo olía mal. Aparecieron piezas periodísticas en El Siglo donde se consignaba con claridad que el DVR estaba mal hecho. Viesca reaccionó atacando al medio y particularmente a la reportera que había publicado de manera sustentada materiales que demostraban con claridad las fallas estructurales.
Hay que recordar que el gobernador de entonces, Enrique Martínez, tenía un control de facto de la Iniciativa Privada en Torreón, así que la embestida mediática contra la periodista de El Siglo no encontró mucha resistencia, a la vez se declaraba que se recurriría a dictámenes de terceros, para determinar en realidad cuál era la falla.
A la distancia, fue claro que lo que se buscaba con todas las auditorías era sencillamente ganar tiempo para escapar de la responsabilidad desde la función pública. El problema es que ese mismo tiempo fue suficiente para que las fianzas otorgadas por las compañías que participaron en la edificación de los puentes, quedaran sin efecto, mercad a la caducidad, por expirar el plazo de validez de las mismas, así que ese instrumento de protección sencillamente desapareció.
Aparecieron las campañas para la renovación de la gubernatura y el profesor Moreira desde su campaña decía que no tendría empacho en enmendar de fondo el ya controversial DVR y si se tenía que tirar, no le temblaría la mano para ordenar su demolición si las circunstancias lo merecían, incluso decía que en él ya había tenido una experiencia similar con una “joroba” en Saltillo.
Con el transcurrir de los meses cada vez era más claro: el peralte desaparecía y los daños en la estructura eran cada vez más evidentes, aunque desde un inicio todo estaba claro.
Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado un poco. La tirante relación de alcalde-gobernador nuevamente tiene otro episodio. Moreira señala que va a pedir prestado para demoler y volver a hacer el distribuidor, mientras Pérez de entrada parece oponerse, con toda la razón.
Sería una verdadera pena que el gobernador nos hiciera pagar otros 230 millones más intereses por un puente en el que Viesca y sobre todo las constructoras que fueron quienes hicieron la obra, no respondieran por el daño que han causado.
Moreira ha demostrado que toma decisiones sólidas, aquí tiene una oportunidad, lograr que la Procuraduría del Estado que está bajo su mandato legal, sea capaz de determinar las responsabilidades de los culpables y subsanen lo que han causado, no se puede esperar que el gobe nos castigue a los torreonenses por haber permitido que Viesca –y por supuesto el propio Martínez y Martínez- se condujeran como lo hicieron, en todo este asunto del DVR. eirazoqui@elsiglodetorreon.com.mx
